Estado de los ESTADOS Lilia Arellano

*Campo, falla de la 4T

*Predominan subejercicios y recortes al sector agropecuario

*EPN impune, pese a las 177 denuncias de la ASF a su gestión

 El campo, la producción agropecuaria, la soberanía alimentaria, son otros de los grandes pendientes del régimen de la auto denominada Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues todo indica no está entre las prioridades de su administración. Se suma así a la desatención a la inseguridad pública del país, convertido en un verdadero cementerio e imperio de la impunidad; a la parálisis económica, sin acciones eficaces del gobierno para garantizar certidumbre jurídica indispensable para generar riqueza en el territorio nacional; a la desatención de la salud y el desarrollo social, pues los recursos se concentran en programas de rentabilidad electoral. La estrategia de la administración obradorista se encuentra basada en programas asistencialistas y no logran aumentar la producción o mitigar las múltiples carencias de la población rural, mucho menos podrán alcanzar el objetivo de rescatar al campo y obtener la autosuficiencia alimentaria. La ineficacia administrativa predomina, sobre todo en el campo, en donde no sólo se recortan recursos a las actividades agropecuarias, sino los aprobados no se ejercen eficazmente ni en su totalidad. Mucho por hacer queda en este rubro fundamental para al sano desarrollo de la Nación.

El caos prevaleciente en la gestión del tabasqueño se puso nuevamente de relieve con el caso del programa “Sembrando Vida” y la renuncia del amigo del presidente, Javier May, subsecretario y titular de dicho programa. También se exhibió su ignorancia sobre lo que sucede incluso al interior de su propio gabinete. Debió de intervenir el tabasqueño para que el subsecretario se reintegrará a sus labores y giró instrucciones a fin de publicar un nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación y dejar sin efectos el publicado el pasado viernes, en el cual la Secretaría se adjudicaba todas las funciones desempeñadas hasta ese momento por May. La justificación para el cese del titular de “Sembrando Vida” es la falta de resultados. El programa tenía previsto la siembra de 575 millones de plantas en 2019, pero solamente logró sembrar 80 millones, un porcentaje muy por debajo de lo programado.

El desinterés en el campo, en el sensible rubro de la producción de alimentos, del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha registrado a lo largo de su administración, así como el incumplimiento de sus promesas a los campesinos en el sentido de que “rescatará al campo mexicano” e invertirá para lograr la autosuficiencia alimentaria. El presupuesto público del año pasado, elaborado en gran parte por la administración de Enrique Peña Nieto todavía, concentró los recursos públicos para el sector rural y su población en el anexo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación llamado Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC).

De acuerdo a la información reportada por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el mes pasado, en relación a las finanzas públicas de 2019, destaca el subejercicio en el PEC, el cual ascendió a casi 25,400 millones de pesos. Es decir, de lo originalmente presupuestado no se ejerció esa cantidad, la más grande de 2012 a la fecha. Además, dentro de los recortes al presupuesto el año pasado encontramos diversos programas muy importantes que dentro de sus objetivos están fomentar la producción y productividad del sector como: Fomento a la Agricultura, Fomento Ganadero, Productividad y Competitividad, entre muchos otros.

En esa situación se encuentran incluso programas considerados como prioritarios por AMLO. En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentran cuatro programas prioritarios del presidente y dos de ellos se ubican entre los subejercidos: Crédito Ganadero a la Palabra, que dejo de ejercer 3,025 millones de pesos, el 76% de su presupuesto original; y Fertilizantes, que subejerció 423 millones de pesos, que equivalen al 28% del presupuesto original. Los dos programas registraron diversas irregularidades en su aplicación. En cuanto a los programas que si cumplieron la meta de su presupuesto, hay muchas observaciones: Producción para el Bienestar, herencia de lo que fue Procampo, un subsidio en efectivo entregado a los productores para “sembrar efectivamente y utilizar las mejores prácticas agroecológicas”. El promedio de este proyecto resulta cerca de 6,000 pesos anuales, por lo cual es un monto insuficiente y los productores, en su mayoría, no utilizan esos recursos para producir.

Y el segundo programa, Precios de Garantía, paga un sobreprecio a los pequeños productores de hasta 20 hectáreas, en productos como maíz, frijol, arroz, leche y trigo panificable, con la intención de incentivar a producir alimentos que consideran estratégicos. No obstante, los productores se quejan de que es muy difícil vender a SEGALMEX, la empresa estatal encargada de comprar los productos, debido a que exige altos estándares de calidad y reduce el volumen (y por lo tanto el pago) de las cosechas que recibe. Además, este programa termina beneficiando a grandes productores debido a que son ellos quienes terminan vendiendo sus cosechas con prestanombres y obteniendo los beneficios del programa. También, este programa puede generar externalidades como menor producción de productos con mayor valor comercial, mayor consumo de agua, arbitraje, entre otros.

DE LOS PASILLOS

La armadura de impunidad del ex presidente Enrique Peña Nieto le sigue funcionado perfectamente pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 117 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos desvíos de recursos y otras irregularidades cometidas durante el sexenio del mexiquense. Este número se incrementará en los próximos meses debido a que la ASF aún no presenta las correspondientes a la Cuenta Pública de 2018, cuyo último paquete de auditorías fue entregado a la Cámara de Diputados el pasado 20 de febrero…

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha promovido 177 denuncias penales entre 2019 y 2020, que amparan operaciones por 321 mil millones de pesos en depósitos y 281 mil millones de pesos en retiros y ha bloqueado 12 mil cuentas con recursos por 4 mil 554 millones de pesos… Las pesquisas incluyen un fraude en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y operaciones ligadas a la pornografía infantil por parte del grupo religioso La Luz del Mundo, informó Santiago Nieto, titular de la UIF, quien precisó se trata de recursos asociados a narcotráfico, secuestros, trata de personas y defraudación fiscal vía empresas factureras, entre otras actividades ilícitas.

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