Los gazapos de Bartlett
En medio del diferendo con las trasnacionales
energéticas contratadas para construir y operar siete gasoductos para la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Poder Judicial dio un revés a esa
empresa productiva del Estado en su pretensión de obligar la entrada en
operación del Gasoducto Morelos –el octavo conflictuado—y con eso la
termoeléctrica en Huexca.
Parte vital del Proyecto Integral Morelos
(PIM), el gasoducto mencionado seguirá inoperante y con ello, mantendrá la
parálisis de todo el conflictivo megaproyecto que, herencia de pasadas
administraciones, desnuda la negligencia en la gestión de Manuel Bartlett como
ocurre también con los siete gasoductos que intenta, a fuerza de declaraciones,
renegociar.
Los siete gasoductos de la polémica de esta semana,
tienen en común con el Gasoducto Morelos (que atraviesa municipios de Tlaxcala,
Puebla y Morelos), la arbitrariedad de origen, la imposición de las obras
planeadas sobre comunidades que, siendo sujetas a derechos, no fueron tomadas
en cuenta para su invasión y, cuando se atrevieron a protestar, se enfrentaron
a un proceso represivo brutal.
El caso del PIM, como el de los siete
gasoductos, tiene cierta complejidad, pero en cualquier caso las dificultades
que los mantienen fuera de operación son imputables al Estado.
Fue el pasado fin de semana cuando el juez
noveno de distrito en Morelos, otorgó la suspensión sobre el Gasoducto Morelos
al ejido Amilcingo que, siendo una de las comunidades más activas en la
oposición al megaproyecto desde 2012, se volvió emblemática tras el asesinato
del dirigente indígena Samir Flores Soberanes, perpetrado el 20 de febrero
pasado.
Como muchos asuntos en el arranque de la
administración, el PIM se colocó en la agenda presidencial con la información
surgida de la CFE de Bartlett, funcionario que ha insistido en justificar toda
acción en la idea de “soberanía energética”, expresión esta que sonaría muy
bien, excepto porque el proyecto está concesionado a puras trasnacionales como
lo son Abengoa, Bonatti, Elecnor y Enagás.
Con prisa, de manera atropellada, Bartlett y
Rocío Nahle, pusieron las condiciones para que la naciente administración
obradorista quedara en entredicho, primero con la declaración del presidente en
su arenga contra los opositores el 10 de febrero, cuando los calificó
“radicales de izquierda” ergo “conservadores”, provocando que inclusive dentro
de su base de apoyo, así como de los izquierdistas que le son cercanos desde
los tempranos dosmiles, quedaran en un predicamento.
El momento político empeoró por las
consideraciones que apenas días antes le había dispensado a la familia Zapata,
descendiente del caudillo, que terminaría distanciándose acusando al mandatario
de violar acuerdos, particularmente, en relación con la consulta sin asideros
legales que impuso.
Tras el asesinato de Samir el momento político
se complicó más con la torpe intervención de Hugo Eric Flores Cervantes, el
virrey de Morelos, que terminó por distanciar al movimiento opositor al PIM de
la llamada “Cuarta Transformación”.
Quizás la peor parte de todo es que López
Obrador y sus colaboradores no tenían responsabilidad política ni legal
respecto al PIM, que fue planeado durante la gestión de Alfredo Elías Ayub, e
iniciado por Antonio Vivanco, en su respectivo paso por la CFE en tiempos de Felipe
Calderón. Por lo tanto, ellos, sus equipos y quienes les sucedieron, tendrían
que responder por la falta de deber de cuidado, la negligencia y el daño
patrimonial a la hacienda pública derivado de no haber considerado litigios ni
conciliaciones necesarias antes de arrancar la obra lo mismo que ocurre con los
otros siete gasoductos conflictuados.
Hasta donde se sabe, la secretaría de la
Función Pública no tiene abiertos expedientes, ninguno de los involucrados ha
sido expuesto por López Obrador ni sus colaboradores que, en su afán de
agilizarlo todo, terminaron asumiendo los costos políticos propiciando lo que
simple y llanamente es impunidad para “el antiguo régimen”.
López Obrador fue más cuidadoso el 1 de julio
al referirse al asunto cuando prometió no imponer el PIM en su mensaje en el
Zócalo. La declaración expresa en general la idea de respetar los 15 amparos
existentes contra la obra, la mayoría obtenidos el sexenio pasado. Se trata
pues de una aparente rectificación, dado el rumbo de tomó el asunto, después de
ser arrastrado por los gazapos bartlianos.
La dupla Nahle-Bartlett va de mal en peor, en
el caso de ella por la impericia, de él por sus formas en desuso frente a
nuevas realidades. En ambos, un talante autoritario que para concretar
decisiones dejan muchas lesiones al paso.
