IRZA
ACAPULCO. A cuatro días de que venció el plazo para que el Ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Adela Román Ocampo, retire como bestias de tiro que jalan los carromatos conocidos como “calandrias”, el diputado local Arturo López Sugía exige que esa medida se lleve a cabo de inmediato, que se acaté la Ley estatal de Protección Animal.
El pasado 25 de septiembre el denominado Consejo de Protección Animal y la alcaldesa Román Ocampo acordaron dar validez a la Ley de Protección Animal y se fijaron el primero de noviembre de este año como fecha para retirar los caballos que se utilizan como fuerza de tracción para mover las carrozas llamadas “calandrias”, pero esto no se ha cumplido.
Las “calandrias”, adornadas con globos, listones y focos multicolores, son rentadas casi siempre por turistas a los que en esos carruajes se les pasea a lo largo de la avenida costera Miguel Alemán. El costo del “tour” es de alrededor de 50 pesos por persona. Cada uno de esos vehículos tiene cupo para seis personas mayores.
También por parejas de novios que para dar mayor vistosidad a su arribo a los templos en los que contraerán matrimonio, lo hacen a bordo de “calandrias”, pero como esto es un servicio especial, el precio es mucho mayor.
Ese tipo de vehículos jalados por caballos comenzaron su servicio en los años 50’s. Fue el señor Héctor Martínez Cabañas el precursor de ese negocio, con apenas cuatro vehículos de esa naturaleza.
El diputado López Sugía acusó que a la alcaldesa Román Ocampo le falta capacidad para llegar a un acuerdo con los dueños de las “calandrias” y sustituir a los equinos por vehículos de motor.
Según el legislador, “a palabra de los ‘calandrieros’, el gobierno local no ha sabido acercarse a ellos con la finalidad de llegar a un acuerdo que les permita a estos seguir siendo económicamente autosuficientes, argumentando, incluso, que harán paros a lo largo de la costera a forma de protesta”, en caso de que los obliguen a no utilizar caballos.
Dijo estar de acuerdo en que se busquen alternativas a quienes tienen su fuente de ingresos en la actividad de las calandrias, pero que la autoridad ya contó con un tiempo pertinente en el cual debió generar las soluciones esperadas para que se deje de utilizar a los caballos en la prestación de ese servicio y se cumpla con lo que establece la Ley.
“La presidenta Adela Román Ocampo debe cumplir y hacer cumplir la Ley de Bienestar Animal”, subrayó finalmente.