(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Es ya 11 de febrero y a la mayoría de los ayuntamientos,
hasta el viernes pasado no les habían depositado los recursos de la primera
ministración de este año.
Esto significa que los municipios tienen desde finales de
octubre, en que les llegó la última ministración del año pasado, operando
prácticamente sin dinero, considerando además que en esas condiciones tuvieron
que hacer frente al cierre de año y al pago de aguinaldos.
La razón que se les ha explicado es que porque como los
diputados aprobaron tarde el presupuesto de egresos del gobierno estatal,
entonces eso retrasó todo lo relativo al gasto del gobierno estatal.
Es posible que así sea, sobre todo en lo que se refiere a
gasto corriente, pero no así en cuanto a seguridad y obras públicas, porque
estas partidas vienen directamente de la Federación, aunque pasan por el
gobierno del estado.
A propósito de esto, hace tiempo, durante el gobierno de
Zeferino Torreblanca, los alcaldes trataron de que la Federación les
transfiriera directamente sus partidas, pues el cruce con el estado los sujeta
a vaivenes políticos. Además, el hecho de que los proyectos municipales deben
ser calificados por la Secretaría de Planeación (antes Copladeg), merma sus
ingresos porque se les retiene un porcentaje determinado para ello.
Desafortunadamente, las administraciones municipales no son
nada confiables, y por ello no prosperó su petición de que la Federación les
hiciera llegar los recursos de manera directa, sino que se los manda a través
de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado. Claro, esto no cambia en
casi nada la manía de hacer obras malas, desviar recursos y todas esas manías
que a lo largo de muchos años de tolerancia han ido adquiriendo los alcaldes,
pero al menos no les llegan los dineros en caliente, sino que a principios del
mes los recibe el gobierno estatal, y es hasta finales de mes cuando se les
ministra a los municipios. Burocracia, pues.
¿Por qué decimos que no son confiables los gobiernos
municipales? Porque de los tres órdenes de gobierno, es el nivel municipal
donde se registra la mayor opacidad, y se da el mayor número de actos de
corrupción. Pueden ser los menos gravosos en cuanto a dinero, pero sumándolos
(hay casi 2,500 municipios en todo el país), los ayuntamientos terminan por ser
un gran agujero negro donde cuantiosos recursos son engullidos por el gran monstruo
llamado corrupción.
De nada han servido las auditorías, ni tampoco el famoso
instituto de transparencia, porque lo único que vemos todos los días son quejas
de los consejeros en cuanto a que los ayuntamientos incumplen con las reglas
del juego para transparentar el uso de los recursos públicos.
Y estamos hablando de los recursos que reciben de manera
directa, sin contar los que logran gestionar por su parte, a través de
programas específicos, como el de Hábitat para elevar la calidad de vida de las
zonas urbanas, y otros que en el sexenio pasado fueron otorgados por la Sedatu.
Se tiene conocimiento, por ejemplo, que la Sedatu ya comenzó
a reclamar varias decenas de millones de pesos en algunos ayuntamientos de
Guerrero, porque sencillamente nunca justificaron su aplicación. Para ello
están enviando cartas de requerimiento a los nuevos alcaldes, para que a la
brevedad presenten los documentos que comprueben en qué se gastaron los
antecesores el recurso que les fue transferido.
¿Por qué insistimos en la transparencia de las finanzas
públicas municipales? Porque éstas afectan de manera más visible la vida
cotidiana de las personas. Esta unidad de gobierno es la encargada de
proporcionar servicios como alumbrado, mercados, panteones, pavimentación,
agua, administración territorial a través del catastro, entre otros; por ello, conocer
quién, cómo y en qué se gastará el dinero público es de suma importancia.
Conviene saber esto porque este año, desde hace casi 30, los
ayuntamientos por fin tendrán todo el Ramo 33 para aplicarlo en obras de
combate a la pobreza, porque ya no comprarán el fertilizante. Por lo tanto, los
miembros del Coplademun –órgano integrado por comisarios, delegados de colonias
y presidido por los alcaldes, con un secretario técnico-, deben ponerse las
pilas y cumplir con su labor de revisión y supervisión.
