México, país de ilegales
Raymundo Riva Palacio
Hace casi 25 años, Larry Summers, un connotado profesor y
alto funcionario en el gobierno de Bill Clinton en Estados Unidos, decía que el
principal problema que tenía México para un desarrollo pleno, era su debilidad
del Estado de Derecho. Sin respeto por la ley, argumentaba quien fue secretario
del Tesoro, las inversiones no iban a llegar a este país pese al potencial que
tenía. Las inversiones son el motor del crecimiento de una nación y todos los
regímenes, neoliberales o nacionalistas, keynesianos o abocados al libre
mercado, capitalistas, socialistas o comunistas, las cuidan. Si el entorno
sociopolítico es desfavorable, el dinero nunca llega.
López Obrador recibió un país con grandes deficiencias en
cuanto al respeto de las leyes. Pero las políticas de gobierno que ha planteado
frenaron las inversiones ante la incertidumbre de cómo impactará la economía, y
la descomposición social, sindical y la creciente protesta de grupos de
interés, van a generar en el corto plazo frenos adicionales que limiten las posibilidades
del desarrollo prometido. López Obrador se encuentra atrapado en la
contradicción de ser Jefe de Estado y comportarse aún como si estuviera en
campaña por la Presidencia.
Desde hace unos 20 años, como reacción a la crítica
internacional que sintetizaba Summers, México ha construido una arquitectura
institucional llena de normativas y leyes, pero con un Talón de Aquiles del
tamaño del sol: su incumplimiento. El gran diseño legal carece de contenido,
y como es nuestra cultura, todo ha sido sibilino. No estamos bien y la
tendencia medible, cuando menos hasta el gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto, era que íbamos para atrás. La última prueba de ello está en el informe
anual del World Justice Proyect, una organización independiente en Washington que
trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en el mundo, que hoy se da a
conocer.
Por segundo año consecutivo, México está en la parte baja
de respeto a la ley. El índice de 126 países que se
divulga hoy lo coloca en el lugar 99, que es una caída de dos posiciones con
respecto a la tabla del año pasado, que se amplió con la inclusión de 13 nuevos
países en el ranking. Es decir, si se hubiera mantenido el mismo número de
naciones estudiadas, México estaría peor de lo que se muestra hoy. No estamos
solos en este deterioro, que está asociado con el repunte del autoritarismo en
el mundo. Según el índice del WJP, de los ocho factores que se miden, el de
“Límites al Poder Gubernamental” fue el de mayor caída, donde más del 50% de
las naciones experimentaron retrocesos.
De acuerdo con la tabla de puntajes, las áreas de mayor
preocupación en México son corrupción, seguridad y justicia penal, donde se
encuentra casi en el sótano del ranking. En los dos primeros factores se ubica
en el lugar 117 de 126 países, y en el tercero, ocupa el 115. Sólo en el factor
de gobierno abierto México está evaluado moderadamente bien en las tres
categorías, global, regional y por nivel de ingreso. A nivel regional, ocupa el
lugar 29 de 30 en corrupción, y el último sitio cuando se mide por nivel de
ingreso. Es decir, para la escala de su economía, es el país más corrupto de
todos. En el factor de orden y seguridad, México es el penúltimo lugar en el
ranking regional y el último por nivel de ingreso, que es algo vergonzoso.
Los datos corresponden al gobierno de Peña Nieto, y sólo
hasta la siguiente medición anual, se revisará al de López Obrador. Hasta este
momento, las evaluaciones sobre México lo han colocado de manera regular en el
fondo de los rankings en los temas de corrupción, efectividad del sistema
judicial, derechos humanos y debido proceso. Las calificaciones del nuevo gobierno
en estos campos son variopinto. López Obrador ha sido muy enfático en trabajar
por los derechos humanos y los responsables de ello han estado muy
comprometidos con ese tema desde hace varios años, por lo que se podría esperar
una mejora en los próximos índices.
En los otros temas, López Obrador y su gobierno dejan
mucho que desear. El debido proceso ha sido escandalosamente violado en los
últimos días, cuando al hablar de conflictos de interés han establecido casi en
forma mecánica actos de corrupción sin establecer líneas causales, y aún si encontraran
violaciones a la ley en las investigaciones en curso, señalaron por nombre y
apellido a presuntos responsables de los presuntos ilícitos, con lo cual
violaron el eventual derecho a un juicio justo.
La corrupción es el tema de batalla de López Obrador,
pero no ha avanzado más allá de la retórica. Inclusive ha declarado que él no
actuará en contra de funcionarios de Peña Nieto porque no quiere invertir
tiempo, que considera como una pérdida, en aspectos que no tienen que ver con
su proyecto de nación. La declaración es política, pero legalmente es una
aberración.
López Obrador tendría que ser más cuidadoso cuando se
encuentre en el campo de lo jurídico, porque politizar todo lo lleva a un
terreno pantanoso. Habría que cuidar también la percepción de que es un
gobernante permisivo con violadores de la ley, cuya inacción justifica con el
discurso de que no va a criminalizar la protesta social. Esa retórica puede
darle réditos en México, pero no pasa ninguna prueba de ácido en el mundo.
Hablar de corrupción sin combatirla a fondo, tampoco. Sustentar todo en lo
moral y los principios es éticamente fundamental, pero insuficiente para
fortalecer el Estado de Derecho.
El presidente tiene que así como ser más prudente en sus
acciones de fuerza como presidente, porque transmite un talante autoritario
bajo el cual también será medido internacionalmente
