Desde aquella inolvidable declaración auto incriminatoria sobre la mágica purificación del dinero del narco en el cepo de las iglesias del entonces obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez, quien dijo que “el dinero se puede purificar cuando la persona tiene una buena intención… No porque el origen del dinero sea malo hay que quemarlo; hay que transformarlo más bien, todo dinero puede ser transformado, como una persona también que está corrompida se puede transformar. Si una persona puede hacerlo, cuánto más lo material” (La Jornada, 19 de septiembre de 2005) quedó claro que había echar luz a las iglesias sobre el origen de sus recursos y el posible lavado de dinero.
Esta semana, una serie de reportajes coordinados en el que participaron varios periodistas de América Latina, entre ellos Raúl Olmos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, puso sobre la mesa el enriquecimiento de las iglesias y sus líderes a partir de prácticas, digámoslo suavemente, poco ortodoxas cuando no abiertamente delincuenciales dentro de las iglesias. Los reportajes –muy recomendables– abordan casos específicos de diversas iglesias, lo cual no quiere decir que sean la únicas, solo las más emblemáticas en su manejo financiero. Cuando hay un líder visible, prácticamente un dueño, que se enriquece tremendamente, como es el caso del brasileño Edir Macedo de la Iglesia Universal del Reino de Dios (que en México conocemos como Pare de sufrir), de Samuel Cassio Ferreira de Asamblea de Dios, también en Brasil, o la familia Joaquín en La Luz del Mundo, en México resulta más evidente que en iglesias más institucionalizadas y estructuralmente complejas, como la católica, pero ello no significa que estén exentas de estas prácticas, como quedó demostrado en la declaración de Godínez.
En cualquier caso, lo que deja en evidencia este trabajo periodístico es la necesidad de que el Estado tenga más control sobre el lado mundano de las iglesias. La Unidad de Inteligencia Financiera ya dio los primeros pasos en marzo pasado al congelar cuentas vinculadas con las acusaciones por las que se le sigue un juicio a Naasón Joaquín, pero es solo uno de decenas de casos que se han denunciado en los últimos años. No tengo duda que la mayoría de los sacerdotes, ministros, pastores y líderes de las iglesias son gente de bien, por lo mismo hay que evitar el abuso de esa minoría.
El corpus de dogmas no es materia de fiscalización; la libertad de creencia está consagrada en la Constitución. Lo que tiene que vigilar el Estado es que no se cometan abusos contra los creyentes ni se encubran delitos en nombre de la libertad religiosa. En lo personal me resulta particularmente desagradable que las iglesias y sus pastores se enriquezcan de los más necesitados, que se explote de esa manera la necesidad de creer, pero ahí no hay nada que hacer, es un acuerdo libre de voluntades entre quien da y quien recibe. Pero, cuando quien da lo que aporta es dinero producto del crimen organizado (lavado de dinero) y cuando quien recibe usa los recursos para fines personales convirtiendo la necesidad de creencia en un negocio personal o familiar (enriquecimiento ilícito) el Estado debe echar luz para evitar que se cometan delitos en nombre de dios.
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