CHILPANCINGO. Para los abogados de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014, el principal reto de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa será que el Ejército y la Policía Federal den acceso pleno a la información que poseen sobre lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de aquel año, la cual no han querido proporcionar para facilitar esclarecer aquellos acontecimientos.

Vidulfo Rosales Sierra, integrante de esa Comisión que tomó posesión hace una semana en un evento que encabezó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que este miércoles fueron citados por el presidente de esa Comisión, Alejandro Encinas Rodríguez, para aprobar los lineamientos internos y un plan de trabajo.

El abogado dijo que se van a acordar las actividades concretas que van a realizar en la Comisión: “hay una convocatoria formal para una reunión de trabajo, tenemos una propuesta y se va a platicar con los padres y el Centro Pro, para presentar esa propuesta”.

Rosales Sierra señaló que aprecian que hay flexibilidad de los representantes del gobierno federal que integran la Comisión: “hay mucha disposición para poder avanzar, estamos trabajando de manera coordinada desde hace algunos meses y esperamos avanzar en este caso”.

Vidulfo Rosales consideró que el principal reto de esta Comisión será abrir a un escrutinio al Ejército y a la Policía Federal: “ahí están los principales retos, que esas instituciones puedan aportar la información que tienen y que sus elementos que estuvieron implicados el día de los hechos puedan aportar a las investigaciones”.

El abogado recordó que sobre esos hechos cuando desaparecieron los 43 normalistas ambas instituciones tienen “mucha información… por ejemplo el Ejército tiene (registradas) llamadas (telefónicas) que se generaron; ellos tienen bastante información de lo que ahí ocurrió y hay muchos que van a resultar con responsabilidad por no responder bien ante la desaparición de los 43 muchachos”.

De la actuación de la Policía Federal dijo que estuvieron “presentes en muchos escenarios, ellos estuvieron (los militares y los policías federales) abriendo paso para desviar el tráfico mientras estaban deteniendo a los estudiantes de Ayotzinapa en el Palacio de Justicia en Iguala y van a tener que responder”.

“Lo más relevante es que haya disposición de ambas instituciones para abrirse, ser transparentes, que den a conocer toda la información que tengan para esclarecer estos hechos y también esclarecer su grado de participación”, agregó.

CHILPANCINGO. El secretario de Desarrollo Social del estado, Mario Moreno Arcos, se quejó de la desatención del “superdelegado” del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien -denunció- se ha negado a recibirlo.

Pese al desdén del funcionario federal, Moreno Arcos indicó que el gobernador Héctor Astudillo Flores le instruyó “buscarlo por todos los medios” para establecer la coordinación institucional.

A unos días de culminar este mes, autoridades estatales ventilaron que no se ha aprobado la programación anual de obras, programas y acciones entre el gobierno federal y estatal para este 2019.

El retraso se debe, informaron, a que el “superdelegado” no ha convocado a la reunión para aprobar el proyecto de concurrencia, que contempla la conversión para obras y acciones conjuntas derivadas del Presupuesto de Egresos Federal 2019.

Mario Moreno dijo que hay avances en el análisis y revisión de los programas sociales del gobierno del estado para coordinarlos con los municipios, pero confirmó que hasta ahora no hay ningún avance ni coordinación con el gobierno federal.

En ese sentido denunció que Sandoval Ballesteros “no se ha manejado de la mejor manera posible”, lo que ha detenido los trabajos en materia social, principalmente en la unificación de padrones de beneficiarios.

“Estamos buscando y vamos a seguir insistiendo con el gobierno federal. Nosotros estamos haciendo nuestra tarea, estamos trabajando con las diferentes oficinas para tener coordinación, pero no he tenido todavía la oportunidad de encontrarme con quien es el delegado de los programas federales en el estado”, reiteró.

No obstante, confió en que el “superdelegado esté haciendo la tarea” para que cuanto antes se reúna con las autoridades estatales y dar paso a la programación de acciones conjuntas para este año.

Consultado también sobre los apoyos para personas con capacidades, Moreno Arcos informó que el gobierno federal absorbió el padrón de beneficiarios pero con rango de edad hasta los 29 años.

Añadió que debido a eso los discapacitados de 30 a 68 años no tienen garantizado el recurso que recibían antes por parte del gobierno del estado, porque el Congreso local “no aprobó un peso para el programa”.

Explicó que, en consecuencia, unas 6 mil 500 personas están fuera del citado programa. “No hay recursos en este momento”, advirtió, pero aclaró que el gobernador Héctor Astudillo ya instruyó al titular de la Secretaría de Finanzas para que busque “alternativas” y no se deje desprotegido a este sector.

CHILPANCINGO. La diputada Saida Reyes Iruegas se pronunció a favor de que la Secretaría de Educación Guerrero defina un procedimiento institucional para otorgar y distribuir los recursos presupuestales destinados a los salarios del personal de las preparatorias populares.

Esto a través de un acuerdo parlamentario, donde la legisladora señala que estas instituciones se crearon en los años 70 con el proyecto Universidad Pueblo, incorporadas a la Universidad Autónoma de Guerrero, para brindar educación a jóvenes de escasos recursos económicos de regiones con mayor rezago educativo, principalmente en áreas rurales y apartadas, como una alternativa a la demanda educativa.

En el documento, que se turnó para su análisis a las comisiones unidas de Educación, Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada dijo que las prepas populares proveen de matrícula a la UAGro, por lo tanto ésta debería atender las necesidades educativas de los alumnos, de infraestructura y las laborales, ya que recibe anualmente de la federación 37 mil pesos por alumno y sólo se limita a prestar su plan de estudios y a los trámites administrativos, por los cuales los alumnos pagan.

Reyes Iruegas informó que derivado de las mesas de trabajo que realizó la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso local con representantes de Preparatorias Populares, se conoció que la asignación del presupuesto es incorrecto, ya que hay escuelas con amplio número de matrícula y pocos recursos; otras con menos estudiantes pero con asignación presupuestal más elevada, y en algunos casos no cuentan con techo presupuestal.

Por eso, también plantea exhortar al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán y a los consejos Universitario y Académico de Educación Media Superior, para que impulsen el proceso de evaluación y regulación de las preparatorias populares, para incorporarlas a la estructura y funcionamiento formal de la UAGro, ya que sólo reconoce 51 de las 108 unidades académicas que funcionan en la entidad.

En ese sentido, agregó que “no debe haber maestros de primera ni de segunda, sino que todos deben percibir un ingreso acorde con sus actividades y obligaciones de acuerdo la Ley; a igual trabajo igual salario; está por demás decir que no se ha cumplido, pues hay escuelas con más de 30 años de funcionamiento donde se ha trasgredido este derecho y hay maestros próximos a jubilarse sin ningún alternativa para su futuro”.