Lilia Arellano
*Ante OEA llegó Va por México bien armada
*Exhiben narco-penetración en proceso electoral
*Alargan fábula sobre reporte del colapso de L-12
A una exposición muy documentada para la OEA, y la CIDH sobre los hechos ocurridos el seis de junio, los cuales vistos por los opositores han significado un grave daño al país al presentarse sin ningún rubor la actuación de la delincuencia organizada para lo mismo provocar miedo, temor, ante amenazas que alterar resultados, el primer mandatario respondió con simpleza acompañada de su dosis de mentira: “Todos tienen derecho a asistir a cualquier organismo internacional… Los entiendo, están muy desesperados porque se unieron y pensaron que con dinero, con el apoyo de los medios de comunicación, iba a arrasar en la pasada elección, pero el pueblo de México es mucha pieza… querían la mayoría en el congreso”.
La mentira se hizo presente cuando afirmó ese organismo –OEA- ya había presentado una certificación sobre las elecciones y no hizo ninguna observación al respecto. Hubo un boletín de prensa de esa Organización dando a conocer tomo conocimiento del proceso en México, nada más. Las situaciones en las cuales se dejan en entredicho las actuaciones gubernamentales, reciben el calificativo presidencial de “politiquerías”, no así la serie de defensas a ultranza, inexplicables, hechas a candidatos impresentables como el desaparecido Félix Salgado Macedonio, o a su distribuidor de medicamentos preferido e inhabilitado pero llevado a las alcaldías tapatía Carlos Lomelí, o al investigado por nexos con el narcotráfico Ricardo Gallardo. ¿Injerencia ilegal o politiquería fraudulenta?
Pese a semejante minimización, al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, le entregaron una denuncia sobre la intromisión del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio, así como “el ataque constante a las instituciones y la persecución política contra opositores y medios de comunicación”. Solicitaron al organismo internacional se designe una comisión de observadores para investigar estos hechos.
Luego de entregar un documento de 57 páginas, los dirigentes opositores anunciaron harán lo mismo ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y lo entregarán a Tania Reneaum, su secretaria ejecutiva. De acuerdo con los líderes, en la pasada elección en la cual se renovaron 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados, el crimen organizado “apoyó, impuso, reprobó y asesinó a aspirantes en la mayor parte de los estados del país”. La denuncia contiene el registro de mil 66 delitos y agresiones de tipo político, exponiendo los casos ocurridos en siete estados, quitándole la vida a 36 aspirantes a un cargo de elección popular. Hacen referencia a siete entidades emblemáticas de la violencia criminal en ese proceso electoral: Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y San Luis Potosí.
La denuncia entregada a la OEA y la CIDH detalla: la violencia contra candidatos sumó un total de 693 víctimas, en el periodo del 7 de septiembre de 2020 al 6 de junio de 2021, lo que representa un incremento de 68% con relación a las 412 víctimas contabilizadas en el proceso 2017-2019. En 102 asesinatos dolosos y 48 homicidios en grado de tentativa cometidos contra políticos y aspirantes, destaca: la participación de comandos armados como autores materiales alcanzó 66%, mientras en 397 delitos no fue posible identificar a los agresores. De 102 políticos fallecidos, 36 aspiraban a cargos de elección, 31 buscaban puestos a nivel municipal y 90% eran opositores a los alcaldes gobernando los municipios donde ocurrieron los hechos.
En redes sociales, Alejandro Moreno informó: “Hoy, los dirigentes del PRI, PAN y PRD nos reunimos en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para denunciar la intromisión del crimen organizado en el pasado proceso electoral. “No permitiremos que la democracia mexicana se ponga en riesgo. Hemos presentado la relatoría de lo que, en nuestra visión, ha sido el proceso electoral en México, la situación que vive México y también aprovechamos para abordar distintos de la región. Vamos siempre con paso firme, claridad y contundencia para fortalecer las instituciones democráticas de México”.
En un videomensaje, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, alertó sobre la intervención del crimen organizado en el proceso electoral, lo cual se constituyó en el principal “peligro para la democracia en México. Acabamos de entregar aquí en la sede de la OEA un documento en el que damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro país, especialmente de lo que ha estado pasando en el proceso electoral que aún no termina, en donde alrededor del 6 de junio se presentaron hechos absolutamente condenables (…) como fue la presencia del crimen organizado que distorsionó el resultado de las elecciones, lo que ha llevado a que en el caso de Michoacán, por el PRD, junto con los partidos de la coalición estamos impugnando el resultado, exigiendo que se anule la elección y se reponga el procedimiento”.
El documento entregado a la OEA contiene denuncias propias, notas periodísticas y datos de consultorías como Lantia Intelligence, y señala 24 por ciento de los episodios de violencia fueron cometidos por grupos armados en contra de políticos y electores. “Durante meses, los avisos de amenazas, secuestros y asesinatos sufridos por los candidatos y los aspirantes a esos cargos trajeron la advertencia de que la violencia y la coerción criminal iban a estar presentes como nunca antes de estos comicios, los más grandes de la joven democracia mexicana. Grupos armados secuestraron e inmovilizaron a equipos completos de campaña, se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto públicamente y por consigna”.
Según la consultora Lantia Intelligence, en Michoacán se registró el mayor número de eventos de violencia política durante el proceso electoral, con 51 casos. Otra consultora, Etellekt, también colocó a esa entidad en el primer sitio en el número de aspirantes y candidatos asesinados durante el proceso, con nueve ejecutados. En el estado de Sinaloa, se documentó el secuestro de cerca de 100 personas, entre familiares y colaboradores de algunos candidatos, el robo de urnas y la no apertura de 55 casillas por amenazas del crimen organizado a los funcionarios responsables de su instalación. En cuanto al Estado de México, se reportaron 200 actos de violencia política el día de la elección. Se documentó el caso de Zudikey Rodríguez, candidata de la coalición PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Valle de Bravo, quien fue privada de la libertad por sicarios de la Familia Michoacana mes y medio antes de que se llevaran a cabo las elecciones.
También se resaltan los hechos similares ocurridos en los estados de Guerrero, Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí.
Ojalá tal presentación hubiese incluido los eventos ocurridos en contra de otros candidatos. El asesinato de Alma Barragán, aspirante a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, llevada a cabo en pleno acto de campaña, es otro de los más claros ejemplos de la incursión de la mafia y ni que decir de quienes renunciaron en conjunto: el alcalde electo de Penjamillo, Michoacán, para lograr su liberación al haber sido secuestrado para obligarlo a retirarse aún habiendo ganado la elección y a todo el grupo de regidores. No quedan muchas dudas sobre lo irregular del pasado proceso. Ojalá el TEPJF haga bien su trabajo y deje afuera a todos aquellos representantes de la mafia con pretensiones de insertarse en el poder.
Retrasan informe
de la línea-12
Nos quedaremos sentados y con un palmo de narices esperando ese informe hecho por técnicos y científicos pertenecientes a la empresa contratada por el gobierno de la CDMX para determinar las
causas del colapso de la Línea 12 del Metro. El ofrecimiento hecho de entregar ayer el peritaje no se cumplió y por lo tanto el compromiso hecho para dar a conocer un dictamen final el 6 de septiembre, tampoco lo veremos llegar. La empresa DNV la cual no registra en su información para ser contratada contar con experiencia en dictámenes como el encargado por la Sheinbaum, pidió tiempo o tal vez fue “time”, con lo que sabemos, dentro del lenguaje coloquial, significa.
Las presiones no faltan. Una de ellas es la del propio Carlos Slim quien, al momento de sacar cuentan, seguramente se percató del derrumbe accionario por recibir si, como debiera ser, resulta el culpable del derrumbe ante una obra hecha con remedos, con materiales no aptos, con la contratación, inclusive, de trabajadores sin experiencia. Seguramente le sale más barato hacerse cargo de la rehabilitación que enfrentar tal escándalo mundial, pues su Grupo Carso cotiza en las Bolsas de varios países. “Yo espero que esta semana ya podamos informar públicamente, ya vamos muy, muy avanzados, en los trabajos de la rehabilitación, en el proyecto ejecutivo y lo podemos mostrar con tiempo y los compromisos de las empresas” sostuvo Sheinbaum, tras agregar la mentira de ser “primero las víctimas”.
De los pasillos
Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó cinco personas muertas, seis lesionados y dos desaparecidos por el incendio del domingo en la Plataforma E-Ku A2 del Centro de Procesos Ku-A, perteneciente al Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, ubicada en la Sonda de Campeche. Según Octavio Romero Oropeza, el fuego inició en las instalaciones de comprensión y generación eléctricas. Apenas el pasado 2 de julio, una fuga de gas de los ductos submarinos de Pemex ocasionó un incendio de enormes dimensiones, “ojo de fuego” le llamaron, en la superficie marina a unos cien metros de la plataforma Akal-Charly, en el mismo complejo Ku-Maloob-Zaap… “Ojos” quienes aplican una muy mal entendida austeridad cuyos visos de mortalidad están claros…Deportó EU a México a Eduardo Arellano Félix, se supondría para ser juzgado en este país, aunque lo resaltante es su regreso, la salida de aquel país, una vez habiendo entregado gran parte de su capital económico. O sea, nos los devuelven a otro narco “bien pelado”.
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