El presidente Andrés Manuel López Obrador fijó posición ayer ante la solicitud de los mandatarios estatales de la denominada “alianza federalista” de abrir un espacio de diálogo para estudiar alternativas a la propuesta de presupuesto de egresos para 2021 del Ejecutivo Federal. “Se mantiene”, afirmó lacónico en su conferencia de prensa matutina.
De acuerdo con el mandatario, “no hay nada ilegal, no hay nada injusto” en la propuesta remitida al Poder Legislativo y si los gobiernos de los estados consideran que los recursos que les corresponderían el año próximo son insuficientes, “ellos tienen que buscar la forma de ahorrar”.
La respuesta no sorprende porque se trata de la fórmula en la cual López Obrador ha insistido a lo largo de los casi 21 meses de su gobierno: si no hay dinero suficiente en las arcas públicas, entonces solamente existe un camino para superar tal situación: la austeridad.
En esencia el planteamiento es correcto, aunque solo parcialmente. En efecto, frente a un ingreso disminuido necesariamente debe pensarse en implementar algún programa de austeridad de forma que los recursos existentes se utilicen con mayor eficiencia.
Pero esa no es la única respuesta posible. Al menos no en el caso del presupuesto de un país cuyo modelo de organización es un pacto federal, lo cual implica que la unión se logra merced al acuerdo de un conjunto de estados libres y soberanos que son, en la realidad jurídica por lo menos, la esencia misma del conjunto.
Desde esa perspectiva, la respuesta del Presidente es una que pareciera partir del supuesto -equivocado- de que la Federación es una suerte de orden jerárquico “superior” y por ello las entidades federativas y los municipios deben “subordinarse” a los dictados del centro.
El planteamiento es todavía más equivocado cuando se tiene en cuenta que la totalidad de los ingresos que la Federación capta a través de los distintos mecanismos de recaudación existentes son, en esencia, recursos generados en los estados de la República.
Tiene razón, desde luego el Presidente cuando plantea que el gobierno debe ser austero y que los recursos públicos deben utilizarse con eficiencia y para ello es necesario erradicar prácticas como la corrupción, el despilfarro y los gastos superfluos.
Pero los supuestos anteriores se utilizan una vez que el reparto de los recursos ha sido aprobado y no como un criterio de “castigo” derivado de conductas que constituyen, en tanto no exista un dictamen al respecto, solamente presunciones o supuestos.
Lo peor de la situación es que, con la respuesta ofrecida ayer, López Obrador pareciera haber cerrado la puerta al diálogo, lo cual acerca peligrosamente la posición presidencial al territorio del autoritarismo.
Es deseable que dicha postura sea flexibilizada, porque implica una pésima señal para la estabilidad y la gobernabilidad nacionales en un momento en el cual lo que más se requiere es justamente lo contrario.
About Author
