Funcionarios federales amenazan y acosan a servidores de la nación despedidos, denuncian

 IRZA

CHILPANCINGO. Cuatro de los seis promotores despedidos del programa Servidores de la Nación, denunciaron que están siendo víctimas de amenazas y acoso por parte de funcionarios la delegación estatal del órgano de control interno de la Secretaría de Bienestar federal, quienes les están exigiendo que firmen documentación del año pasado para justificar sus pagos y el finiquito laboral.

Aseveraron que les han advertido que si no firman, serán “boletinados” para no ser contratados en ninguna dependencia federal y por ello hacen responsable de lo que les suceda al delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Este jueves, Ester Bartolo Zeferino, Reyna Bartolo Zeferino, Adilene Ontiveros Solano, Víctor Alberto Castro Urias, quienes laboraron como Servidores de la Nación hasta febrero pasado, denunciaron que debido a esas presiones, dos de sus compañeros han desistido de continuar con su movimiento.

Informaron que el pasado 11 de marzo interpusieron una demanda laboral ante las instancias correspondientes por despido injustificado y el reclamo de otras prestaciones laborales que no recibieron el tiempo trabajaron como Servidores de la Nación, brigadas de encuestadores para censar a las personas que serán beneficiadas con los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Reiteraron que fueron parte de la estructura del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el distrito 06 de Chilapa y que una vez concluidas las elecciones en julio pasado, en septiembre recibieron capacitación para trabajar en la elaboración de los censos de los 12 programas del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.

En octubre pasado fueron capacitados y después empezaron con el Censo de Bienestar  casa por casa hasta febrero de este año, cuando los dieron de baja del sistema donde subían información de su labor diaria.

Aseveraron que en esos cinco meses que trabajaron, sólo recibieron dos pagos y ningún funcionario les informó el motivo de sus despidos, por lo que hicieron la denuncia pública en una conferencia de prensa en esta capital.

Explicaron que a consecuencia de esa denuncia pública, quien era su jefa en campaña y coordinadora del distrito 06 de los Servidores de la Nación, Paula Angélica Miranda Silva,  les llamó por teléfono y de manera amenazante les exigió que pasaran a firmar unos documentos en donde aceptaban un pago y un finiquito sobre su relación laboral.

“Se trata de un documento en donde aceptamos que recibimos un recurso, lo cual es falso, y le dijimos que no teníamos nada que tratar con ella, porque hemos interpuesto una demanda laboral y que en todo caso acuda a las instancias correspondientes”, aseveró, Adilene Ontiveros.
Sostuvo que los seis brigadistas estuvieron trabajando de manera directa a través del Fideicomiso de Transición desde octubre del 2018 y, que no quisieron darles una copia de lo que pretendían hacerles firmar.

Informaron que esta semana, cuatro de los seis despedidos, recibieron llamadas telefónicas de Juan Carlos Gómez y Mireya González, quienes se identificaron como parte del órgano de control de la delegación de la Secretaría de Bienestar federal y que debían acudir a un citatorio en sus oficinas en esta capital.

Sin embargo, la mayoría se negaron a asistir a las oficinas de la dependencia federal, “nos decían que teníamos que firmar para que ya recibíamos el pago, que si no firmaba me demandarían, que me podían boletinar para que no trabajáramos en otro lugar del gobierno federal”.
Indicaron que lo que pretenden es que esa relación laboral se establezca con la Secretaría de Bienestar y no con el Fondo de Transición, “quieren que firmemos documentos de esa dependencia del año pasado cuando no existía (la dependencia), documentos con logotipos oficiales y lo cual es ilegal, no trabajamos con ellos, ni para ellos, trabajamos para alguien más”.
Ante esta ola de amenazas y presiones dijo que responsabilizaban de lo que les pueda suceder al delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Señalaron que están violentando sus derechos laborales haciendo una sustitución patronal, porque “primero dependíamos de Paula Angélica Miranda y ahora que de la Secretaría de Bienestar, es ilegal porque nos quieren hacer firmar documentos del 2018 cuando no se creaba esa dependencia”.

Agregaron que tienen grabadas las llamadas telefónicas que les hicieron tanto su ex jefa como otros funcionarios federales, “que vamos a utilizar para demostrar esta presión exagerada para demostrar que nos despidieron de manera injustificada y que ahora quieren tapar con otros actos ilegales”.

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