CHILPANCINGO. Los gobiernos federal y estatal no han definido un plazo para restituir la portación de armamento que hace cuatro años les cancelaron a las policías de por lo menos 14 ayuntamientos.
El diputado Heriberto Huicochea Vázquez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, dijo que esta determinación se debe a que la mayoría de los policías no han acreditado la evaluación de Control de Confianza.
En octubre del 2014, el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, a través de las fuerzas armadas, intervino las policías de 14 ayuntamientos de Guerrero y ventiló posibles nexos de sus elementos con grupos de la delincuencia.
Se trata de las policías municipales de Taxco, Iguala, Cocula, Apaxtla, Buenavista de Cuéllar, Canuto A. Neri, Ixcateopan, Pilcaya, Teloloapan, ubicadas en la región Norte; así como las de Arcelia, Coyuca de Catalán, Pungarabato, San Miguel Totolapan y Tlapehuala, de la región Tierra Caliente.
La vulnerabilidad de los policías fue exhibida este el domingo 17 de febrero, cuando un grupo de la Policía Preventiva de Taxco fue atacada a balazos por integrantes de un grupo criminal, cuyo saldo fue de elemento asesinado y otro herido.
Los policías no pudieron responder a la agresión porque desde hace cuatro años prestan su servicio desarmados. De acuerdo con el protocolo de actuación, el gobierno federal debe garantizar la seguridad en esos 14 ayuntamientos.
Al respecto, Huicochea Vázquez dijo que el armamento no ha sido restituido porque los elementos no han aprobado los exámenes de Control de Confianza, cuyo proceso de certificación, reconoció, “no es fácil”.
También admitió que el Poder Legislativo no tiene un diagnóstico que indique cuántos policías no están certificados. Reconoció también que los policías preventivos que sí operan con arma son insuficientes ante el problema de inseguridad.
“Hay un terrible déficit”, dijo en relación a la cantidad de policías que tienen los ayuntamientos por cada mil habitantes, por lo cual sugirió reforzar el trabajo con los comités de participación ciudadana, quienes deberán coordinarse con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
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