(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
En la difícil tarea de corregir la grave corrupción e impunidad que padece México, en todos los ámbitos desde el gobierno, la empresa y ahora también la cultura y las universidades, el gobierno federal se ha ido entrampando, cediendo a la tentación de centralizarlo todo, o bien modificando reglas de operación de los programas sociales para evitar que el recurso pase por muchas manos, y que se haga lo más directamente posible desde el gobierno central hasta las manos de los beneficiarios.
Pero en este caminar se han ido cometiendo algunos errores que vale la pena revisar, pues no todos los programas pueden aplicarse de manera directa y más bien se necesita la intervención de organismos de apoyo, como es el caso de los refugios que organizaciones no gubernamentales han construido para albergar a mujeres víctimas de violencia, a lo largo y ancho del país.
Y es que a la par que la inseguridad se fue apoderando de grandes territorios del país, también aumentaron otros males que, si bien estaban latentes, no eran tan graves, como la violencia doméstica, el maltrato infantil y el feminicidio, entre otros daños colaterales.
El aumento en el consumo de drogas, así como la participación de hombres y mujeres en las redes delincuenciales, forzosamente tenían que dar un fruto perverso, y eso decantó en las familias, donde los hijos golpean a sus madres, los esposos a sus mujeres, y ambos a los niños, creando un círculo dantesco muy difícil de resolver.
De ahí que se necesite de la participación de organizaciones sociales, activistas que han venido esforzándose por asesorar y orientar a las mujeres que sufren violencia y que no pueden salirse de ese ambiente viciado. Muchas de ellas están amenazadas de muerte, y no pocas han caído víctimas de sus locos compañeros; otras son explotadas, sea mediante la prostitución, o mediante el trabajo.
Todo el falso glamour de la contra-cultura del narco termina en la violencia intrafamiliar, y esa parte es algo tan lamentable que cualquier esfuerzo parece en vano, pues constantemente estamos leyendo noticias que hablan de mujeres asesinadas por sus cónyuges, niños golpeados, y crece el número de niños y niñas en situación de calle.
Por lo tanto, suena desatinada la propuesta del gobierno federal para modificar el programa de susidio para la permanencia de refugios, ya que las mujeres maltratadas están imposibilitadas de recibirlo directamente. Eso, automáticamente, las expone a una mayor vulnerabilidad, pues al saber sus maridos que están recibiendo ese dinero, con mayor razón las explotarán.
Este programa no es como el de los adultos mayores, o el de las becas de estudiantes, donde los beneficiarios son personas sin mayores conflictos, y pueden acudir a un banco por su remesa.
Ni siquiera se compara con el de las Estancias Infantiles, porque el apoyo lo recibirán los padres y estos se encargarán de contratar el servicio.
Entonces, el subsidio para mujeres víctima de violencia debe dárseles forzosamente a los refugios, y aunque no se duda que haya irregularidades en ellos –en este país todo puede suceder-, lo que procede es que el gobierno afine sus redes de vigilancia por un lado; por otro, que actúe de inmediato ante los actos de corrupción detectados. Sólo así, cuando los corruptos se vean en la cárcel, cuando los delincuentes de cuello blanco pisen las infames cárceles mexicanas, servirán de escarmiento para los demás.
Yo creo que, al contrario, este año debe ser de poner la manzana envenenada en mano de los corruptos, para que caigan en su propia red.
Se entiende el recelo del gobierno federal, pues las organizaciones no gubernamentales no son blancas palomas. Hay excepciones, pero en su mayoría medran con los recursos públicos; y si lo duda, preguntémosle a Martita Sahagún, a Josefina Vázquez Mota, entre otras honorables mujeres que dirigen organismos de este tipo, si no usaron membretes de ONGs para el hurto y para engordar sus propias chequeras.