Armando Ríos Piter
Conocí al General Cienfuegos hace muchos años en el estado de Guerrero, cuando era encargado de la IX región militar. Siempre tuve de él la imagen de una persona recta e intachable; de ser un soldado de carrera con un gran conocimiento del país y con una gran compenetración con los valores de la institución que representaba. Especialmente le estoy agradecido por la enorme ayuda que le brindó a mi entidad cuando en los días difíciles de septiembre del 2013, tras el paso del huracán Ingrid y Manuel, el ejército apoyó -bajo su liderazgo- con profunda dedicación a los miles de afectados en cada rincón de la geografía suriana.
Al conocer la noticia de su detención en Los Ángeles, California, quedé profundamente sorprendido. Más allá de la andanada mediática, es fundamental tener un conocimiento claro y profundo de las acusaciones, evidencias y pruebas para expresar un juicio personal que no solo vaya con la ola del momento. Habrá que exigir que se de un proceso justo, libre de sesgos políticos, no solo porque el debido proceso así lo indica, sino por sus profundas consecuencias políticas y sociales.
La detención de un ex Secretario de la Defensa no tiene precedente en la historia de México. Sería equivocado pensar que se trata de un hecho aislado o de algo que puede manejarse como cualquier otro tema. Algunas preguntas inmediatas son: ¿Cuál será la magnitud del daño que se genera para la institución castrense? ¿Qué significa esto para el sistema político mexicano? ¿Cómo le afecta esto al propio presidente López Obrador?
A petición de la DEA y como parte de la “Operación Padrino”, quien fuera General Secretario en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue arrestado por las autoridades de Estados Unidos con el fin de enfrentarlo a cargos por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. El juicio habrá de llevarse a cabo en Nueva York, en el mismo juzgado que se sigue el proceso de Genaro García Luna. Los delitos que le imputa la fiscalía se habrían cometido entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, ligados al Cártel del H2, grupo con orígenes en los Beltrán Leyva.
Hay quienes señalan que la razón por la que se aprehendió al general en retiro, fue una petición realizada por parte del propio gobierno de López Obrador, con la finalidad de mandar una señal contundente contra integrantes del Ejército Mexicano que se ha mostrado a disgusto con su gobierno. No lo creo, me parecería absurdo. Este tema puede generar serias heridas y afectaciones a la institución militar, al prestigio que ésta representa en nuestro sistema político e incluso, al propio presidente López Obrador.
La primera sería una grave afectación a la moral al interior de las fuerzas armadas, quienes al ver que un General Secretario, es detenido y sometido a proceso podrían perder confianza en la cadena de mando. ¿Cómo darle credibilidad en la tropa a las acciones contra el crimen organizado, si el principal mando militar es señalado por actos de corrupción?
La segunda generaría un mayor debilitamiento del propio sistema político, que a lo largo de décadas, ha dejado la responsabilidad de las tareas más delicadas en la institución castrense. ¿En quien se podrá confiar ahora? El propio presidente López Obrador ha echado mano del Ejército para un sinnúmero de acciones, por considerar que nadie más tiene capacidad de desarrollarlas.
La tercera implicaría directamente un desgaste para el propio titular del Ejecutivo Federal. Que la honorabilidad del General Cienfuegos esté en duda, afecta a todos los mandos que estuvieron previamente bajo sus órdenes. La imagen de muchos militares que hoy trabajan para el propio AMLO y decisiones tan complejas como la de liberar a Ovidio Guzmán, podrían quedar en duda frente a la sociedad.
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