Lilia Arellano
*Ola de violencia escala a “terrorismo”
*No se quiere la guerra sino la paz: RIR
“La violencia y las armas no pueden resolver los problemas del hombre”: Juan Pablo II.
Un total fracaso es la estrategia de “abrazos, no balazos” para enfrentar la ola de violencia que afecta al país desde hace al menos tres sexenios. Los homicidios, ejecuciones, desmembraciones, matanzas y desapariciones se han incrementado conforme avanza esta administración a pesar de la militarización de la seguridad pública y la creación de la Guardia Nacional, ya totalmente incorporada a las fuerzas armadas. La violencia ha evolucionado al “terrorismo”, como bien lo han admitido diversas autoridades. Durante su comparecencia ante el Senado de la República, la titular de la Secretaría de Seguridad y Promoción Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, no dio indicios de variar la estrategia seguida en la materia hasta la fecha. Por el contrario, según sus datos van muy bien pues, dijo, de 2018 a la fecha el robo de combustible se ha reducido en 94%, aunque los datos de Pemex señalen otra realidad; mientras el secuestro se ha reducido en 46%, lo cual tampoco es real; y, además, aseguró sin rubor, se ha frenado el aumento del homicidio doloso y del feminicidio.
En el acto al que asistieron los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y de Marina Rafael Ojeda Durán, insistió en que la Guardia Nacional, como corporación que busca la paz y tiene proximidad con la ciudadanía, está rindiendo frutos para hacer frente a la delincuencia y los actos de violencia en todo el país. Según la funcionaria, el robo de automóviles se ha reducido en 40%, y el robo a transeúnte y al transporte público ha bajado en 37%, mientras han sido intervenidas 41 mil cuentas bancarias vinculadas al crimen organizado por un monto de 14 mil millones de pesos. Tal y como lo propusiera Ricardo Monreal, la asistencia a esta comparecencia incluyó a todo el gabinete de seguridad, así la chaparrita se presentó con cinturón y tirantes.
Rosa Icela Rodríguez reportó que más del 50% de los casos de homicidio doloso se concentran en seis estados: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Chihuahua, donde se ha reforzado la presencia de la Guardia Nacional.
Destacó el 20 de julio inició el Fortalecimiento Integral de la Estrategia de Seguridad del Estado Mexicano, donde se ampliaron de 15 a 50 municipios prioritarios las acciones focalizadas mediante las Mesas de Construcción de Paz.
Seguramente Salamanca no estaba incluido, como tampoco aquellos en cuyo fin de semana anterior se produjeron masacres con decenas de muertos.
Para la funcionaria está en marcha una estrategia “eficaz” de desarticulación de bandas delictivas a través de inteligencia, para romper su capacidad económica y pidió no politizar el tema de seguridad.
“Lo dije al comenzar una encomienda: no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz. Ya lo dijo el presidente López Obrador y cito: “Vamos a seguir avanzando en pacificar el país, es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”, subrayó.
A su responsabilidad ligada a la seguridad le agregó reportes de Hacienda al sostener la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado cuentas vinculadas a operaciones ilícitas.
Además, hizo un recuento de las acciones realizadas de manera conjunta con otras dependencias en donde el gobierno de México ha bloqueado 41 mil 6 cuentas vinculadas a operaciones ilícitas por más de 14 mil millones de pesos.
También rindió cuentas alegres en materia de narcotráfico: de enero de 2020 a la fecha, la Sedena, Marina y Guardia Nacional han logrado el aseguramiento de 300 mil 6089 kilos de mariguana; 39 mil 725 de cocaína; 652 kilos de heroína; 68 mil 327 de metanfetaminas; 76 mil 282 de fentanilo; así como 31 millones 866 mil 455 dólares americanos y 319 millones 233 mil 390 pesos. A esto agregó el aseguramiento de 179 laboratorios de droga, más de 114 mil 33 armas de fuego, 35 mil 915 vehículos, 72 embarcaciones y 87 aeronaves. No obstante, el gobierno de Estados Unidos tiene otros datos y empuja para reforzar las acciones contra el crimen organizado del gobierno mexicano.
Terca realidad
La terca realidad también ofrece otros datos: de acuerdo con el Índice de Paz México 2021, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), desde 2015 hasta 2020, la tasa de homicidio subió 84 por ciento en México.
De las 10 ciudades más violentas a nivel mundial, seis están en México. El homicidio se ha convertido en la principal causa de muerte para los varones entre 10 y 54 años de edad.
A cuatro años del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, México sigue siendo el país más peligroso del mundo para los periodistas, y uno de los más letales para activistas, candidatos políticos y policías.
Durante la pandemia, los robos y homicidios ordinarios declinaron, pero las ejecuciones del crimen organizado incrementaron en casi igual medida, cancelando progreso alguno.
Con el estrés y enclaustramiento, estallaron los niveles de adicción y violencia familiar. Como resultado, los datos muestran aumentos alarmantes de narcomenudeo y feminicidio.
Si bien el costo humano es tremendo, también el costo económico es igual de enorme: según el Índice, la violencia inflige un daño equivalente a 22 por ciento del PIB de México, un costo 7 veces más grande que toda la inversión pública en atención médica, y 6 veces más grande que la inversión pública en educación. Hay cuatro estados en donde el costo de la violencia supera 40 por ciento del PIB estatal: Zacatecas, Guanajuato, Guerrero y Michoacán. A pesar de la gravedad del daño, México gasta solamente 0.73 por ciento del PIB en seguridad y el sistema judicial, el nivel más bajo en las Américas y en toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Salamanca:
terrorismo
El explosivo oculto en un regalo que dejó dos personas muertas el pasado domingo en un restaurante en Salamanca, Guanajuato, representa el punto álgido de la ola de violencia que resienten en esa región del país desde hace varios años, la cual no ha podido ser frenada por las autoridades municipales, estatales o federales. El ataque también mostró el poderío y control que tienen los cárteles del crimen organizado en los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. La estrategia desplegada para contener el crimen organizado en esta región, como ha ocurrido en el resto del país, ha sido fallida y de no perfeccionarla, ataques que son francamente terroristas pueden volverse cada vez más frecuentes.
El propio presidente López Obrador, tras condenar los hechos, admitió que en Guanajuato se han comenzado a utilizar explosivos para crear terror. El fin de los ataques ya no es solo ocasionar daños a las personas a quienes van dirigidos, sino causar miedo en la sociedad. Aunque no sirva de gran cosa, el mandatario dijo que, de requerirse, la Fiscalía General de la República atraería el caso para trasladarlo al ámbito federal y pidió no se politice. También el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, calificó la explosión como un “acto terrorista sin precedentes”, y anunció trabajarán coordinadamente con la Federación.
Estos hechos de alto impacto “nos obligan a redoblar esfuerzos y a coordinarnos de mejor manera con la Federación”, dijo el mandatario panista. A pesar de ser Salamanca, la cuarta ciudad más poblada de la entidad y su capital industrial, no apareció en el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo el año pasado, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia, A. C., y si lo hicieron sus localidades vecinas, Celaya –la más violenta del mundo-, Irapuato –ubicada en quinto lugar- y León, colocada en el lugar 47. Salamanca también forma parte de los 15 municipios con más homicidios del país. En 2020 fueron asesinadas 315 personas, y forma parte de las demarcaciones con la tasa de homicidios más alta por cada 100 mil habitantes, ubicándose en 115.2 asesinatos. Como consecuencia de la lucha entre dos organizaciones criminales, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima, por el mercado de narcóticos e hidrocarburos, Salamanca es uno de los epicentros de la violencia letal en el país.
Tanto autoridades federales como estatales se han referido a la explosión de Salamanca como un acto de “terrorismo”, sin embargo, especialistas como Fernando A. Mora, profesor de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey y especialista en seguridad, sostiene no entra en la definición tradicional de terrorismo. “El terrorismo, de acuerdo a la definición tradicional, es cualquier acto violento que busca infundir miedo para conseguir un cambio o posicionar una agenda política. En cambio, en Salamanca, ningún grupo se ha adjudicado el ataque. Muchos cárteles se disputan la plaza y no se sabe siquiera si sólo se trató de una intimidación por cobro de piso.
El ataque el pasado domingo demostró que la estrategia de seguridad, estatal y federal, está fallando, y con el discurso señalando fue un “acto de terrorismo” se impulsará continuar con la misma. Juan Carlos Romero Hicks, quien ha sido gobernador, senador y diputado federal, señala que la violencia en Guanajuato es debido a una serie de delitos (delincuencia organizada, narcotráfico y huachicol) contra los cuales no ha habido una estrategia ni acciones efectivas para combatirlos. “Requerimos de una estrategia integral y mayor coordinación de los tres poderes federales y locales, mayor coordinación entre las policías y corporaciones, mayor participación ciudadana para las denuncias”.
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