Otra vez Fragata
Con el conflicto por el agua potable en la Unidad Habitacional Fragata, se vuelve a abrir el debate en torno a las constructoras.
Desde hace décadas, este tipo de empresas han llegado al municipio con proyectos habitacionales que suponen un detonante de desarrollo. Se anuncian como grandes soluciones para el tema de la vivienda, las autoridades apapachan estas inversiones y al final, el resultado no es como se había planeado.
Ejemplos hay muchos en Zihuatanejo: Geo se vendió como el gran remedio habitacional de Ixtapa, pero en los hechos, presenta errores que nadie sabe, bien a bien, quién se los va a resolver: el tema de sus accesos; su drenaje pluvial; alumbrado y agua potable. Como ya se sabe, Geo se declaró en quiebra y con eso se lavó las manos para resarcir lo que no hizo bien.
Ahora es Fragata. Las casas fueron inauguradas en noviembre de 2013, por el entonces gobernador Ángel Aguirre. Se invirtieron 111 millones de pesos y el inversionista mayoritario fue el ex dirigente de la sección 14 del SNTE, Hilario Ruiz Estrada.
Se dijo que estaba pensada para profesores, con créditos “accesibles” y atractivos “beneficios”. No hubo tal: casi de inmediato comenzaron a surgir inconformidades por el asunto hipotecario, por la mala construcción de las casas y también, por el tema del agua.
Al comprar las viviendas, se les aseguró a los clientes que el lugar contaría con su propio pozo de abastecimiento para que ellos pudieran contar con agua las 24 horas del día, a diferencia del resto de la ciudad, por lo mismo no les permitieron colocar tinacos.
La semana pasada, la constructora responsable del lugar les cortó el suministro de agua, les exigió un pago mensual y retroactivo de los últimos 4 años, equivalente a unos 4 mil 500 pesos.
Desde el año pasado, la constructora les impuso el pago de 70 pesos mensuales, algo que consideraron ilegal, pues la empresa no es dueña de los pozos de los que se hizo cargo desde un principio para la edificación de las casas. La semana pasada subió la cuota a 120 pesos y solicitó el retroactivo de 4 años. Además, les aclaró que si un vecino no pagaba, no habría servicio para nadie.
La inconformidad de los vecinos radica en que la constructora no tiene la facultad para realizar al cobro y tampoco puede retirarles el servicio, pues atenta contra los derechos humanos.
No es la primera queja contra esta unidad habitacional y seguramente no será la última. Bien harían los responsables en dar la cara y dirimir el problema de manera rápida, para luego seguir con los demás pendientes, que seguramente, los hay.
No lo harán.
Ahora tocará al gobierno municipal, dirimir un problema que pudo ahorrarse si la autoridad en turno hubiese revisado las “letras chiquitas” del proyecto. 8 años después, resultará más complejo, porque tendrán que “reparar” algo que no avalaron.
Las iniciativas para desarrollar nuevas unidades habitacionales en el municipio, tendrán que revisarse con lupa, pues de lo contrario, lo único que heredarán serán problemas, tal y como ha ocurrido hasta ahora.
