El pasado 24 de junio se publicó por primera vez el Índice de Capacidad de Combate a la Corrupción 2019 (CCC). El estudio abarca 8 países de América Latina que en conjunto representan el 90% del PIB de la región. De ellos, México aparece en sexto lugar con una calificación general de 4.65 (escala del 1 al 10), esto significa que nuestro país reprueba en su capacidad de detectar, sancionar y disuadir la corrupción.
El CCC es elaborado por la organización empresarial Americas Society/Council of the Américas y la empresa consultora international Control Risk. Este indicador se suma a los esfuerzos existentes para medir la corrupción que, a diferencia del Índice de Percepción de la Corrupción, utiliza una metodología híbrida. Es decir, no se limita únicamente a variables de percepción, sino que incluye variables concretas acerca del desarrollo institucional de cada país.
No obstante, al revisar a detalle el análisis se puede observar que la variable encargada de evaluar la Movilización de la sociedad civil contra la corrupción tiene la calificación más alta (8). Esto nos obliga a preguntarnos, ¿si tenemos una sociedad civil con una calificación aprobatoria, por qué reprobamos como país?
Esto sucede porque las variables que miden la capacidad legal y la democracia obtuvieron calificaciones por debajo de 5, lo que quiere decir que México carece de instituciones sólidas capaces de combatir la corrupción. Para enfrentar este problema, la estrategia debería enfocarse en fortalecer a las instituciones que den cumplimiento a las reformas constitucionales en materia anticorrupción de 2016.
La política anticorrupción actual resulta contradictoria ya que está basada en medidas de austeridad y recortes presupuestarios que han vulnerado la continuidad de las actividades de instituciones clave en el combate, en lugar de invertir en la solución de este problema.
Aunque desde la campaña presidencial la actual Administración ha manifestado que el combate a la corrupción es una de sus prioridades, estas intenciones no se reflejan en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, en donde hay una caída del 12 % en el presupuesto asignado a las principales instituciones y unidades que se encargan de combatir la corrupción, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, entre otros.
La siguiente gráfica, que toma como base el año 2015, registra el mayor crecimiento del presupuesto para el combate a la corrupción en el PEF 2018, con un aumento del 11%. Este incremento tenía el objetivo de consolidar instituciones y fortalecer la cooperación entre ellas, lo cual no tiene continuidad presupuestal en 2019.
Combatir la corrupción, además de voluntad política, requiere de presupuesto suficiente, de autonomía y de garantizar que los esfuerzos de la sociedad civil realizados para el desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sean respetados. El SNA debe ser considerado de nuevo como la plataforma que genere puentes institucionales entre el Gobierno y la ciudadanía para combatir la corrupción.
De lo contrario, se estaría poniendo en riesgo la buena calificación obtenida en la variable Movilización de la sociedad civil contra la corrupción, sin corregir o mejorar los aspectos en los que se reprueba. ( Rebeca Paredes (@Rebeca_Paredes) )
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