Exhorta el Congreso al TSJ a informar aplicación de la Ley de Amnistía y beneficiarios con la liberación

Edvin López

Chilpancingo, Gro.– El Congreso del Estado de Guerrero aprobó un exhorto dirigido al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, para que informe, en un plazo de 15 días hábiles, si existen personas pertenecientes a pueblos indígenas o afromexicanos que hayan sido beneficiadas con la Ley Estatal de Amnistía, los tipos penales por los que se les ha liberado y el género de los beneficiarios.

Esta solicitud deriva de un dictamen emitido por la Comisión de Justicia, a partir de una propuesta presentada por el diputado Edgar Ventura de la Cruz (PT), cuyo propósito es conocer la aplicación y eficacia de la Ley de Amnistía del Estado de Guerrero, publicada en 2024. Dicha ley tiene como objetivo apoyar a personas sujetas a proceso o sentenciadas por delitos menores.

El dictamen señala que este ordenamiento fue creado con la finalidad de beneficiar a integrantes de pueblos indígenas y afromexicanos, mujeres, campesinos y personas de escasos recursos, quienes, por falta de medios económicos, no habían tenido acceso pleno a la justicia. Asimismo, se busca garantizar la liberación de estas personas con pleno respeto a los derechos de las víctimas.

Durante la fundamentación del dictamen, el diputado Carlos Eduardo Bello Solano, presidente de la Comisión de Justicia, subrayó que la amnistía no representa un acto de impunidad. Por el contrario, se trata de un mecanismo que, con estricto respeto a los derechos humanos y mediante procedimientos legales, busca restituir la libertad a quienes, en un contexto social desfavorable, han enfrentado procesos judiciales sin una defensa adecuada. Además, enfatizó que se garantizan los derechos de las víctimas, como la reparación del daño.

“La amnistía procura reducir la brecha de desigualdad para quienes no cuentan con los medios para acceder a una defensa adecuada, cubrir una fianza o garantizar su libertad provisional. Es un instrumento jurídico que concede el perdón por la comisión de ciertos delitos a personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, y tiene como fin restituir sus derechos frente a la desigualdad económica o social que enfrentan”, destacó.

Por ello, y en aras de conocer la efectividad de este ordenamiento jurídico, el Congreso solicita al Presidente del TSJ que informe, en un plazo de 15 días hábiles, si existen personas indígenas o afromexicanas beneficiadas con esta ley, los delitos por los que fueron liberadas y el género de los beneficiarios, respetando en todo momento la división de poderes.

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