Dolia Estévez
La timorata respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al fallo de la Suprema Corte de Justicia, coartando el derecho de los mexicanos a defenderse de la violencia de la Patrulla Fronteriza en tribunales estadounidenses, manda el mensaje de que, pese a la retórica en sentido contrario, el compromiso con las comunidades transfronterizas termina donde empieza el talante acomodadizo de la política exterior mexicana.
En una de las decisiones más significativas en la lucha por los derechos humanos, el máximo tribunal negó a los padres de Sergio Adrián Hernández Güereca demandar a Jesús Mesa, el patrullero que lo ultimó en Ciudad Juárez en 2010. La opinión mayoritaria negó extender la protección constitucional a extranjeros que acusen a sus agentes por hechos que ocurrieron en otras naciones (Hernández v Mesa 02/25/2020). Hernández, que a la sazón tenía 15 años, perdió la vida de dos balazos que Mesa disparó desde Estados Unidos.
Pese a la gravedad del precedente, la SRE sólo dijo “lamentar” la decisión tomada el jueves pasado con los votos de cinco magistrados conservadores contra cuatro liberales. La dependencia a cargo de Marcelo Ebrard expresó “profunda preocupación” por los efectos que tendrá en otros casos de mexicanos también muertos a tiros en la frontera (Comunicado No. 56, 25/02/2020).
Nietzsche decía que las lamentaciones no valen nada, proceden de la debilidad.
La denuncia más fuerte vino de Joaquín Castro, Congresista demócrata descendiente de mexicanos. Tras calificar al fallo como “despreciable” por ser un “ataque a los derechos civiles y humanos más básicos”, Castro acusó a la Suprema Corte de haber “legalizado matar sin causa”. El también presidente del Caucus Hispano del Congreso, dijo que la decisión envía el mensaje de que, “no valoramos las vidas humanas de nuestros vecinos del sur” (Comunicado 25/02/2020).
Por su parte, más de 70 organizaciones no gubernamentales en ochos países, Estados Unidos incluido, firmaron una declaración advirtiendo que el veredicto genera impunidad y más violencia contra las comunidades en la frontera. “El fallo establece un precedente peligroso en cuanto cierra la puerta a la responsabilidad legal de agentes estadounidenses por violaciones de derechos humanos transfronterizos”, aseveró el grupo liderado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Comunicado 02/28/2020)
Con base en el “recurso Bivens”, que permite la denuncia de acciones ilegales de agentes gubernamentales y la reparación de daños para las víctimas, los padres de Hernández acusaron al patrullero de violar la Cuarta Enmienda constitucional que prohíbe el uso excesivo de fuerza letal sin justificación y la Quinta Enmienda sobre el debido proceso.
En nombre de la mayoría, el Magistrado Samuel Alito defendió el papel que juegan los agentes fronterizos en la protección de la seguridad nacional. Sostuvo que el “recurso Bivens” no aplica por tratarse de un caso de política exterior que corresponde al Congreso definir. Los jueces Clarence Thomas, cercano a Landau, y Neil Gorsuch, nombrado por Trump, fueron más lejos abogando por la completa desaparición del “recurso Bivens”.
A nombre de los cuatro votos de la minoría, la magistrada Ruth Bader Ginsburg contrapuso que el uso de la fuerza letal para disparar a un niño no tiene nada que ver con la defensa de la seguridad nacional. El atacante, recalcó, es un “agente sin control”, que se fue por la libre. Vaticinó que la exclusión de ciudadanos mexicanos del sistema de justicia estadounidense tendrá un efecto negativo en las relaciones con México.
El tibio comunicado de la Cancillería anuló la preocupación de Ginsburg. El Gobierno de AMLO parece más preocupado en no provocar al furibundo inquilino de la Casa Blanca que en defender a los mexicanos transfronterizos.
Al desconocer la jurisdicción extraterritorial, el fallo trunca la posibilidad de que haya rendición de cuentas y de que los responsables de los asesinatos de mexicanos en la frontera sean procesados y sancionados. No sólo eso. Refuerza el temor de que los jueces partidarios de Trump pongan fin al programa DACA que busca legalizar a 700 mil migrantes que llegaron cuando eran niños. De ser así, la decisión, agendada para junio, será un triunfo para el presidente en plena campaña reeleccionista.
Es hora de que la SRE resucite la petición de extradición contra Mesa que Estados Unidos rechazó y active la acusación penal en su contra. Si el Gobierno de Trump se niega, AMLO deberá condicionar futuras extradiciones de mexicanos a Estados Unidos a la entrega del patrullero blindado por la impunidad estadounidense. Quid pro quo. Sólo así empezaremos a resarcir el daño moral a las víctimas de la Patrulla Fronteriza y a equilibrar la balanza de la relación.
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