El memorándum de AMLO: De la forma al fondo
El presidente ha firmado un documento insólito: un memorándum público dirigido a una secretaria y dos secretarios de Estado, recordándoles la política administrativa que se habrá de aplicar en lo referente a la educación básica. Como eso es desusado, luego se ha señalado como “inconstitucional” por varios opositores y algunos críticos. Un exministro de la Suprema Corte dijo que era recurrible: lo es todo acto conocido de la autoridad.
Los presidentes mexicanos no tenían costumbre de recordar a sus subordinados el contenido de la política de manera pública más que cuando declaraban: “he dado instrucciones para…”, pero, ¿sus órdenes estaban por escrito?
El memorándum de AMLO está firmado y es público porque es parte de una difícil negociación, en varias bandas, para abrogar la reforma educativa de Peña Nieto, tal como lo dice el texto presidencial. Ese es el fondo.
Las oposiciones tienen una iniciativa conjunta. El SNTE, que no se movilizó contra aquella reforma, nunca ha estado de acuerdo con la misma. Se encuentran de manera relevante los maestros (CNTE) que lucharon arduamente contra ella y fueron víctimas de represalias administrativas y penales. Finalmente, está el bloque parlamentario mayoritario y el gobierno de López Obrador que buscan la manera de construir el acuerdo conveniente.
El memorándum expresa algunos aspectos que no podrían ir tan claramente en un decreto de reforma constitucional, tales como actos de política administrativa que son necesarios: revocar ceses, tratar de cancelar procesos penales, dejar de pagar a los “aviadores”, centralizar la nómina, contratar prioritariamente a los egresados de las normales, entre otros aspectos.
El actual gobierno busca, como todo mundo sabe, la abrogación de la reforma educativa. Mientras tanto, hay que tomar algunas orientaciones, pero, sobre todo, advertir que, después de la aprobación del nuevo texto constitucional, la cauda dañina de la reforma va a quedar subsanada.
Políticos y juristas acartonados parecen no entender el contexto político. No existe en el memorándum ningún acto de gobierno contrario a la Carta Magna porque, para empezar, no se trata de un decreto, sino de un recordatorio interno sobre la orientación política del Ejecutivo en el tema.
Si esos “especialistas” escandalizados quieren defender la reforma de Peña Nieto, tal como parece, que lo digan y veremos cuál es el contenido del debate. Si defienden el método de la política en lo oscurito, como era antes, que lo señalen también. Si lo que molesta es que el Ejecutivo pueda dar a conocer públicamente orientaciones internas dirigidas a su gabinete y no sólo actos concretos, pues están viviendo en otra época.
Si en lugar de memorándum ese texto hubiera sido el de un discurso, los objetores no habrían podido decir nada por falta de firma, es decir, de formalidad. Pero entonces no tendría el alcance que se le ha dado en el marco de las negociaciones entre bandos que no se tienen confianza entre sí.
Ya no son tiempos de aquella hipocresía bajo la cual las decisiones del presidente eran grises, de tal forma que, si acaso generaban rechazo, la culpa era del secretario de Estado del ramo. “Reservar instancia”, se decía, cuando se ejecutaba algo que podría luego ser rectificado por el superior, aunque éste lo hubiera decidido desde un principio. Pura forma.
Otros han dicho que el memorándum no tiene importancia ni trascendencia porque no es una figura jurídica. Entonces, ¿por qué lo cuestionan?
Gracias al ruido desatado sobre el dichoso memorándum, éste ha tenido mayor resonancia. Como la discusión sobre su legitimidad es algo que no puede conducir a ningún acuerdo, entonces se ha convertido en un instrumento político de mayor alcance. La discusión es algo que a México le había hecho falta durante décadas. Ahora se discute casi todo lo formal, hasta el tiempo que duran las conferencias mañaneras del nuevo presidente.
