Armando Ríos Piter
En el arranque del mes de agosto, el Congreso local de Oaxaca aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de prohibir la venta o distribución gratuita de productos “no saludables” a menores de edad, en particular las bebidas azucaradas y los alimentos envasados de alto contenido calórico. La prohibición aplicará para negocios y escuelas, adicionalmente se prohibirá la existencia de “distribuidores automáticos y máquinas expendedoras”. El objetivo según lo confirmaron los legisladores de Morena es reducir el número de menores con diabetes e hipertensión.
Todo indica que esta ley es la respuesta de política pública a los dichos del subsecretario López Gatell, quien ante los malos resultados en la atención de la pandemia del Covid-19 -con ya casi 60 mil muertos- ha enfatizado la comorbilidad que existe debido a enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. En lugar de promover el uso del cubre bocas y ayudar a que la gente en el país tome amplia conciencia de la dimensión de la enfermedad, la obesidad prevaleciente ha sido la narrativa preferida del funcionario.
Mas allá de que la atención al problema de obesidad en el país sea motivada con el fin de ocultar los errores en la estrategia gubernamental frente al Coronavirus, se abre una gran oportunidad para atender el grave problema de salud que provoca el excesivo consumo de alimentos con alto contenido calórico, aunado a pésimos hábitos de ejercicio físico. Desde que en el Senado impulsé el impuesto de un peso por cada litro de refresco hace ya siete años, hemos insistido en la necesidad de una política integral que atienda el problema, en beneficio de la sociedad, el sistema de salud mexicano y las finanzas públicas nacionales.
El Instituto Nacional de Salud Pública señaló que en 2017, las principales causas de muerte para la población general fueron: las enfermedades del corazón (20.1%), seguida de diabetes (15.2%), tumores malignos (12%), enfermedades del hígado (5.5%) y accidentes (5.2%). Aún cuando no es la única causa, una de cada tres muertes en el país podría estar correlacionada con problemas de obesidad.
La llamada “Ley Oaxaca” es un nuevo ejemplo de “buenas intenciones”, pero con mal entendimiento de política pública. Además, el remedio podría ser peor que la propia enfermedad.
Esta demostrado que la prohibición per se no inhibe el comportamiento de la gente. Tan solo recordar que hoy está prohibida la venta de alcohol y tabaco a menores de edad, sin que ello haya evitado que persista en todos los rincones de México. Además de que se lastima la libertad de elección y el desarrollo de la personalidad, la prohibición se convierte en una peligrosa excusa para que el gobierno se desentienda de resolver a fondo el tema de obesidad; “prohibamos la venta a niños y se acabó el problema”.
Por otro lado, preocupa que con una caída prevista de 10.5% del PIB para 2020, los “changarros” sufren de inanición. Recientemente la Alianza de Pequeños Comerciantes informó que han cerrado 1 de cada 5 misceláneas por la caída en las ventas y la falta de apoyos gubernamentales. Cabe recordar que el 60% de los ingresos de estos expendios y negocios dependen de este tipo de poductos. Los establecimientos que mayor afectación tendrían por esta decisión, serían alrededor de 400 mil micro y pequeños puntos de venta, en uno de los peores momentos de la historia económica del país.
Mejorar el enfoque de los impuestos para incentivar “reformulaciones” en los productos, así como enfocar el destino de los recursos recaudados sería mucho más loable que simplemente seguir con la inercia en que 29 entidades ya se han manifestado por impulsar proyectos legislativos similares. Además, se requiere revisar a fondo lo que predetermina el consumo, la falta de alternativas saludables, la publicidad engañosa y la información que les llega a las familias.
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