Uno de los temas que polariza opiniones en nuestra sociedad es el relativo al surgimiento de nuevos partidos políticos. En particular, porque muy pocas personas encuentran “útil” que cada cierto tiempo exista la posibilidad de integrar organizaciones que se incorporen a la competencia electoral.
Con independencia de la necesidad de garantizar el derecho de todas las personas de asociarse para la búsqueda del poder público, lo cierto es que existen buenas razones para la existencia de múltiples voces críticas hacia la forma en la cual se ejerce tal derecho.
Y en el caso de los partidos estatales -específicamente los de Coahuila- los señalamientos actuales tienen que ver, sobre todo, con la historia reciente de los comicios locales que han estado marcados por un conjunto de irregularidades que hacen desear que el proceso para formar nuevos partidos se vuelva más difícil.
Como se ha documentado, en el último proceso electoral de Coahuila todos los partidos estatales, excepto uno, perdieron su registro porque no obtuvieron el respaldo suficiente de los ciudadanos en las urnas, es decir, no cruzaron el umbral mínimo del 3 por ciento de la votación válida para seguir existiendo como opción electoral.
Pero cuando no terminaban aún de ser disueltos por esta causa, sus más prominentes figuras ya se aprestaban a solicitar un nuevo registro, pues nada impide que un partido “reviva” indefinidamente.
Y este hecho por sí solo no levantaría mayores comentarios si no fuera porque, antes de ser disueltos, dichos partidos fueron sancionados por haber incurrido en graves irregularidades en el manejo de sus finanzas, es decir, en la administración del dinero público que se les entregó para financiar sus actividades ordinarias y para buscar el voto popular.
Paradójicamente, este año podría ocurrir que, aun cuando se repita la historia de un magro respaldo popular en las urnas, los partidos locales de nueva creación -Unidos, PRC y Emiliano Zapata- pudieran mantener su registro como opciones políticas merced a una muy baja participación electoral.
De acuerdo con pronósticos ampliamente compartidos, el próximo 18 de octubre se podría registrar en Coahuila una de las participaciones ciudadanas más bajas de la historia, incluso por abajo del 30 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal.
Si eso ocurriera, los partidos de nueva creación requerirían alrededor de 20 mil votos para cruzar el umbral que les garantice mantener el registro que recién obtuvieron, lo cual les abre la puerta al financiamiento público por al menos otro año y a la posibilidad de construir alianzas en el proceso electoral para la renovación de ayuntamientos en 2021.
De actualizarse este escenario, sería perfectamente legal que dichos partidos siguieran existiendo, pues habrían cumplido las reglas que establece la Ley. Pero eso no elimina la posibilidad de cuestionar si, con un número tan pequeño de votos, es “socialmente rentable” que organizaciones de este tipo sigan existiendo a costa del dinero que pagamos los ciudadanos.
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