(Misael Tamayo Hernández, in memoriam)
El gobernador Héctor Astudillo informó ayer que el mes de
marzo es uno de los menos violentos de los últimos tres años, al registrarse
120 homicidios, comparados, por ejemplo, con los 191 de enero de 2018.
De hecho, marzo es el tercer mes en que se registra una
reducción de homicidios violentos en lo que va de 2019. Esta reducción comenzó
desde el mes de enero y coincide con la llegada al poder del nuevo gobierno federal
de Andrés Manuel López Obrador, con quien el gobernador Astudillo afirma que
está trabajando de manera coordinada en materia de seguridad.
Todavía en el mes de diciembre se registraron 154 muertes
violentas en Guerrero; 167 en noviembre y 159 en octubre, para abarcar el
periodo de los nuevos gobiernos municipales.
El promedio estatal durante todo 2018 fue de 165 casos por
mes, aunque todo 2017 fue terrible, racha que abarcó hasta el primer trimestre
del año pasado, luego de lo cual comenzó una reducción importante que, sin
embargo, se mantuvo en los 150 asesinatos, salvo el mes de agosto, cuando se
registraron 148 decesos violentos.
El homicidio, si bien no es el único referente de violencia
en Guerrero –porque falta revisar asuntos de secuestro, extorsiones,
desaparición de personas, etcétera-, sí es el de mayor impacto.
¿A qué se debe la disminución de homicidios? Definitivamente
tiene que ver con el reforzamiento de la seguridad en Acapulco, donde ya operan
desde hace tiempo grupos de lo que será la Guardia Nacional.
Al ser Acapulco el municipio donde más delitos de este tipo
se comenten, es obvio que al reforzar la seguridad el impacto fue global,
lográndose la reducción de 3 por ciento, dijo el mandatario estatal.
Se espera que tras la puesta en marcha de la Zona
Prioritaria Chilpancingo, por parte de los tres órdenes de gobierno, se
pacifique la capital del estado y los municipios de Zumpango y otros del filo
mayor, como Tlacotepec, donde la violencia azota a tal grado que cientos de
familias han tenido que dejar sus propiedades y estuvieron protestando frente
al Palacio de Gobierno en la Ciudad de México, en demanda de garantías para
volver a sus tierras.
A diferencia de lo que había sucedido con otros desplazados
–fenómeno que comenzó a registrarse desde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero-,
esta vez los pobladores del Filo Mayor exigieron que las autoridades asumieran
su responsabilidad y actuaran contra los grupos que se disputan la zona,
colocando a las familias en una constante persecución, hasta que se vieron
obligados a dejar sus hogares para salvar la vida.
Recordemos también que un grupo delincuencial del Filo Mayor
había amenazado con incursionar en Chilpancingo si no se detenía a uno de sus
adversarios, quien por cierto estaba como representante de los desplazados en
México, y quien se defendió diciendo que el verdadero conflicto en la sierra no
era propiamente la siembra de amapola, sino un proyecto minero que está por ser
desarrollado.
Son 600 elementos (400 policías militares y 200 policías
federales) los que se esforzarán por frenar la violencia que está afectando a
Chilpancingo, pero que fluye desde la Sierra, pues los grupos que se disputan
esa parte, se pelean por la capital con los que están en la Montaña baja,
convirtiendo desde hace años a la capital del estado en una ciudad violenta.
Ojalá que la estrategia funcione y se adopte algo parecido
para Chilapa y la región de la Montaña, donde también los pueblos están desde
hace años a merced de por lo menos dos grupos delincuenciales, que mantienen a
la zona indígena asolada.
Siempre hemos dicho que la paz de México pasa por Guerrero.
Si el gobierno federal, en coordinación con el estado y los municipios, logra
pacificar esta entidad, habrán avanzado mucho en la paz del país.
