IRZA
OMETEPEC. El dueño de taquería interpuso sendas denuncias ante el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero (TJAEG) y la
Comisión de Derechos Humanos del estado (CDHEG), en contra de servidores
públicos del Ayuntamiento que retiraron su negocio con lujo de violencia.
El comerciante Heriberto Deribón Santos, acusó que el
pasado martes 5 a las 18:00 horas, el director municipal del Reglamentos y
Espectáculos, Simón Sánchez Aparicio, llegó a su negocio acompañado por
policías preventivos y de Protección Civil, y con lujo de violencia empezaron a
subir todas mercancía a una camioneta, y su carrito de tacos fue remolcado con
una grúa.
“El director de Reglamentos me dijo que el motivo del
desalojo fue por órdenes del alcalde Efrén Adame Montalván, porque no quiere
puestos de comida en la calle Hidalgo”, en el primer cuadro de esta ciudad,
añadió.
Refirió que este “abuso de autoridad” lo ordenó el alcalde
porque dueños de otros puestos han reportado que donde vende sus tacos hace
mucho escándalo al poner la música a todo volumen, “pero que el resto de
comerciantes hacen lo mismo y no les dicen nada”.
, por eso solicitó una audiencia con el alcalde para que le
devuelvan sus cosas y se instale de nuevo, pues va al corriente con el pago de
derecho de piso.
Manifestó que le decomisaron fue un carro de tacos,
cuarenta bancos, cuatro cajas de plástico, una plancha grande, un comal, un
tronco grande donde pica la carne, cuatro cuchillos, tres tenazas, dos
espátulas, dos palas para voltear tortillas, un maquete taquero, tres kilos de
bolsas de agarradera y tres kilos de bolsas de a kilo.
Además, tres kilos de bolsas de cero, dos kilos de bolsas
de un cuarto, dos kilos de papel de estraza, dos paquetes de servilletas, diez
saleros, diez mesas, treinta kilos de carne, veinte kilos de tripa, tres kilos
de chorizo y cuarenta kilos de tortillas, y calculó todo en más de cuarenta mil
pesos en costos.
Indicó que solicitó una audiencia con el alcalde Efrén
Adame Montalván para que le devuelvan sus cosas y se instale de nuevo, pues
sostuvo que está al corriente con el pago de derecho de piso.
Aseguro que en el lugar se encontraba su esposa y cinco
trabajadores, y que a pesar de que comprobó que estaba al corriente de los
pagos y permisos para trabajar en la vía pública, lo desalojaron violentamente.
Agregó que por ello pidió una explicación al alcalde, y que
le respondió que analizará su caso y posiblemente autorice la devolución de lo
decomisado, pero que el tema lo planteará en una sesión de Cabildo.
