Las deudas de Napito
Raymundo Riva Palacio
Si por denuncias fuera, Napoleón Gómez Urrutia, el líder minero, y Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, hicieron lo mismo, crear empresas fantasmas para desviar recursos que no les pertenecían y lavar dinero, utilizando a la misma persona como administrador, Javier Nava Solís, que está acusado de delitos de delincuencia organizada y presunto desvío de 223 millones de pesos como testaferro del veracruzano. Sus destinos, sin embargo, han sido diferentes. Aunque los dos evadieron la justicia cuando fueron denunciados, Duarte fue extraditado de Guatemala para ingresar a una cárcel, mientras Gómez Urrutia dejó su santuario en Canadá para regresar a rendir protesta como senador.
Gómez Urrutia, llamado Napito, se escapó a Vancouver y fue protegido por los sindicatos metal metalúrgicos de Canadá y Estados Unidos, y más adelante por el líder laborista inglés, Jeremy Corbyn –quien se lo recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador-. Hace casi 15 años fue acusado de fraude por la Cooperativa Veta de Plata, que representaba a 10 mil mineros de Cananea, por haber violado un fideicomiso creado durante el proceso de privatización de las minas en 1989, donde se acordó que al concluir el pago de la venta del 5% de un total de 55 millones de dólares, sería entregado al sindicato que, a su vez, se había comprometido a entregar la parte correspondiente a los trabajadores.
El caso contra Gómez Urrutia se fue desvaneciendo en la medida que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, colapsado por completo desde el proceso electoral que condujo a la victoria de López Obrador en las elecciones presidenciales, y la defensa del líder minero fue ganando, finalmente, en los tribunales que antes habían sido más difíciles de roer. Aún así, no todo quedó en el olvido. Una investigación de Eje Central revela que hubo una nueva denuncia de los mineros de Cananea, que se espera que esta semana sea ratificada ante la Fiscalía General. De acuerdo con Sergio Vázquez Villarreal, miembro de la Comisión Especial de reclamantes del 5% de los 55 millones de dólares, ofrecerán pruebas que demostrarán actuaciones irregulares como su representante sindical.
De acuerdo con lo proporcionado a Eje Central, a partir de la creación de empresas “fantasma”, se realizaron triangulaciones de recursos a través de más de 10 personas y la consumación de las operaciones de lavado de dinero a lo largo de nueve años, presuntamente permitido por Gómez Urrutia, dispersar una parte de los 55 millones de dólares que desde 2005 debieron recibir trabajadores por la privatización de la mina Mexicana de Cananea.
“Expedientes, registros públicos de la propiedad y denuncias que actualmente son investigadas por las autoridades federales, y a las que Eje Central tuvo acceso, muestran el entramado con el que al menos desde 2005 y hasta 2014, Gómez Urrutia presuntamente desvió una gran parte de los 3.2 millones de dólares que en 2005 dispersó de la cuenta 10964526 de Scotiabank Inverlat, a nombre del sindicato minero, a través de diversas transferencias, según constataron indagatorias e información de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional de Valores”, señala la publicación.
La operación que prendió alertas es inusual, pero aparentemente lícita, según consta en las actas, donde el sindicato minero, bajo la representación de Gómez Urrutia “adquirió dos predios de más de 10 mil metros cuadrados en una zona exclusiva del Condominio Horizontal denominado El Santuario, ubicado en la calle Santander, al norte del Fraccionamientos Bosques de San Ángel, municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. La vendedora fue María del Carmen Páez Martínez de De la Garza Evia, supuesta corredora de arte de Monterrey, quien recibió por parte del sindicato un millón 825 mil dólares, equivalentes a poco más de 19 millones 292 mil pesos en ese entonces, provenientes del Fideicomiso 9645-2”, que debía haber benficiado a los mineros.
La compraventa de esos bienes fue una operación en regla, dice Eje Central, aunque el nombre de María del Carmen Páez Martínez de De la Garza Evia aparece desde 2005 en las investigaciones contra Gómez Urrutia, como presunta prestanombres del líder minero, que permitieron a Gómez Urrutia y a Héctor Félix Estrella, entonces tesorero del sindicato, presuntamente desviar alrededor de 3.2 millones de dólares a cuentas bancarias a nombre de esta empresaria regiomontana, casada con el empresario inmobiliario, Alberto de la Garza Evia.
La plusvalía en la zona donde etaba el condominio horizontal se disparó en 700%. Seis días después de que Páez Martínez recibió el dinero por los predios, de acuerdo con la investigación, el sindicato reconoció, de manera inexplicable, porque no existe documento que lo especifique, una deuda por 26 millones de pesos con una empresa en ese momento de muy reciente creación, Inmobiliaria Vajaco. Esta inmobiliaria había sido instaurada para cubrir a los compradores originales del predio, Eugenio Albo Moreno y Eugenio Albo Urías, notarios y empresarios guanajuatenses sobre quienes pesan decenas de denuncias penales por fraudes inmobiliarios en al menos ocho estados del país, vendieron todas sus acciones, relacionados con el ex presidente Vicente Fox.
El administrador de inmobiliaria era Nava Soria, y la operación que motivó sospechas adicionales fue que la venta de los Albo a la inmobiliaria fue por un millón de pesos a dos personas de bajo perfil, que no habían tenido operaciones visibles y que están siendo investigadas por las autoridades por el aparente sin sentido mercantil. Lo que quieren los mineros, aclaró dijo Vázquez Villarreal, es que se aclare con qué dinero ha creado Gómez Urrutia varias empresas, señaladas como “fantasma”, en sociedad con dos de sus hijos, y saber si sigue siendo dinero de ellos.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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