La FGE va por un alcalde; solicitó al Congreso local que le quiten el fuero

IRZA

– Sin embargo, no han revelado su identidad

Chilpancingo, Gro.-(IRZA).- La declaratoria de procedencia (que le quiten el fuero constitucional) que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero solicitó al Congreso local es en contra de un presidente municipal, confirmó este miércoles el diputado Arturo Álvarez Angli, presidente de la Comisión Instructora.

Sin embargo, precisó que reservarán el nombre del edil por respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia, para evitar que el caso se politice y se ventile a través de los medios de comunicación, como en otros casos.

Entrevistado antes de iniciar la sesión de este miércoles, el legislador del PVEM dijo que los asuntos abordados por la Comisión Instructora, y que pueden derivar en juicios de procedencia y revocación de mandato, “deben ser manejados con secrecía”.

“Me parece muy irresponsable lo que ha sucedido en momentos anteriores en esta misma Legislatura, en donde aún sin conocer del asunto, estos se terminan discutiendo en los medios de comunicación o en las redes sociales, sin contar con los elementos, y eso le provoca al Congreso un gran problema”, indicó.

La declaratoria de procedencia fue solicitada por la agente del Ministerio Público de la FGE, Margarita Azucena Sánchez Gutiérrez, en contra de un “servidor público”, cuya identidad fue reservada para no violar el debido proceso ni entorpecer la investigación ministerial.

“Me parece que es la forma correcta de tratar el asunto, más allá de la gravedad o no gravedad de lo que se trate. Lo correcto en manejarlo con secrecía, respeto al debido proceso y que eso permita hacer un análisis y tomar decisiones sin presiones externas”, insistió.

De esa manera, agregó, privilegian también la presunción de inocencia del imputado, como está consagrado en la Constitución. “Si abonamos a que se politice desde antes de analizar y decidir, si lo politizamos, los riesgos de equivocarnos son más altos”.

Este caso se conoció el martes durante la sesión ordinaria del Poder Legislativo. Aunque la legislación prevé un plazo de 60 días para dictaminar, el legislador estimó que podrían resolver entre 30 y 40 días.

Álvarez Angli precisó que la solicitud de declaratoria de procedencia es el primer caso que recibe la 64 Legislatura.

Adelantó que los diputados de esa comisión se reunirán la próxima semana para acordar una ruta de trabajo y el calendario de actividades para el desahogo del trámite legislativo que, entre otras etapas, incluye el derecho de audiencia del imputado.

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