(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
¿Se acaba la luna de miel con el presidente AMLO? Así parece, al grado de que medios de comunicación que replicaban sus mañaneras casi sin cuestionar, y que fungieron de algún modo como guardia pretoriana del mandatario en los primeros meses de su gobierno, comienzan a sumarse a las voces en contra.
Los hechos de las últimas 3 semanas, primero en Culiacán, con la fallida detención de Ovidio Guzmán, en que su gobierno fue duramente criticado por doblegarse ante esos capos; y luego en Chihuahua, donde mujeres y niños de la familia LeBaron, una de las más ricas e influyentes de esa entidad, y quienes también tienen la nacionalidad estadounidense, fueron masacrados y por lo menos cuatro de ellos quemados, vinieron a convertir la carroza de la Cenicienta en calabaza.
AMLO está en un momento muy crítico. Tras los hechos de Culiacán se negó a reventar a su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, como procedía. Alguien debía pagar esos platos rotos, pero el presidente optó por mantener a su funcionario como cabeza del gabinete de Seguridad.
Y tras los hechos de Chihuahua, con la crítica internacional encima, incluso con la oferta de Donald Trump de que la guerra contra el narco la hagan de manera conjunta, para que sea rápida y exitosa (lo cual suena fantástico, sino fuera porque eso es inconstitucional en nuestro país, y porque obviamente Trump no permitiría que un país vecino le fuera a limpiar su casa); tras estos hechos, decíamos, ya queda muy poco que rescatar.
Por lo tanto, el presidente está obligado a dar un golpe de timón, si desea apaciguar los ánimos de propios y extraños, que ya consideran que estamos ante la prolongación del Estado fallido que nos heredó la era panista y priísta.
Es obvio que los grupos delincuenciales están empoderados sobre un Estado débil, desorganizado, sin vinculación entre federación, estados y municipios. No vemos a estos últimos niveles de gobierno actuando en la misma sintonía que la Federación, sino al contrario, parece que se lavan las manos como Poncio Pilatos, mientras sus territorios se incendian.
Eso sucedió en Culiacán, por ejemplo, con el priísta Quirino Ordas. Y también en Chihuahua, con el panista Javier Corral Jurado. Ni pío dicen, cuando los delitos se cometieron en los estados que mal gobiernan.
Eso, por donde se le vea, es sospechoso. Se le está dejando al gobierno federal toda la carga de una batalla que también involucra a los gobernadores, sobre todo.
Y con la pena, pero aunque AMLO haya querido pacificar al país con abrazos y no balazos, buscando primero alternativas para los miles de jóvenes que año con año se enrolan en las filas del Narco, no es así como las cosas funcionan.
Eso ya quedó harto demostrado. Entonces, debe actuar en consecuencia y rápido.
Sus enemigos, además, piden sangre. Quieren acción. No les gusta eso de besos, abrazos y apapachos. No importa si mueren inocentes, al fin que son daños colaterales. Y por eso los vimos rabiosos cuando se determinó dejar libre a Ovidio Guzmán, con el fin de preservar la vida de los culichis. Pero curiosamente, ahora los vemos harto indignados por la masacre de la familia LeBaron. Y no es que esto no sea un hecho cruel e indignante. Lo es. Pero también el destino de los habitantes de Culiacán debió habernos preocupado en la misma medida.
Parece que, al contrario, los adversarios del régimen querían sangre para luego, a partir de ahí, culpar al gobierno de esa masacre. Pretextos pues. Como dicen en mi rancho, no hay tarria que les acomode.
En este escenario, lo que sigue es acelerar el paso, pero sin que se reviente la reata, lo cual será harto difícil.
Por lo pronto, es aplaudible, por ejemplo, que los diputados estén dando herramientas legales a Hacienda, y a la Unidad de Inteligencia Financiera, para que se ataque a los grupos delincuenciales desde su flanco económico, porque es justamente lo que ha fallado, que se les combate con las armas, pero dejan sus activos intactos.
Ayer, se votó en la Cámara de Diputados la ley que le permitirá a Hacienda congelar las cuentas que sean sospechosas de financiar al terrorismo o producto del lavado de dinero ilícito. Recordemos que esa fue una de las propuestas de campaña del priísta José Antonio Meade, algo que él consideraba indispensable si se quiere tener éxito en esta guerra, que no se ganará en un día, obviamente.
Pero otra vez la oposición se negó a que esta medida fuese radical, y se ampararon en la violación a los derechos humanos de los cuenta-habientes, considerando que todo mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario.
Largo camino le resta al presidente. Y no será nada fácil.
