Advierten campesinos un “estallido” si AMLO no cambia reglas para reparto de fertilizante

IRZA

CHILPANCINGO. Integrantes del Movimiento Obrero Campesino Pedro Ascencio Alquisiras (MOCPAA), realizaron una marcha en esta capital para denunciar que las reglas de operación del fertilizante gratuito que “impuso” el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador dejarían fuera de recibir este beneficio a entre 180 mil y 200 mil productores que no cuentan con su certificado parcelario, lo que podría generar “un estallido” por altos niveles de frustración.

Los campesinos provenientes de los municipios de Taxco, Pilcaya, Tetipac, Tepecuacuilco, Iguala y Tecpan, dieron a conocer que iniciaron estas protestas hace un par de días en sus respectivos lugares de origen y decidieron venir a protestar a esta capital.

La marcha inició a la altura del Caballito en la avenida Insurgentes donde unos 80 campesinos avanzaron sobre los carriles de norte a sur de alta velocidad del bulevar Vicente Guerrero. Posteriormente entraron a la lateral a la altura del Congreso del Estado, para después continuar hasta el puente del museo La Avispa y se dirigieron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro).

Informaron que unos mil 500 campesinos presentaron este martes un amparo ante un juzgado federal para exigir que sigan siendo tomados en cuenta con el programa y que se les reconozca con base a los padrones de beneficiarios que tienen los ayuntamientos y el gobierno del estado.

El dirigente del MOCPAA, Rubén González Vázquez indicó que la marcha en la capital era para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador “que recapacite y se sensibilice en el tema de las reglas de operación de este programa del fertilizante gratuito, vemos con tristeza que están exigiendo que las tierras estén regularizadas”.

Informó que tienen un par de semanas que se enteraron de esas reglas de operación, “ya nos están exigiendo nuestros certificados parcelarios, que deben de tener su alta en el Registro Agrario Nacional (RAN), es una locura eso, por la burocracia y calculamos medio año de ese trámite, lamentablemente las tierras de Guerrero en su mayoría no están regularizadas y además de que no hay dinero para andar dando vueltas en trámites”.

González Vázquez advirtió que con esas nuevas reglas “sólo el 20 por ciento de los campesinos cumple con ese requisito y el 80 por ciento estamos hablando de 180 mil a 200 mil campesinos que no podrá acceder a ese programa, por eso exigimos al gobierno federal que modifique esas reglas o que nos den una prórroga y los compañeros puedan registrar sus tierras”.

Manifestó que sólo buscan “tener oportunidades y derecho a la educación, a la alimentación, no hay dinero para adquirir fertilizante por su cuenta y por eso nos urge que haya ese insumo y que siembren lo que consuman; el campo no está hecho para el negocio”.

Agregó que van a continuar con sus protestas para exigir que se respete este beneficio directo “y que hasta el próximo año se pida ese requisito del certificado parcelario”.

Rubén González aseveró que el tema “será un problema social en Guerrero, vemos con tristeza que hemos luchado desde hace 30 años por un cambio democrático, que haya oportunidades de alimentación y la salud, pero esto se está desviando y no hay sensibilidad,  por eso le exigimos al presidente que ponga atención en Guerrero y no haya un estallido”.

Jubilados y pensionados del Cobach reclaman el pago de 3.5 mdp; cierran la avenida Juárez 

CHILPANCINGO. Jubilados y pensionados que prestaron sus servicios en el Colegio de Bachilleres (Cobach-Guerrero) protestaron en las instalaciones de la Dirección General de esa institución educativa y bloquearon la  avenida Benito Juárez, en la esquina con calle Francisco I Madero de esta capital, para exigir el pago de 3.5 millones de pesos del programa de Previsión Social.

Desde las 7:00 horas los trabajadores retirados del servicio docente se concentraron para protestar en la Dirección General del Cobach y ahí exigieron al titular, Fermín Alvarado Arroyo, el cumplimiento de una minuta que establecieron también con el secretario de Finanzas del gobierno del Estado, Tulio Pérez Calvo, en la que se comprometieron a pagarles los 3.5 millones el pasado 15 de marzo.

El dirigente de jubilados y Pensionados del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Jesús Cerón Ramírez, señaló que el concepto que reclaman es parte del programa de Previsión Social denominado Sefi y que debe de otorgarse al trabajador una vez jubilados pero que el gobierno del estado y la administración estatal del Cobach no les pagan desde el 2014.

Dijo que a la fecha ya son 256 trabajadores los que no han podido cobrar.

El dirigente dijo que los pagos del Sefi son parte del fideicomiso al que cotizan los trabajadores y se otorga se acuerdo a los años de servicio, categoría y horas de trabajo al servicio de  la institución.

Lamentó que existan cuatro jubilados que han fallecido sin haber podido cobrar sus prestaciones económicas: “tal vez se vieron en la necesidad de usar este recurso para poder pagar sus tratamientos médicos y no pudieron hacerlo”.

Añadió que la mayoría de los maestros son docentes que, además,  reclaman el pago de un finiquito por concepto de jubilación que debieron recibir hace cuatro años.

Después de protestar en la Dirección General, alrededor de las 13:00 horas los manifestantes cerraron la vialidad de la céntrica avenida Juárez en esquina con la calle Francisco I. Madero.

Alrededor de las 15:30 horas los manifestantes concluyeron su protesta después de que el Gobierno del estado hizo el compromiso de comenzar a pagarles el jueves a las 12:00 horas.

Normalistas del FUNPEG generan gran caos en la Costera de Acapulco

ACAPULCO. En exigencia de que el gobierno federal y el estatal definan cómo les asignarán plazas de nuevo ingreso, alumnos del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) marcharon por la avenida costera y la bloquearon a la altura de la glorieta de La Diana.

Minutos antes de las 15:00 horas, más de cien normalistas partieron en marcha a la altura del hotel Las Hamacas hasta la glorieta de La Diana, donde bloquearon la avenida costera Miguel Alemán atravesando un autobús y una camioneta.

Durante el mitin informaron que están a la espera de la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a este puerto (el día 22 de este mes), para comprobar si cumple con su palabra de autorizar plazas automáticas y fortalecerá las escuelas normales.

Señalaron que para tal efecto hasta ahora no han lanzado ninguna convocatoria y las autoridades del sector nada han dicho sobre el mecanismo para la asignación de plazas.

Cabe señalar que los policías viales no se daban abasto para reencauzar a conductores de vehículos hacia vías alternas.

E incluso se observó cómo los pasajeros de autobuses urbanos tenían que bajar para continuar caminando hacia sus destinos.

Serias irregularidades se cometían en cientos de Comedores Comunitarios

ACAPULCO. El delegado del gobierno Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, aseguró que se detectaron “graves irregularidades” en la operación de los comedores comunitarios que funcionaban en esta entidad, por lo que adelantó que se procederá legalmente contra quienes resulten responsables de tales anomalías que pueden constituir delitos.

En conferencia de prensa informó sobre la visita que realizará el presidente Andrés Manuel López Obrador a esta ciudad porteña el próximo viernes 22 de marzo para clausurar la Convención Bancaria y poner en marcha el programa de las cien ciudades con mayor índice de marginación urbana, el funcionario federal indicó que “se están documentando perfectamente todas las irregularidades, con el objeto de llegar hasta las últimas consecuencias y que se castigue a quienes abusaron de ese programa social”.

Recientemente, el secretario de Desarrollo Social en esta entidad, Mario Moreno Arcos, denunció que a la llegada del actual gobierno federal se dio el cierre del 80 por ciento de los mil 300 comedores comunitarios que operaban en Guerrero por la falta de apoyos, afectando con ello a la población beneficiaria que radica en zonas con alta y muy alta marginación.

Sin embargo, el delegado federal aseguró que se decidió suspender ese programa social porque se cometieron diversas irregularidades, como es el caso de que muchos de esos comedores comunitarios solo existían en papel porque en la realidad no, ya que al tratar de ubicarlos físicamente nunca se encontraron.

Asimismo, dijo que se detectó que las despensas que se entregaban para apoyar el funcionamiento de esos comedores, en realidad solo beneficiaban al encargado y sus familiares, los cuales incluso aprovechaban para vender esos productos a quienes supuestamente deberían beneficiar con una alimentación sana.

“Aunque el problema no fue exclusivamente de Guerrero, sino que prácticamente se dio en todo el país, el gobierno federal decidió ya no continuar con dicho programa. Sin embargo, sabemos que en algunos lugares como aquí, el gobierno estatal ha decidido continuar apoyando el funcionamiento de algunos comedores comunitarios, lo cual reconocemos por el esfuerzo que van a hacer”, dijo.

Por otra parte, Amílcar Sandoval indicó que durante su visita a este municipio el presidente López Obrador entregará unas 24 mil tarjetas a beneficiarios de diversos programas como adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes del nivel medio superior, además de poner en marcha el programa de las cien ciudades con mayor índice de marginación urbana, con el cual se pretende disminuir la brecha de desarrollo que existen entre habitantes de una misma ciudad.

De igual forma, adelanto que, a diferencia de otros gobiernos, en esta ocasión no se “blindará” la zona diamante del puerto como tradicionalmente ocurría cada vez que venía el presidente de la Republica a la Convención Bancaria.

No obstante, sí habrá un operativo de seguridad por petición de los propios banqueros, pero este será muy “discreto aunque efectivo”.

Restaurant Otilia tomó ventaja

ALDO VALDEZ SEGURA

En duelo celebrado ayer por la tarde, el equipo de Restaurant Otilia tomo ventaja de 3-1 ante la Correa, para así llevarse el primer capítulo de la fase de cuartos de final de la liga Premier de futbol en su categoría máster, duelo que vio acción en el campo 2 de Blanco.

Desde el saque inicial, los dos equipos se fueron con todo al ataque en busca de los goles, tuvieron sus aproximaciones, sacaron metralla, pero muchos de sus disparos salieron muy desviados del objetivo, las llegadas más peligrosas corrieron a cargo de Restaurant Otilia.

La defensiva de la Correa estuvo a la altura de las exigencias, pero hubo un momento en donde aflojaron la marcación y fue ahí donde sus rivales aprovecharon para hacer de las suyas, los goles de Restaurant Otilia hicieron acto de presencia, Marco Bravo hizo un doblete, mientras que Bernardo Valencia colaboró con una diana, el único tanto de la Correa fue obra de Carlos Medina.

La Zapata doblegó a San José

ALDO VALDEZ SEGURA

La Zapata tuvo una buena tarde, sus delanteros respondieron de buena manera y dieron un golpe de autoridad sobre San José, se impusieron 3-1 para así tomar ventaja en la ida de los cuartos de final de la liga Premier de futbol en su categoría máster.

Atractivo enfrentamiento que se llevó a cabo en el campo 1 de la Puerta. Desde el saque inicial, los dos equipos no se reservaron nada y se lanzaron con todo al ataque, fue muy movido, en ambas porterías hubo peligro, pero los arqueros tuvieron buenas intervenciones, bajaron la cortina e impidieron que su meta fuese abatida.

San José cayó en desesperación, ya que las cosas no le estaban saliendo conforme a lo planeado así que lanzaron todo su arsenal al ataque y descuidaron su defensiva, esto fue bien aprovechado por los gatilleros de la Zapata quienes no perdonaron, Ricardo Rojas hizo dos goles y uno más de Servando Ayala, mientras que David Rodríguez hizo la diana para San José.

ESTRICTAMENTE PERSONAL

Detrás de la Operación Berlín

Raymundo Riva Palacio

Se ha publicado y documentado que desde una casona en Coyoacán, tres empresarios que pertenecen financiaron la elaboración de materiales para desacreditar a Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento por la Presidencia. Los empresarios contrataron a profesionales multidisciplinarios para ese trabajo, que comenzó con el respaldo de la candidatura de Josefina Vázquez Mota para la gubernatura del estado de México, y se prolongó con el apoyo del candidato frentista Ricardo Anaya. El grupo lo encabezó Fernando García Ramírez, compañero de páginas en El Financiero, y que durante largo tiempo fue editor de la revista Letras Libres que fundó y dirige el historiador Enrique Krauze.

La semana pasada Eje Central -de donde quien esto escribe es socio-, publicó un reportaje titulado “Operación Berlín: conjura Anti Amlo”, que daba cuenta del trabajo realizado, que provocó reacciones de la diputada Tatiana Clouthier, ex coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador, que en un libro de próxima aparición, citado en el reportaje, aporta datos generales, algunos de los que coinciden con el trabajo periodístico. El reportaje no era una denuncia, ni reveló nada ilegal en esas acciones. Buscaba aportar elementos de información para entender cómo opera nuestro sistema político y sus fenómenos mediáticos.

El reportaje coincidió con una dinámica que traía su propia velocidad dentro de la Presidencia, y tomó rutas perniciosas. El día que apareció “Operación Berlín”, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló en la comparecencia mañanera en Palacio Nacional, que estaban investigando a varias empresas por presuntos delitos electorales, el financiamiento de campañas negras contra el candidato López Obrador, y eventualmente lavado de dinero.

Nieto hizo pública una red de vínculos de empresas e individuos para anticipar que se procedería legalmente contra los responsables de esa campaña, citando a los empresarios que había identificado el reportaje como quienes financiaron el trabajo periodístico y de propaganda contra López Obrador. Nieto replicó de lo que había hecho un mes antes contra el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, donde en respuesta a comentarios sobre las ternas presidenciales sobre nuevos consejeros en el órgano autónomo, lo acusó de conflictos de interés y a sus familiares de lavado de dinero.

En ambos casos se puede argumentar que Nieto violó el secreto bancario y la presunción de inocencia, al revelar detalles de transacciones bancarias que transgredieron la secrecía financiera que exigen las instituciones internacionales. Darlas a conocer, junto con la identificación de las personas a las cuales está investigando, rompe con el debido proceso y, en un país de leyes, tendría no sólo que anularse cualquier juicio que se emprenda contra individuos y empresas por esa causa, sino que debería fincársele un proceso legal en la Fiscalía por infringir la ley. Nieto se escudó en la eventual violación de las leyes electorales para defenderse de que lo que está buscando el gobierno que representa es una censura o, de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, una previa censura de la libertad de expresión.

Esta línea de pensamiento se liga con lo que sucedió con la secuela de “Operación Berlín”. El énfasis en la crítica y denuncia -en algunos casos- no fue contra quienes pagaron las campañas o quienes la desarrollaron, sino contra Krauze. Su principal acusador es Ricardo Sevilla, uno de los principales manufactureros de la propaganda contra López Obrador, la fuente principal del reportaje que se mantuvo anónimo hasta que él reveló su identidad en un texto que entregó al portal Aristegui Noticias, donde colocó a Krauze en el centro de la conjura. El historiador, que ha sido el único objeto de crítica y denuesto, considera que es víctima de un linchamiento mediático, lo que si se revisa el comportamiento de las consecuencias de las revelaciones, tienen sentido.

Nieto no lo consideró relevante en su investigación, donde Krauze no aparece por ningún lado, pero es la figura central de todo este episodio. Todo esto huele a podrido. El tema brincó a la mañanera en Palacio Nacional, donde al responder una pregunta expresa, el presidente López Obrador dijo: “Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas. No vamos a utilizar, mucho menos, al Estado para cuestionar a escritores, a críticos”. Sus palabras podrían ser tranquilizadoras, pero no lo son.

El patrón de insultos y calumnias contra Krauze es idéntico al que han estimulado cercanos al presidente, francotiradores digitales a sueldo y simpatizantes. Nadie que cuestione al presidente, aún cuando apoye a López Obrador, se ha escapado de los epítetos y las difamaciones, regadas en las mañaneras y las redes sociales. En un texto que publicó en el portal Sin Embargo Sanjuana Martínez, cercana a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, y nueva directora de Notimex, se refirió al hostigamiento a los periodistas que acuden todos los días a Palacio Nacional por parte de los youtubers, “la guardia pretoriana” del presidente.

La presión, el acoso, la violencia verbal y el discurso de odio no es patrimonio de ellos, como se vio en el caso de Krauze. Se ha socializado contra quen disienta del Ejecutivo. El texto de Martínez refleja preocupación por el desbordamiento. Las libertades sí están en riesgo, la de pensamiento y la de expresión. López Obrador es producto puro de la lucha por ampliarlas. Muchos de los que ahora atacan sus fieles, contribuyeron, aún estando en desacuerdo con sus ideas como Krauze, a que estas se ensancharan. No puede, ahora que está en el poder, traicionarlas.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Editorial

La Corte y la ministra Rioboó

La Suprema Corte de Justicia de la Nación  (SCJN) parece sumada a la llamada Cuarta Transformación. El presidente de la República ha logrado desplazar a los jueces federales de carrera, a los que tanto ha criticado durante años, y ahora el reto es que el máximo tribunal no regrese a la cercanía con el Ejecutivo.

La designación de Yasmín Esquivel Mossa como ministra, a pesar de haber incurrido en un probado conflicto de interés como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se suma a otros dos movimientos del presidente Andrés Manuel López Obrador para incidir en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El primero fue la designación como ministro de Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien arribó al tribunal constitucional del país desde la academia después de una carrera por los tribunales de la Ciudad de México. Incluso, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital en los primeros años del gobierno local de López Obrador.

Pero llegó con una primera encomienda: apoyar al ministro Arturo Zaldívar para quedarse con la presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El competidor era el ministro Alberto Pérez Dayán, quien mantiene en suspenso la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ante los alegatos de vicios constitucionales cometidos por el Congreso. Se trata de la justificación legal de uno de los objetivos de López Obrador: que nadie gane más de los 108 mil pesos que se fijo a sí mismo.

En sus casi tres meses como representante del PJF, el ministro Zaldívar ha estado muy lejos de la imagen que durante diez años construyó como promotor de la autonomía e independencia de los jueces, además de defensor de los derechos humanos ante los actos de poder, en casos como la Guardería ABC y el de Florence Cassez.

Su primer acto de Estado como ministro presidente fue el 5 de febrero, en el 102 aniversario de la Constitución. Su discurso estuvo a años luz de lo que ha defendido en el pleno de la Corte y en la Primera Sala, que también llegó a presidir. Alineó su discurso al del Ejecutivo. Como lo mandan los tiempos políticos, le pidió a los jueces aplicar un “nuevo paradigma”: el del “constitucionalismo social”.

Antes, tuvo un acto que no fue público, pero que demostró su interés por no incomodar al presidente: la destitución de Janine Otárola como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), después de que ésta avalara el triunfo del PAN en las elecciones de Puebla, en beneficio de Martha Ericka Alonso, muerta diez días después en un accidente aéreo.

Como el que calla otorga, el ministro Zaldívar aceptó que López Obrador dijera claramente que la Presidencia de la República había intervenido para cambiar un proyecto de resolución y evitar de esa manera la devolución de 35 mil millones de pesos a exaccionistas del Grupo Modelo. López Obrador no perdió la oportunidad para irse contra los jueces federales.

Aquel silencio se rompió por el escándalo que provocó la magistrada de Jalisco Claudia Mavel Curiel López al pasar a sus homólogos el mensaje del presidente de la Corte de no criticar a López Obrador, so pena de ser sometidos a procedimientos administrativos.

La llegada de Esquivel Mossa, esposa del contratista de López Obrador, José María Riobóo, suma al ambiente de sospecha de una peligrosa cercanía con el Palacio Nacional.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

En Puebla, Morena repite en la nueva elección con el ex senador Miguel Barbosa, el mismo personaje que compitió el año pasado con la gobernadora panista Martha Ericka Alonso, quien murió en la navidad pasada en un accidente de helicóptero, junto con su esposo.

Pero en el proceso interno Barbosa tuvo que competir en una encuesta contra Alejandro Armenta, el candidato del senador Ricardo Monreal, y finalmente este lunes se supo que se impuso el candidato de la dirigente de Morena, Yeidckol Plevsnky, de nuevo.

¿Pero cuál es la noticia aquí? Pues que de acuerdo con las encuestas, Puebla está completamente inclinado por el candidato de Morena, cualquiera que sea. Con Barbosa, incluso, la preferencia sube algunos puntos sobre cualquier opositor, sea del PRI, del PRD o del PAN.

Esto demuestra que en la elección pasada hubo un espectacular fraude de parte de los panistas, pero sobre todo de parte del ex gobernador Rafael Moreno Valle, quien maniobró hasta donde pudo para que ganara su mujer, Martha Ericka Alonso.

Ya sin ellos, la cancha queda despejada. Pero no sólo para Morena, sino para el mismo PAN, que por fin recupera al partido de las garras de los ex priístas, encarnados en el Morenovallismo.

Y es que recordemos que Rafael Moreno Valle era priísta, uno de los cuatro ex senadores que en 2010 se salió del PRI para competir como candidato a gobernador, amparado en una alianza opositora PRD-PAN. Esto se repitió en Guerrero, con Ángel Aguirre Rivero; en Sinaloa con Mario López Valdez; y en Oaxaca, con Gabino Cué Monteagudo.

En todos estas entidades, salvo en Guerrero, donde el partido fuerte era el PRD, el PAN predominó en las alianzas y, por lo tanto, su membresía pasó a ser dominada por el gobernador en turno, con resultados devastadores.

Dice la historia que Moreno Valle desfondó al PAN en Puebla. Traicionó a los que lo apoyaron en su postulación, entre ellos a la que fue directora nacional del DIF, e hizo su propio grupo político, para avasallar a todos los grupos orgánicos del PAN, sin olvidar que Puebla es la sede del Yunque, uno de los grupos de ultraderecha.

Pero en su recomposición, el PAN no eligió a ninguno de las viejos panistas, sino al ex rector de la Universidad estatal, Enrique Cárdenas, tratando de meter nuevos aires y oxigenar al partido. Pero, sobre todo, tratando de rescatarlo del Morenovallismo, que definitivamente quedará enterrado en la elección de julio próximo.

Los candidatos de la alianza PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas, y el del PRI, Alberto Jiménez Merino, saben que a cualquier morenista que enfrenten, la elección será muy, pero muy, cuesta arriba.

Y como el elegido fue Barbosa, quien ayer se registró, entonces la tendrán más difícil, pues el ex senador ya conoce la entidad, no comenzará de cero, como ellos, y lo hará sin la sombra de los Moreno Valle-Alonso.

Para los morenistas, la elección de Puebla será un mero trámite para que la entidad pase a ser gobernada por el partido lópezobradorista, y esta es la antesala de las siguientes elecciones estatales, así como las legislativas intermedias de 2021, cuando AMLO someterá su gobierno a consulta pública.

Si nadie detiene la decisión de la Cámara de Diputados en el Senado, en 2021, por primera vez en la historia de este país, los mexicanos ensayaremos un ejercicio democrático que ya existe en otros países, pero que a nosotros se nos había negado. Los artífices de la mocha democracia mexicana, todavía suponen que somos menores de edad, y que no merecemos ni las consultas, ni los plebiscitos o referéndums. Tampoco merecemos tener la revocación de mandato como herramienta para deshacernos de los malos gobiernos. Qué tan útil hubiera sido esto en la docena trágica panista, y en el último sexenio priísta, cuando la corrupción alcanzó niveles nunca antes vistos.

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