Los cuerpos de seguridad responsables de atajar la violencia

Por Ricardo Castillo Barrientos

Los medios de comunicación nacionales de manera sostenida han estado a la caza de noticias de sucesos sangrientos que acontecen en la entidad, desdeñando actividades relevantes del acontecer guerrerense, en los ámbitos de la economía local, la inmensa riqueza de la cultura popular, la fraternidad y el deseo de alcanzar la anhelada paz, mediante la reconstrucción del tejido social.

Cuando del exterior se refieren a Guerrero, lo hacen de manera reiterativa sobre temas de violencia y pobreza, como si fueran características intrínsecas de nuestra identidad, distantes de una realidad social multifactorial y dinámica, que no encuadra exclusivamente en fenómenos sociales negativos como pretenden etiquetar al estado de Guerrero, no ahora, sino de décadas atrás.

En los últimos años el país se ha visto inmerso en una imparable espiral de violencia y una percepción ciudadana de inseguridad superior a las cifras oficiales, debido a la amplia difusión de hechos criminales. La nota roja o información policíaca, destaca en primera plana de los medios impresos, noticieros de radio y televisión, portales y redes sociales de internet.

En estos días son varias entidades donde se han registrado hechos de violencia: Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Jalisco, Querétaro, Estado de México y Guerrero. Son sucesos lamentables, al tiempo que se perciben motivaciones desestabilizadoras contra los gobiernos de la Cuarta Transformación, en especial contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum  y la gobernadora Evelyn Salgado.

La Estrategia Nacional de Seguridad puesta en operación por la nueva administración federal, contrasta con la anterior, “Abrazos, no balazos”, la cual literalmente fue sacada de contexto, por no generarse enfrentamientos directos con bandas delincuenciales, como sucedió hace algunos días en Sinaloa y Técpan de Galeana, donde fueron abatidos decenas de delincuentes.

 En el caso especifico de Guerrero, se ha pretendido responsabilizar injustamente a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, frente a la diversidad de delitos de alto impacto que suceden con frecuencia, cuya atención y seguimiento corresponden a las instancias de seguridad, procuración e impartición de justicia, directamente a la SEDENA, MARINA, GN, FGR, FGE, SSPC, SCJN y TSJ.

La gobernadora Salgado Pineda como otras gobernadoras y gobernadores, no son expertos ni tampoco estrategas en materia de seguridad, les atañe la prevención del delito, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la participación en las Mesas de Coordinación para la Construcción de Paz, tendiente a lograr resultados positivos con operativos de seguridad y procuración de justicia. Desde luego le corresponde la responsabilidad política.

En estas Mesas de Coordinación, los altos mandos militares y navales toman decisiones que llevan a los territorios de mayor incidencia delictiva, tendiente a inhibir algunas acciones del crimen organizado y delincuencia común, con amplio movimiento de elementos en las zonas conflictivas.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, anunció una fuerza de despliegue de 12 mil 675 elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional en diversas operaciones en Guerrero. En coordinación con la MARINA y fuerzas estatales lograron la detención de 55 personas, asegurado 60 vehículos, 53 armas, 19 mil cartuchos, 203 cargadores y tres granadas.

Pocas veces la sociedad reconoce o valora los esfuerzos, acciones y resultados favorables de los cuerpos de seguridad, debido a esa percepción negativa que no deja de influir en la opinión pública.

Marea Baja.- El estado de Michoacán fue la primera entidad federativa en aprobar la Reforma Constitucional al Poder Judicial Local, mientras en Guerrero, ni por asomo se ven trabajos preparatorios en ese sentido, por razones solo conocidas por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias.

Lo único cierto es la inconformidad del personal del TSJ en todos los niveles, además de miembros de colegios de abogados que exigen la inmediata expedición de la convocatoria para la renovación del Titular del Poder Judicial, cuyas funciones concluyen a fin de mes. De la misma forma, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jesús Urióstegui, considera que ese proceso debe darse de forma transparente, democrática y eliminar la reelección.

Marea Alta.- El ex aspirante a la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Mario Moreno Arcos, no quedó satisfecho con el ungimiento de Gabriela Bernal, como Coordinadora Operativa de este partido político en la entidad.

Moreno Arcos publicó un comunicado que en entre líneas culpa de todos sus males, al ex gobernador Héctor Astudillo, por haber impulsado a su pupila Bernal Reséndiz, y haberle cerrado el paso hacia la dirigencia naranja.

El ex alcalde capitalino se da baños de pureza al afirmar que las decisiones que ha tomado se basan en la buena voluntad, honestidad y lealtad de la gente que le rodea, sin que correspondan a la sinceridad con que se ha manejado.

Maremoto.- Alcaldes de La Montaña Alta y La Montaña Baja, se están coordinando para solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la ampliación de la carretera federal Tixtla-Tlapa, debido a las malas condiciones que se encuentran varios tramos de esa importante vía terrestre.

Recordaron que el ex presidente Enrique Peña Nieto, incumplió el compromiso de ampliar la carretera, solo le dio mantenimiento parcial, y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se dio continuidad a los trabajos iniciales y ahora cifran sus esperanzas en la presidenta Claudia Sheinbaum, para que este proyecto ampliación sea incluido en el próximo presupuesto federal.    

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