IRZA
CHILPANCINGO. Representantes de la CETEG en esta región Centro se unieron este martes a la protesta de los trabajadores de Salud, en rechazo de que se convierta en deuda pública el adeudo por más de 13 mil millones de pesos que el gobierno estatal mantiene con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Los integrantes del magisterio disidente también manifestaron su respaldo a quienes han exigido que se realice una auditoría a las Secretarías de Despacho, para conocer el estado en que las dejarán.
Recordaron que de los 13 mil 500 millones de pesos, un total de 8 mil 549 millones corresponde al adeudo no enterado por la SEG, que equivale a un 66.5 por ciento.
Reyna Bello de Jesús, dirigente de la Delegación disidente D III (16) 02 de la SEG, aseguró que este importante adeudo perjudica considerablemente al magisterio de Guerrero, al no tener acceso a los créditos del ISSSTE, contar con bajas prestaciones, un deficiente servicio médico y, lo más grave, no poder cobrar una pensión vitalicia una vez que se jubilan.
Destacó que este martes la CETEG se congregó con el Sindicato Independiente de Salud en un Frente de Organizaciones, y después de una marcha-protesta lograron reunirse con 17 diputados locales de Morena, encabezados por la legisladora Aracely Ocampo.
Precisó que la demanda es objetar que el Congreso del Estado apruebe que el adeudo millonario se considere deuda pública, y añadió que “se acordó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que se investigue y se deslinden responsabilidades”.
Precisó que el gobernador Héctor Astudillo Flores ha anunciado el pago del fideicomiso exigido por los trabajadores de Salud, que se mantienen en paro desde hace un par de semanas, sin embargo, aseveró que cada sector tiene demandas prioritarias.
En el caso de educación, refirió que están pendientes el pago de seguros por jubilación o defunción, el adicional del estímulo por año de servicio y el seguro del Plan de Previsión Social.
Además, compensaciones a quienes han laborado en la pandemia, entre otras como prórrogas, basificaciones, trámites por renuncias y la exigencia de la cancelación de nombramientos de nuevo ingreso a funcionarios e hijos de funcionarios que presuntamente autorizó la Dirección de Administración de Personal de la SEG.
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