Enoc López
Nueva York.- La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lanzo una acusación federal que involucra a 10 funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, señalados de presuntamente colaborar con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con el documento judicial, los acusados habrían facilitado el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y protección institucional.
La acusación, presentada ante la jueza Katherine Polk Failla, sostiene que tanto Rocha Moya como Inzunza Cázarez habrían participado en una estructura de apoyo político y operativo que permitió al cártel operar con libertad en Sinaloa. Ambos enfrentan cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas, con penas potenciales que van de 40 años a cadena perpetua.
Además de estas dos figuras de alto nivel, el caso también incluye al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; al vicefiscal general Dámaso Castro Zaavedra; al excomandante policial Juan Valenzuela Millán; y al exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, entre otros. La Fiscalía señala que varios de ellos recibían pagos mensuales del cártel, como Castro Zaavedra, quien presuntamente obtenía 11 000 dólares, y Valenzuela Millán, quien habría recibido más de 1 600 dólares y facilitado el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y un familiar en 2023.
El documento también describe una presunta intervención electoral en la contienda de 2021, en la que “Los Chapitos” habrían secuestrado e intimidado a rivales políticos para favorecer la llegada de Rocha Moya a la gubernatura. Asimismo, se detallan reuniones entre el mandatario estatal y líderes del cártel para garantizarles impunidad operativa y acceso a información militar y policial.
El fiscal estadounidense Jay Clayton afirmó que el Cártel de Sinaloa “no operaría tan libremente sin políticos y policías corruptos en su nómina”, mientras que el administrador de la DEA, Terrance Cole, señaló que la acusación revela “un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo vidas estadounidenses”.
Las autoridades estadounidenses consideran que todos los acusados se encuentran actualmente en México. Este caso forma parte de una serie de procesos iniciados en 2023 que han derivado en más de 30 imputaciones contra miembros y colaboradores del Cártel de Sinaloa.
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