Lilia Arellano
*4T: desorden, ineficiencia, corrupción
*Reporta ASF sumas multimillonarias sin comprobar
*Caos en Salud potenció fallecimientos por Covid-19
La cantaleta repetida una y otra vez en el templete mañanero haciendo referencia al combate a la corrupción, asegurando ésta ya no existe, con temibles afirmaciones sobre la diferencia entre el proceder de quienes ocuparon la presidencia anteriormente, las relacionadas con las acciones emprendidas por los miembros de sus gabinetes, sobre las relaciones cómplices entre la autoridad y las mafias de todo tipo, enfatizando en la certeza de la inexistencia de abusos, saqueos, robos en la administración actual, cae por su propio peso. No solamente se trata de referirse a la serie de demandas y denuncias interpuestas, inclusive, en las mañaneras, sino de lo descubierto por organizaciones civiles, por ciudadanos y, para no dudar más sobre la vigencia del binomio corrupción-impunidad, aparecen los números producto de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, los cuales resultan muy molestos al revelar la realidad, el pantano en el cual están inmersos los funcionarios de hoy y, por ello, les es urgente desaparecerla, fusionarla a una inútil Secretaría de la Función Pública.
Durante el primer año de gobierno la ASF detectó irregularidades que alcanzarían los 67 mil 498.4 millones de pesos. El sábado pasado, David Colmenares Páramo, presentó en la Cámara de Diputados la tercera entrega de informes individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública de 2019. Del total, el gobierno debe comprobar, 28 mil 730.4 millones de pesos los cuales fueron ejercidos por las entidades federativas y los municipios con irregularidades principalmente en Comunicaciones y Transportes por 22 mil 331.5 millones de pesos, no comprobados su ejercicio. También existen faltantes en comprobación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por 4 mil 576 millones de pesos, y en Bienestar por 3 mil 392 millones de pesos.
Ante coordinadores de las bancadas, Colmenares Páramo informó: “Realizamos varias auditorías a cada ente, al Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, programas sociales, tales como Becas para el Bienestar Benito Juárez, el programa Sembrando Vida, Crédito Ganadero a la Palabra, Censo del Bienestar y el padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social”. Reportó, inició mil 804 procedimientos de afincamiento de responsabilidades resarcitorias contra funcionarios públicos, así como mil 385 de observaciones no solventados. Precisó esta semana se presentaron 13 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), en seguimiento de auditorías anteriores. Por primera vez, destacó: “se revisó la integración de la Cuenta Pública en su apartado de gasto federalizado, el cual en 2019 tuvo un monto aproximado de 1.9 billones de pesos, con una relevante importancia financiera y estratégica, ya que significa alrededor de una tercera parte del gasto neto de la Federación, es decir 33% de ese ejercicio”.
Dulce María Sauri, presidente de la Cámara de Diputados, solicitó al auditor superior se audite la adquisición, distribución y la estrategia de vacunación contra el Covid-19. Cabe destacar al escribir estas líneas el número oficial de muertos por la pandemia rondaba los 180 mil (los expertos estiman en 450 mil el número real de los fallecimientos), y los contagios suman más de 2 millones 233 mil 973 –otros reportes aseguran son más de 6 millones los infectados-. La legisladora priísta expresó sólo con finanzas sanas y bien administradas se puede dar viabilidad a la justicia social, sobre todo en esta coyuntura de pandemia por coronavirus, la cual ha potenciado, junto con el desorden en salud, el número de víctimas.
Respecto al Tren Maya, la ASF reveló que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) arrancó en 2019 el proyecto sin haber determinado su factibilidad social y sin contar con un diagnóstico en prevención de los posibles efectos y riesgos sociales que ocasionaría su construcción y operación. Se realizaron 7 auditorías al Tren Maya, y tras revisar el ejercicio de alrededor de mil 100 millones de pesos, concluye, entre otros puntos, se debe aclarar el destino de 156 millones de pesos, relacionados con pagos no justificados y adjudicaciones de contratos. Para el organismo fiscalizador, en 2019 el Fonatur careció de estudios para determinar la factibilidad social del proyecto debido a la inexistencia del trazo definitivo del Tren Maya, ni de la ubicación de los polos de desarrollo a lo largo de su ruta. De continuar con las modificaciones en el diseño del proyecto –como cambios en la ruta del tren- o de generarse retrasos en la construcción, “podría incrementarse la inversión y existiría el riesgo de que el Estado no obtenga la rentabilidad esperada por el proyecto”.
El costo real por la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) será de 331 mil 996 millones de pesos, lo cual significa un incremento de 231 por ciento, respecto a lo estimado por el gobierno federal, determinó la ASF. En la tercera entrega de la cuenta pública, la Auditoría señaló fue que la SCT quien estimó una cifra de 100 mil millones de pesos, sin embargo, no consideró todos los gastos. “La dependencia consideró la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados”, Se especificó: del total del monto, 163 mil 540 millones de pesos corresponden a los costos recuperables de inversión en el periodo 2014-2018, y 168 mil 455 millones de pesos por obligaciones pendientes. El costo total de la cancelación podría incrementarse debido a estar pendiente la liquidación de 70 por ciento del valor de los bonos emitidos para financiar el proyecto y se deberán pagar comisiones o intereses generados por los bonos en circulación pendientes de recompra.
Fueron detectados pagos improcedentes por 51.4 millones de pesos en los trabajos de construcción y obras complementarias del tramo 3 del Tren Interurbano México-Toluca, durante 2019. Encontraron diversas irregularidades cometidas por la SCT en el proyecto heredado de la administración anterior. Entre los pagos improcedentes detectados está uno de 15.7 millones de pesos por la incorrecta integración de ocho precios unitarios no previstos en el catálogo de la obra, 13.9 millones de pesos por la duplicidad del pago de los domingos y días festivos, así como 14.2 millones en liquidaciones de horarios nocturnos para supervisión externa no acreditados.
En cuanto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, encontraron irregularidades por 57 millones de pesos durante el periodo auditado, por pagos a jóvenes estudiantes cuando su labor era ser capacitados para el trabajo. Los pagos generados fueron por 51 millones 213 mil pesos. De esta manera 3 mil 188 jóvenes recibieron el pago mensual de 4 mil pesos cuando también eran beneficiarios de la SEP. Además, 183 estudiantes fueron beneficiarios, a pesar de que eran parte del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, mientras 68 personas ya fallecidas recibieron una beca mensual. Entre las deficiencias destacan irregularidades en las compras consolidadas de bienes y servicios, así como el pago de pensiones a adultos mayores. De acuerdo con la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, el Banco del Bienestar realizó pagos por un monto de 983 millones 663 mil 600 pesos a 77 mil 117 adultos mayores, pero el padrón de beneficiarios carece de la Clave Única de Registro de Población (CURP), por lo tanto no se presentó evidencia documental y normativa que acredite su existencia.
A otros 511 beneficiarios les duplicaron su pensión por un monto de un millón 836 mil pesos, mientras otro monto por seis millones 308 mil 700 pesos no cuenta con evidencia documental para acreditar la procedencia del concepto “Pago de Marcha” correspondiente a cuatro mil 948 beneficiarios. Asimismo, la Auditoría revela la entrega de 872 mil pesos a 234 personas beneficiarias fallecidas, pero siguieron siendo consideradas dentro del padrón.
Fallecimientos
En la compra consolidada de medicamentos para el segundo semestre de 2019, la SHCP y la Secretaría de Salud erogaron 7 mil 169 millones de pesos. Durante este proceso, la ASF detectó: “la planeación y operación de las adquisiciones públicas por parte de la SHCP; la conducción y aplicación de los mecanismos de prevención, vigilancia, inspección y revisión de las adquisiciones públicas por la SFP, así como de la SSA en la adquisición consolidada de medicamentos, fueron deficientes”. Advirtieron sobre la falta de “congruencia y calidad” en el diseño de las compras, sumado a la mala instrumentación de estos procesos no sólo amenaza la “calidad del gasto”, también ponen en riesgo el “acceso efectivo, universal y gratuito de los medicamentos a la población”. Fueron detectadas anomalías por 8 millones 918 mil 261 pesos, en el modelo de adquisición y distribución consolidada de medicamentos y material terapéutico para el Sector Salud.
En dos informes, la ASF manifestó se encontraron irregularidades en 28 de 35 procesos de auditoría hechos a Salud, Hacienda, el IMSS y el Insabi. Fueron detectadas deficiencias en el proceso licitatorio para la compra consolidada de la adquisición de bienes terapéuticos del segundo semestre de 2019, ya que la Secretaría de Salud no atendió el desabasto de bienes terapéuticos solicitados por las 27 instituciones públicas que participaron. De las 3 mil 988 partidas requeridas por las instituciones, se licitaron 3 mil 257, de las cuales sólo mil 181 fueron adjudicadas. En tanto, de las 2 mil 807 partidas no fueron adjudicadas, 731 no se licitaron, mil 895 se declararon desiertas, 167 canceladas y 14 sin estatus, entre éstas se incluyeron diversas partidas correspondientes a medicamentos oncológicos.
De los pasillos
El desabasto de medicamentos siguió resistiéndose el año pasado. El colectivo Cero Desabasto, en su informe “Mapeando el desabasto en México informó: el año pasado se dieron 2 mil 556 reportes de desabasto de medicamentos, con lo cual hubo un “alarmante” aumento de más del doble con respecto al 201. “Las enfermedades más afectadas por el desabasto son, en primer lugar, cáncer, con un aumento dramático de casos en el segundo cuatrimestre del año; le siguen pacientes con diabetes e hipertensión con el 13% y el 8% de los casos totales, respectivamente”. El reporte indica el ISSSTE presentó una mayor escasez de medicamentos para enfermedades cardiacas, oncológicas y de manejo para la diabetes. El IMSS encabeza la lista en la omisión de quimioterapias, así como de tratamientos antirretrovirales y de trastornos mentales, además de falta de medicinas para pacientes hipertensos y con diabetes. Y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) tiene “índices elevados de no surtimiento en pacientes con enfermedades oncológicas”. Las entidades con mayor número de reportes de desabasto son Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Veracruz, las cuales concentran el 55% de los casos registrados.
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