Enoc López
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero declaró instalado el proceso electoral ordinario 2026–2027, en el que la ciudadanía elegirá 806 cargos de elección popular, incluida la gubernatura, la renovación completa del Congreso local y 84 de los 85 ayuntamientos de la entidad. Con base en antecedentes históricos, el organismo proyecta el registro de al menos 15 mil candidaturas postuladas por los ocho partidos nacionales y el único partido estatal, el PRD.
Durante la sesión de instalación, la presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, llamó a los partidos políticos y aspirantes a conducirse con estricto apego a la ley, respeto y civilidad democrática, al advertir que el cumplimiento de las reglas será determinante para preservar la confianza ciudadana y la legitimidad de los resultados. Subrayó que el proceso se asumirá bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad e inclusión democrática, incorporando de manera transversal la perspectiva de género.
Los comicios representarán un desafío institucional por su magnitud y complejidad técnica. Para ello, el IEPC prevé instalar 28 Consejos Distritales antes del 30 de noviembre, habilitar 215 supervisoras electorales y 1,292 capacitadoras asistentes, además de involucrar entre 1,800 y 1,900 personas en la organización del proceso.
En el ámbito municipal, se elegirán 83 presidencias, 83 sindicaturas y 593 regidurías, mientras que dos ayuntamientos se regirán bajo sistemas normativos de pueblos originarios.
A la sesión acudieron representantes de comunidades indígenas y afromexicanas, autoridades electorales y partidos políticos, aunque destacó la ausencia de los dirigentes estatales del PRI, PVEM, PRD y Morena.
Matildes Gama insistió en la necesidad de que todos los actores respeten las reglas de la competencia electoral para evitar conflictos postelectorales y garantizar resultados confiables. También llamó a fortalecer la coordinación institucional con el Gobierno de Guerrero para generar condiciones de estabilidad, seguridad y paz social, que permitan a la población ejercer sus derechos político-electorales de manera libre y sin temor.
La presidenta convocó a la ciudadanía a involucrarse activamente en el proceso, con énfasis en los jóvenes de 18 a 29 años, cuya participación consideró fundamental para la legitimidad democrática. Ratificó el compromiso de garantizar los derechos político-electorales de sectores históricamente excluidos, como comunidades indígenas, población afromexicana, personas con discapacidad y diversidad sexual.
Finalmente, advirtió que se tomarán todas las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar la Violencia Política en Razón de Género, al señalar que ninguna mujer debe enfrentar obstáculos para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
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