(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Es ya 11 de febrero y a la mayoría de los ayuntamientos, hasta el viernes pasado no les habían depositado los recursos de la primera ministración de este año.

Esto significa que los municipios tienen desde finales de octubre, en que les llegó la última ministración del año pasado, operando prácticamente sin dinero, considerando además que en esas condiciones tuvieron que hacer frente al cierre de año y al pago de aguinaldos.

La razón que se les ha explicado es que porque como los diputados aprobaron tarde el presupuesto de egresos del gobierno estatal, entonces eso retrasó todo lo relativo al gasto del gobierno estatal.

Es posible que así sea, sobre todo en lo que se refiere a gasto corriente, pero no así en cuanto a seguridad y obras públicas, porque estas partidas vienen directamente de la Federación, aunque pasan por el gobierno del estado.

A propósito de esto, hace tiempo, durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, los alcaldes trataron de que la Federación les transfiriera directamente sus partidas, pues el cruce con el estado los sujeta a vaivenes políticos. Además, el hecho de que los proyectos municipales deben ser calificados por la Secretaría de Planeación (antes Copladeg), merma sus ingresos porque se les retiene un porcentaje determinado para ello.

Desafortunadamente, las administraciones municipales no son nada confiables, y por ello no prosperó su petición de que la Federación les hiciera llegar los recursos de manera directa, sino que se los manda a través de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado. Claro, esto no cambia en casi nada la manía de hacer obras malas, desviar recursos y todas esas manías que a lo largo de muchos años de tolerancia han ido adquiriendo los alcaldes, pero al menos no les llegan los dineros en caliente, sino que a principios del mes los recibe el gobierno estatal, y es hasta finales de mes cuando se les ministra a los municipios. Burocracia, pues.

¿Por qué decimos que no son confiables los gobiernos municipales? Porque de los tres órdenes de gobierno, es el nivel municipal donde se registra la mayor opacidad, y se da el mayor número de actos de corrupción. Pueden ser los menos gravosos en cuanto a dinero, pero sumándolos (hay casi 2,500 municipios en todo el país), los ayuntamientos terminan por ser un gran agujero negro donde cuantiosos recursos son engullidos por el gran monstruo llamado corrupción.

De nada han servido las auditorías, ni tampoco el famoso instituto de transparencia, porque lo único que vemos todos los días son quejas de los consejeros en cuanto a que los ayuntamientos incumplen con las reglas del juego para transparentar el uso de los recursos públicos.

Y estamos hablando de los recursos que reciben de manera directa, sin contar los que logran gestionar por su parte, a través de programas específicos, como el de Hábitat para elevar la calidad de vida de las zonas urbanas, y otros que en el sexenio pasado fueron otorgados por la Sedatu.

Se tiene conocimiento, por ejemplo, que la Sedatu ya comenzó a reclamar varias decenas de millones de pesos en algunos ayuntamientos de Guerrero, porque sencillamente nunca justificaron su aplicación. Para ello están enviando cartas de requerimiento a los nuevos alcaldes, para que a la brevedad presenten los documentos que comprueben en qué se gastaron los antecesores el recurso que les fue transferido.

¿Por qué insistimos en la transparencia de las finanzas públicas municipales? Porque éstas afectan de manera más visible la vida cotidiana de las personas. Esta unidad de gobierno es la encargada de proporcionar servicios como alumbrado, mercados, panteones, pavimentación, agua, administración territorial a través del catastro, entre otros; por ello, conocer quién, cómo y en qué se gastará el dinero público es de suma importancia.

Conviene saber esto porque este año, desde hace casi 30, los ayuntamientos por fin tendrán todo el Ramo 33 para aplicarlo en obras de combate a la pobreza, porque ya no comprarán el fertilizante. Por lo tanto, los miembros del Coplademun –órgano integrado por comisarios, delegados de colonias y presidido por los alcaldes, con un secretario técnico-, deben ponerse las pilas y cumplir con su labor de revisión y supervisión.