La trampa
del discurso
Raymundo
Riva Palacio
En ningún
momento el presidente Andrés Manuel López Obrador ha modificado su discurso: el
robo de combustible es consecuencia de la corrupción que ha generado pobreza.
López Obrador establece una línea clara, que legalmente es inexistente, entre
las comunidades que compran o roban combustible, que parafraseándolo serían
la sociedad buena, víctima por la marginación en la que han vivido,
frente a gobiernos corruptos del pasado que crearon sistemas de saqueo de
hidrocarburos en donde mete en una misma bolsa a empresarios y miembros de la
delincuencia organizada, que sería la sociedad mala.
La
dicotomía del discurso permea en su voz, sin que se le vean las
contradicciones. Pero su propia palabra está construyendo una trampa: si casi
un centenar de muertos y sabotajes sostenidos del crimen organizado tienen su
origen en la corrupción de gobiernos anteriores, ¿por qué quiere dejar el
pasado en el olvido y no como prólogo del cambio de régimen?
El deseo
político de López Obrador se está agotando en lo prolífico de su retórica y
propaganda.
Enfrenta,
como quedó de manifiesto en su conferencia matutina del martes, un desafío
pocas veces visto. Los criminales, en reacción a su cruzada contra el
huachicoleo, están saboteando sistemáticamente los ductos de Pemex. La osadía
criminal tendrá condiciones abiertas para confrontar al Estado–porque eso está
haciendo- únicamente si encuentra espacios de mezquindad entre los mexicanos y
regateo al llamado presidencial de enfrentarlos sin ceder. Si en el pasado,
quienes hoy se resisten a ser sometidos por los criminales tomaron partido por
los criminales porque se acomodaba a su lucha política, sería una
irresponsabilidad imperdonable seguir la misma estrategia. Nunca será momento
para cobrar ese tipo de facturas, porque los criminales son eso, delincuentes.
Pero hay otros
grupos, blanco preferido de López Obrador para explicar sus acciones, que son
anteriores gobiernos a los que sin matices y mucha generalización, los que,
asegura reiteradamente, convivieron, actuaron y convivieron con la delincuencia
organizada, creando un ecosistema negro que ha dañado a la nación. El discurso
sin acción concreta, se le va a agotar rápido a López Obrador. Utilizar la corrupción
de sus predecesores en el poder como la fuente de todos los males, tiene un
límite retórico. Si quiere salvar a la sociedad buenade que rinda
cuentas ante la ley por cometer delitos, tiene que empezar a actuar contra
la sociedad mala.
La semana
pasada anunció el gobierno el inicio de investigaciones contra políticos y ex
funcionarios presuntamente vinculados con las redes criminales del huachicol.
Pero en el discurso, López Obrador ha ido más alto. Ha señalado directamente a
directivos de Pemex en diferentes administraciones, y funcionarios en los
gabinetes de Hacienda y Seguridad. No ha dado nombres, pero los objetivos de
sus acusaciones han ido directamente contra ellos. Tres ex presidentes han sido
implicados en sus palabras, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox.
El presidente debe dejarse de simulaciones y si tiene evidencia, como uno
supone que la tiene quien hace imputaciones tan serias, debe actuar en su
contra, y que aporte elementos para que la Fiscalía General abra carpetas de
investigaciones. En ese paquete debe incluir a los ex directores y
subdirectores de Pemex, a quienes también ha señalado como cómplices del delito
federal.
Es
importante que López Obrador se aleje del discurso propagandística y comience a
actuar en aspectos concretos. Acusaciones orales y estigmatización no son
suficientes ante el ataque del crimen organizado en contra del Estado Mexicano.
El presidente necesita de acciones que respalden su afirmación de que irá con
todo y contra todos los que resulten responsables del saqueo petrolero, sin
amedrentarse ni ceder. Que sea la judicialización de esos casos los que
determinen los grados de responsabilidad de los gobiernos anteriores y quienes
los encabezaban. Pero debe apurarse porque la tragedia en Tlahuelilpan empezó a
costarle en imagen pública.
Una encuesta dada a conocer este
martes por el Gabinete de Comunicación Estratégica, muestra que si bien López
Obrador mantiene un altísimo nivel de opiniones positivas (88.7%), la mayoría
de la gente a nivel nacional (54.6%) considera que fueron los pobladores de la
zona quienes se acercaron al ducto para recoger combustible, por lo que en la
misma proporción los considera responsables de la explosión. El presidente ha
eximido a los pobladores de la zona como los responsables, y acusado a la
corrupción de anteriores gobiernos la responsabilidad total de la tragedia. En
la encuesta, sólo el 1.8% a nivel nacional considera que ex presidentes y
gobiernos anteriores son los responsables de la explosión y, ante la oferta de
López Obrador de apoyar económicamente a los familiares de las víctimas, 7.5 de
cada 10 mexicanos, está en contra.
La reacción
en las redes sociales, siempre muy proclives a López Obrador, fue peor. De
acuerdo con el análisis de GLAC, una
consultoría de seguridad y tecnología que publica regularmente sus mediciones El Financiero, entre el 18 y el 21 de
enero registró 375 mil 8 menciones, donde el 98.83% se expresó en contra de la
actuación de López Obrador, destacándose entre los argumentos la falta de
capacidad para atender ese tipo de emergencias. Este pulso, volátil como todo
lo que navega por las redes sociales, refleja en diferentes proporciones lo que
midió la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica.
Ambas revelan
agotamiento en el discurso de López Obrador de que todo es culpa de la
corrupción, y establece los matices que el presidente no utiliza. Para evitar
que esta caída coyuntural pueda convertirse en tendencia, López Obrador tiene
que dar resultados concretos. Ahora es cuando si tiene evidencias de corrupción
de ex presidentes, ex secretarios de Estado, ex funcionarios, debe denunciarlos
en la Fiscalía General. De otra forma tendrá que encontrar nuevos enemigos
porque los actuales se le están desvaneciendo entre las manos de la opinión
pública.
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