IRZA
CHILPANCINGO. El gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador rechazó una propuesta de los desplazados por la violencia de comunidades de la Sierra de Leonardo Bravo (Chichihualco) y de Zitlala, de que si no despliegan un operativo para garantizar su regreso a sus hogares, que les paguen una mensualidad para renta, comida y acondicionamiento de sus casas de manera temporal en otro lugar.
A esa propuesta los enlaces del gobierno federal respondieron que es un “presupuesto muy elevado y no existen posibilidades de aprobarla”, y por ello no dudaron en tachar de “insensible” a la administración federal de López Obrador.
Este lunes, unos 400 desplazados por la violencia de una docena de comunidades de Chichihualco y de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, cumplieron cuatro semanas en plantón frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, en espera de que los reciba el propio López Obrador.
El director del Centro “Morelos” de Chilapa, Manuel Olivares Hernández, lamentó que hasta este lunes no haya sido posible tener un diálogo directo con el presidente de la República, pese a las cuatro semanas que tienen en plantón.
Señaló que durante todo ese tiempo ya nombraron como enlaces para atender esta problemática a Nefthaly Granados y Félix Santana, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), con quienes han dialogado pero no han llegado a ningún acuerdo concreto.
Añadió que prácticamente el gobierno estatal ha estado ausente, y que el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sólo se comprometía a conseguir autobuses para su regreso y la renta de un hotel donde estén de manera provisional hasta que haya condiciones para regresar a sus hogares.
Indicó que el lunes de la semana pasada entregaron una propuesta del plan de atención al gobierno federal, “que debemos decirlo, lamentablemente no ha elaborado un plan de atención o de emergencia, menos uno para generar condiciones de seguridad para el retorno de las familias desplazadas”.
Aseveró que los desplazados de Chichihualco piden que se repliegue la Policía Comunitaria de Tlacotepec, que se establezca un corredor de seguridad en la carretera Chilpancingo-Acapulco, que el Ejército se haga cargo del mismo y que se indemnice a familias cuyas viviendas hayan sufrido daños.
En el caso de los habitantes de Tlaltempanapa, reiteró que la demanda es su reubicación definitiva en la cabecera municipal de Copalillo, donde se encuentran desde noviembre pasado.
Manifestó que el jueves sostuvieron otra reunión con los emisarios de López Obrador y criticó que haya “prácticas antiguas de otros gobiernos federales, que son las de bajar al mínimo los costos de solución de un conflicto”.
Agregó que ante la falta de condiciones para regresar a sus hogares, los desplazados pidieron “que haya condiciones de vida digna y para ser reubicados, así como un apoye de 5 mil pesos de pago de renta, una cantidad igual para despensa alimenticia y uno más para acondicionar una vivienda con camas, estufa, refrigerador”.
Reveló que la respuesta de los emisarios del gobierno federal fue que se trata de una “propuesta que tiene un presupuesto muy elevado y no existen posibilidades de aprobarla”.
Manuel Olivares aseveró que a cuatro semanas de plantón, “las condiciones en el plantón son deplorables. Don Francisco (uno de los plantonistas) tuvo una trombosis desde el miércoles por la noche y está internado en un hospital, una mujer dio a luz y hay varios menores enfermos”.
Indicó que para sobrevivir pidieron apoyo a sindicatos y organizaciones sociales de la capital del país y que el sábado y domingo decidieron tomar la caseta de peaje de Tlalpan de la Autopista México-Cuernavaca, “para resolver el problema de la alimentación.
Refirió que “un garrafón cuesta 70 pesos, los baños son rentados y se tiene que pagar a diario; no hay donde bañarse y es muy difícil la vida ahí en el plantón”, y finalmente lamentó la actitud de López Obrador: “este gobierno que consideraban era diferente y tendría sensibilidad, no lo demuestra y no recibe a una comisión para dialogar, no esperábamos estar más de 3 días; no hay sensibilidad para atender esta problemática de un tema que es complejo y que se vive en todo el país”.
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