Un aeropuerto ganso
El presidente López Obrador inició el 29 de abril la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Ya hay, por lo menos, una manifestación de impacto ambiental, elaborada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM bajo la responsabilidad del doctor Arturo Palacio Pérez y presentada a la Secretaría del Medio Ambiente por la Secretaría de la Defensa. La manifestación se publicó el 17 de abril en la Gaceta Ecológica y tiene fecha de 15 de abril. Los ciudadanos pueden hacer observaciones hasta el 28 de abril, mientras que la Semarnat dispone de 60 días para autorizar, rechazar o pedir más información.
El presidente, sin embargo, tiene prisa y por eso la construcción empezará antes que se autorice. Hubiera sido igual que pidiera permiso a la Madre Tierra.
No conocemos ni el estudio de factibilidad económica, ni el proyecto ejecutivo, ni el estudio de aeronáutica. Sabemos que este último se ha encargado a Aéroports de Paris, una empresa francesa, para no pasar por MITRE, la firma estadounidense que certificó el aeropuerto de Texcoco y que realiza los estudios de aeronavegabilidad para la mayoría de los aeropuertos de Norteamérica.
La manifestación de impacto ambiental señala que “uno de los principales problemas detectados en la planeación para la ubicación de las pistas, lo constituye la presencia del cerro de Paula, cuya elevación es de 2,625 msnm, principalmente para la ubicación de la pista sur (04R-22L)”. La solución ha sido reservar esta pista para operaciones militares.
La actual base militar de Santa Lucía tiene una superficie de 2,331 hectáreas. El nuevo aeropuerto requerirá 3,615, por lo que habrá que comprar o expropiar 1,284 hectáreas, algunas privadas y otras ejidales. El costo ha aumentado 11.6 por ciento antes de empezar, al subir de 70,342 millones a 78,557 millones de pesos. Esto incluye un rubro de 6,275 millones tachado en la manifestación, por lo que no sabemos de qué se trata.
Aun así, el proyecto parece barato frente a los 13,300 millones de dólares (254 mil millones de pesos al tipo de cambio de mayoreo de ayer, 19.10) del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Sin embargo, hay grandes diferencias. Dos tercios del presupuesto del NAIM se estaban financiando con recursos privados y con la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; López Obrador pudo haber dejado el proyecto enteramente en manos privadas, pero prefirió cancelarlo. Los 78 mil millones de pesos de Santa Lucía serán dinero público y se traducirán en un aeropuerto con capacidad para 18 millones de pasajeros anuales. El NAIM movería 55 millones en su primera etapa, pero además podría ser un hub, un centro de conexiones internacionales, cosa que no permite Santa Lucía.
El NAIM dejaría el predio y las instalaciones del actual aeropuerto disponibles, lo cual habría podido generar un valor enorme al erario. Con el proyecto de Santa Lucía se seguirá usando el TUA del AICM, pero solo para saldar las deudas de un aeropuerto que nunca operará. No sabemos cuál será el costo total de saldar los compromisos del NAIM y dejar el terreno en sus condiciones originales, pero rebasará los 100 mil o 150 mil millones de pesos.
Habría sido más barato terminar el aeropuerto, pero para López Obrador el NAIM debe ser cancelado porque es un símbolo del período neoliberal. Es mejor gastar más para tener un aeropuerto ganso. Al fin y al cabo los fifís pagarán el costo.