*Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, encabeza las diligencias
IGUALA. Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) e integrantes de la Comisión por la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, acompañados por el sub secretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas Rodríguez, realizaron un cateo en un domicilio particular en esta ciudad de Iguala, donde se habrían realizado inhumaciones clandestinas.
Estas diligencias (a puerta cerrada) iniciaron en la madrugada de este jueves en la casa marcada con el número 133 de la calle Prolongación Juárez, esquina con la 10 de Abril de la colonia Juan Álvarez, lo que está relacionado con el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.
La vivienda que fue cateada se ubica a tres casas del auto lavado “Los Peques”, uno de los centros de operaciones del grupo criminal “Guerreros Unidos”, que encabezaban los hermanos Víctor “El Oso”, Mateo “El Gordo” y Salvador “El Chava” Benítez Palacios, quienes de acuerdo a las investigaciones oficiales estaban bajo el mando de los hermanos Ángel, Adrián y Sidronio Casarrubias Salgado, cabecillas de esa banda de delincuentes.
En esta zona la circulación vial fue cerrada desde el Periférico Norte hasta la calle Karina.
Algunos vecinos comentaron que cuando comenzaron las diligencias en esa casa, comenzaron a percibir fuertes olores fétidos.
Trascendió que además de esa vivienda, se realizarán diligencias en otras casas que han sido ubicadas por la FGR e integrantes de la Comisión de la Verdad que encabeza Alejandro Encinas Rodríguez y de la cual forman parte los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi 5 años. Del interior de esa casa por la mañana sacaron una camioneta Pick UP, vehículo que será examinado por peritos de la FGR con la intención de encontrar rastros, objetos que pudieron pertenecer a los 43.
El operativo se llevó a cabo a una cuadra de donde fueron asesinados los normalistas Gabriel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, la misma noche del 26 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron los 43.
Estas diligencias ocurren un día después de que padres de los 43, acompañados de Alejandro Encinas, de sus abogados, de personal de la oficina de la ONU en materia de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acudieran a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Las puertas de esas instalaciones militares se abrieron luego de casi cinco años de que los padres demandaban visitarlas, pues aseveraban que en ese sitio pudieron haber cremado a sus hijos.
También, estas acciones se desarrollan a unos días de la próxima visita, el 31 de julio y 1 de agosto, de la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, para dar continuidad al Plan de Trabajo del Mecanismo Especial para el Caso Ayotzinapa y al que se invitará al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Por la tarde, ala casa marcada con el número 133 de la calle Prolongación Juárez, esquina con la 10 de Abril de la colonia Juan Álvarez, llegó una retroexcavadora que utilizarían para continuar con los trabajos.
En el lugar, Alejandro Encinas Rodríguez dio unas breves declaraciones sobre la diligencia en esa vivienda y explicó que la Comisión que encabeza, “acompañaba” a la FGR en calidad de “testigos por una denuncia de una presunta inhumación clandestina y algunos cuerpos en este domicilio”.
Indicó que se estaban implementando los protocolos desde muy temprano, “hay que tener mucho cuidado en la diligencia, pues es un domicilio donde hay menores (niños) a los que se les dio atención sicosocial de inmediato; ha habido acompañamiento a los actuales moradores de este domicilio”, quienes al parecer se encuentran rentando el inmueble.
El subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal señaló que hasta ese momento no se había confirmado de la localización de algún cuerpo en esa supuesta fosa clandestina, pero que habría información “al concluir los trabajos”.
Aceptó que había otras diligencias en Iguala de parte de la FGR, pero aseguró que no tenían relación con la que se implementaba en este domicilio cercano al auto lavado de “Los Peques”.
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