IRZA
CHILPANCINGO. Del 2014 a la fecha en la región de la Montaña se tienen documentados casi un centenar de feminicidios, de los cuales solo se ha castigado con una sentencia penal a los responsables de dos casos, informó el Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan”.
A través de un video en redes sociales, Tlachinollan anunció la segunda etapa de su campaña “Mar de Agravios, Montaña de Quebrantos”.
En su intervención el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, reiteró que la violencia contra las mujeres en esa región “es muy preocupante porque a pesar de las alertas de género que hay en Guerrero, hay deficiencias que persisten, hay inercias y hábitos que no se han podido desarraigar en la Fiscalía General del Estado (FGE), su gran deficiencia es la atención a las víctimas, no hay una infraestructura idónea con personal especializado; uno de los retos en esta región es desarraigar la corrupción en la Montaña, donde la justicia está al mejor postor”.
La abogada, Neil Arias Vitinio, dio a conocer que del 2014 al 2020 tienen documentados 72 feminicidios y que han dado acompañamiento a las familias de las víctimas; pero desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado al mes de julio de este año se tienen documentados 25 feminicidios y que se ha disparado la violencia contra las mujeres en la Montaña.
Neil Arias explicó que, por ejemplo, de los 72 feminicidios cometidos del 2014 al 2020, recién se dio una sentencia condenatoria a uno de los asesinos de la señora Florencia Sánchez, ultimada el 24 de agosto del 2014 en la comunidad de Loma Tuza, municipio de Acatepec.
Indicó que este caso fue juzgado en el sistema penal tradicional y tuvieron que pasar 7 años para que uno de los asesinos de esa señora indígena fuera sentenciado a 27 años de prisión, mismo que ahora ha apelado a esa sentencia, por lo que “el Tribunal Superior de Justicia debe poner atención en este caso histórico, porque luego en las salas penales es donde se absuelve o se modifica la sentencia a los delincuentes”.
Insistió en que de los 72 casos documentados, sólo uno ha recibido justicia en el sistema penal tradicional y que con el nuevo sistema penal acusatorio de juicios orales, se ha sentenciado a otro feminicida y uno más está sujeto a proceso.
La abogada informó que desde que inició la pandemia en marzo del 2020 a agosto de este año se tienen documentados 30 casos de delitos de carácter sexual “estamos hablando que se trata de menores de 18 años; tenemos 180 casos de violencia familiar y doméstica, 100 casos de violencia económica, seguimos insistiendo en que las mujeres sufren por ser pobres, por ser indígenas y por ser mujeres, han sufrido criminalización por denunciar violencia en el hogar”.
Y algo más, que durante los procesos penales las víctimas pueden convertirse en victimarias de manera injusta porque ahora están siendo acusadas de delitos que se les fabrican, que no cometieron”.
En esta videoconferencia, se dio el testimonio de la señora Angélica, de la comunidad de Yucunduta, municipio de Metlatónoc, quien explicó que el año pasado sus suegros y su esposo la agredieron físicamente, “me corrieron de mi casa, por ello recurrí a interponer una denuncia por violencia intrafamiliar”.
Abundó: “después mis suegros y mi esposo me acusaron de haber robado cadenas de oro, ahora me quieren encerrar para quitarme a mis hijos, me han discriminado por ser pobre, un juez ya me quitó la custodia de mis hijos y es grave que han avanzado tres denuncias penales en mi contra y que la denuncia por violencia intrafamiliar no avance”.
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