Lilia Arellano
*Cuarta Transformación, ¿hacia dónde?
*AMLO requiere gobernar con mandatarios estatales y alcaldes
*Gasto en seguridad, el más alto en 15 años
A diez meses de distancia, no se ve claro el rumbo hacia dónde va México en el actual gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, autodenominado Cuarta Transformación. No se puede hablar de un cambio de régimen, pero sí de administración federal, cuya orientación parece no quedar claro ni para los propios integrantes de su gabinete legal y ampliado. Se ha hecho énfasis en el combate a la corrupción, la austeridad republicana y el fin del despilfarro, cuyas acciones si bien han logrado mantener ciertos niveles de aprobación del titular del Ejecutivo federal, no han contribuido a resolver los dos principales problemas del país: el mediocre crecimiento económico, estancamiento y ahora franco retroceso, y la inseguridad pública, cuyos índices día a día rompen récords de ilícitos. Y todo parece indicar, de acuerdo al Paquete Económico en análisis en la Cámara de Diputados, el año entrante será igual, con las mismas inercias y sin atender los reclamos de la base estructural de gobierno del país, los mandatarios estatales y los presidentes municipales, cuyas demandas han sido ignoradas y rechazadas por la gestión del tabasqueño, e incluso éstos últimos fueron echados a la fuerza, con gas lacrimógeno, de Palacio Nacional.
Todo esto no hace sino contribuir a la incertidumbre y la ingobernabilidad del país. AMLO, ya se vio, no puede gobernar solo, necesita además de un gabinete eficaz y eficiente, que entienda el proyecto de nación el cual prometió construir. Pero no sólo eso, requiere también del trabajo y colaboración de los gobernadores, la mayoría de la oposición, no pertenecientes a su partido Morena, quienes el pasado mes de septiembre amagaron incluso con romper el Pacto Fiscal si persisten los recortes al presupuesto para las entidades federativas. Lo mismo sucede con los alcaldes, en su gran mayoría opositores, quienes rechazan los recortes al presupuesto municipal para 2020, y ya amagaron romper el diálogo con las autoridades federales, tras ser plantados en la Secretaría de Gobernación por funcionarios federales, quienes simplemente no acudieron a la cita, por lo cual se rompió la mesa de trabajo. Enrique Vargas, alcalde de Huixquilucan, y presidente de la ANAC, manifestó retiraron el voto de confianza al gobierno federal otorgado la semana pasada, y afirmaron analizan la posibilidad de reactivar sus acciones de protesta. En su generalidad, los alcaldes son menospreciados por el gobierno federal morenista.
En el Senado, la fracción parlamentaria del PAN buscó modificar el superávit primario para canalizar a municipios del país 26 mil millones de pesos y respaldar la Ley de Ingresos, pero la mayoría de Morena rechazó la propuesta. Minerva Hernández, de Tlaxcala, explicó propusieron “deslizar el superávit del balance primario en un 0.1 por ciento, como una medida contracíclica por la vía del gasto, a fin de que los municipios puedan invertir en infraestructura y combatir la inseguridad”. Sin embargo, la fracción de Morena no aceptó la propuesta. “No aceptamos nada de deuda. No vamos a deslizar este porcentaje de superávit, porque no queremos que se endeude el país y no queremos autorizarle al presidente de la República que se endeude, porque el mismo ha expresado su voluntad de no a la deuda (…) Pareciera ser mínimo un 0.1 por ciento, que representan 26 mil millones de pesos, sin embargo, no vamos a ceder en eso. No queremos que el país se endeude más”, indicó Ricardo Monreal, coordinador de Morena, al atajar la propuesta panista.
Los alcaldes elaboraron el viernes pasado un documento, entregado a la SHCP, donde plantean modificar las reglas de diversos fondos federales para que cuenten con recursos, sin candados y sin burocracia, a fin de atender temas como la seguridad, desarrollo urbano y atención a temas sociales. Las propuestas serán enviadas también al Congreso para su discusión. Plantearon la modificación de las reglas, coberturas y alcances del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para que éstas no se limiten sólo a la atención de la población en pobreza extrema y se conviertan en un fondo de infraestructura general y con la posibilidad de poder aumentarse.
También, sumar los recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG) con el (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública) FASP a fin de crear un fondo que se divida en un 80 por ciento para estados y 20 por ciento para municipios, y los proyectos se inscriban directamente en Gobernación y los recursos lleguen etiquetados a estos últimos. “En el caso de los recursos del FORTASEG, eliminar la obligatoriedad de la concertación entre los estados y los municipios y que el acceso sea directo entre los municipios y la Federación, además del incremento a 6 mil millones de pesos”, destaca el documento. Asimismo, restituir los recursos para el presupuesto 2020 y etiquetarlos a los municipios para Pueblos Mágicos, Pueblos Indígenas, Fonregión, Migrantes, Mineros, Fonden y Fonhapo.
Pidieron no disminuir los fondos de los ramos 23, 28 y 33. “Que en lugar del ramo 23, se cree un ramo para el desarrollo de infraestructura municipal, con ministración directa a los municipios y que la ventanilla sea la Secretaría de Hacienda. Dentro de la misma agenda, los alcaldes solicitan haya ajustes de tarifas de la Comisión Federal de Electricidad y del Agua Potable en municipios. Pidieron: “que exista el derecho generalizado de cobro de basura en municipios. Que se permita el cobro de prediales a establecimientos federales y estatales, así como a empresas productivas del Estado, además de empresas concesionarias”, entre otros puntos. Armando Portugués, alcalde perredista de Tultepec, Estado de México, reiteró les urge presupuesto para infraestructura, como la construcción o reparación de aulas, techos, pavimentación, bacheo y pintura. Lamentó que los 50 mil millones que se entregaban a los municipios en el sexenio anterior hayan sido eliminados del presupuesto, y llamó a la Federación a restituir ese dinero de manera directa a los ayuntamientos para evitar acusaciones de que existen “moches” o desvíos de recursos.
Gasto en seguridad,
el mayor en 15 años
Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (2006-2018) y hasta este 2019, han sido casi 2 billones de pesos los que el gobierno mexicano ha destinado a las instituciones de seguridad del país –las secretarias de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y la SSP, Gobernación, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)-, sin embargo, los indicadores de violencia también han ido incrementándose. De hecho, este año se prevé cierre con el registro de mayor número de víctimas de homicidios dolosos desde 1997, cuando comenzaron los registros oficiales de incidencia delictiva en el país.
Después de que Felipe Calderón detonará la llamada “guerra contra el narcotráfico”, el gasto público en seguridad fue de al menos 54,207 millones 725,500 pesos, en 2006. En 2007 aumentó 23.4%; en 2008, incrementó en 20.61%; en 2009 el aumento fue de 35.4%; en 2010 se registró una reducción de 1.6%; en 2011, los recursos para cuatro dependencias y un fondo fueron de 127,339 millones 180,532 de pesos; y en 2012, alcanzaron los 146 mil 838 millones 341,051 pesos.
Con Enrique Peña Nieto en la Presidencia, los recursos erogados en materia de seguridad pública aumentaron paulatinamente y de manera considerable hasta superar 183 mil. 615 millones de pesos en 2018. Y para este 2019, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los recursos para el tema de seguridad pública a cargo de la Sedena, Marina, Gobernación y el FASP llegaron a 193 mil 746 millones de pesos, 5.5% más que en el 2018.
El presupuesto en esta materia para el próximo año será el más alto en 15 años. Para el 2020, el fondo que se plantea entregar para la seguridad es de 199 mil 985 millones de pesos, lo que sumaría 2 billones 113 mil 728 millones 541 mil 921 pesos gestionados para la seguridad pública del país desde 2006.
A pesar del enorme caudal de recursos destinados a mejorar la seguridad pública, la estrategia sigue siendo la misma. El actual gobierno de la Cuarta Transformación sigue con la tendencia de la militarización de la seguridad pública, a través de la Guardia Nacional, lo cual entraña el riesgo de continuar los operativos improvisados, guiándose con la lógica del populismo punitivo de la mano dura, advierte la investigadora Rebeca Calzada Olvera, integrante del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
De manera similar a los dos sexenios anteriores, la estrategia de seguridad pública del actual gobierno federal está basada en operativos militares en donde hay más improvisación y uso excesivo de la fuerza que planeación estratégica, lo que se traduce en el fracaso de operativos como el de Culiacán, ya conocido como el “culiacanazo”.
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