Entre la muerte del jefe del cártel de Medellín, Pablo
Escobar, y el juicio de la figura más emblemática del cártel de Sinaloa,
Joaquín El Chapo Guzmán, hay un cuarto de siglo en donde lo único que ha
cambiado ha sido el escenario de la guerra al narcotráfico impulsada por
Estados Unidos.
Colombia y México no son los únicos teatros de la tragedia,
pero sí los más importantes en América Latina. A la muerte de Escobar, en 1993,
siguió la atomización del narcotráfico y el surgimiento de otras organizaciones
delictivas.
Con la recaptura de Guzmán y su extradición a Estados
Unidos, donde se da por descontado que será sentenciado a cadena perpetua, con
un montaje escenográfico de fondo, el cartel de Sinaloa ha entrado en un reacomodo,
pero está lejos de su desaparición.
Desapareció el cartel de Medellín y el de Sinaloa se
reinventa. Pero persisten el tráfico de drogas y la estrategia de Estados
Unidos de hacer del narcotráfico un asunto de su seguridad nacional que le
permite administrar las políticas de seguridad en la región. El Plan Colombia
es la máxima expresión, seguido de la Iniciativa Mérida.
En esa lógica, los grupos delictivos de ambos países han
reforzado su cooperación. A la tradicional experiencia del cartel de Sinaloa en
Colombia, se ha sumado el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las autoridades colombianas acaban de dar a conocer que en
la cárcel de Tumaco, un municipio del Pacífico colombiano, hay más de medio
centenar de mexicanos que han sido detenidos en meses recientes en el
departamento de Nariño, al que pertenece aquel municipio, en la frontera con
Ecuador.
Según los reportes de la Fiscalía colombiana dados a conocer
el domingo por el periódico El Tiempo, en Colombia, el cartel de Sinaloa cuenta
con “un brazo armado” identificado como Guacho, que le ha permitido hacerse de
plantaciones de coca en ese país. El CJNG, según la misma versión, está
asociado a la llamada Guerrilla Unida del Pacífico, una disidencia de la
guerrilla y de paramilitares.
La presencia de esos grupos mexicanos es todo un reto para
el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que forma parte
de los acuerdos de paz de Colombia.
El juicio contra El Chapo es también un desafío, pero para
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En su plan de seguridad, pondrá
énfasis en las estructuras que están detrás de los cárteles.
En agosto pasado, el secretario de Seguridad, Alfonso
Durazo, dijo que el nuevo gobierno no solo irá por los cabecillas de los
carteles, sino por los principales componentes de las organizaciones, en
particular lo que hace al lavado de dinero.
Lo que diga El Chapo en el juicio proveerá información para
las nuevas autoridades. Si se lo proponen, podrían obtener más información que
la que Estados Unidos haga pública.
Esa información les permitiría actuar contra las empresas y
prestanombres que han ayudado a la expansión del cartel de Sinaloa en México.
Pero también, de quienes durante los dos sexenios del PAN en el poder
permitieron la consolidación y expansión de ese grupo delictivo dentro y fuera
de México. A menos, claro, que se opte por una amnistía de facto, como ha
ocurrido durante décadas y que ha llevado al país al derrumbe de instituciones
de seguridad y justicia, por lo menos.
