Acceso a la justicia, pendiente crítico
La lucha por el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de las mujeres ha ido rindiendo frutos. No obstante, las condiciones de desigualdad que las afectan hacen patente la necesidad de seguir visibilizando las problemáticas y de trabajar de forma conjunta el Estado, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y academia, para ir cerrando las brechas.
El acceso a la justicia es un derecho humano que permite, a su vez, el pleno ejercicio del resto de los derechos. De igual forma, es un elemento fundamental del Estado de Derecho y de la buena gobernanza, y su garantía reduce la impunidad y la corrupción. El derecho de acceso a la justicia ha sido reconocido por diversos instrumentos internacionales, por la mayoría de las constituciones de los países y su violación ha sido objeto de observaciones de distintos comités de derechos humanos, así como de sentencias de cortes internacionales y regionales.
Como en el caso de la mayoría de los derechos, las mujeres no ejercen el acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los hombres. Además de las deficiencias de los sistemas de procuración e impartición de justicia que viven todas las personas en general, las mujeres sufren discriminación por el hecho de ser mujeres y deben hacer frente a obstáculos tales como estereotipos negativos de las y los operadores de justicia, leyes discriminatorias, así como discriminaciones múltiples, por el hecho de ser indígenas, rurales, lesbianas, entre otras. Ello refuerza la discriminación estructural que pesa sobre las mujeres e impide que, cuando sus derechos son violados, puedan ser restituidas y reparadas adecuadamente.
En 2017, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), lo que se conoce como “la cifra negra”, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa y carpeta de investigación, fue de 93.2 por ciento a nivel nacional. Asimismo, los principales motivos que llevan a las personas a no denunciar son atribuibles a la autoridad, pues 34.2 por ciento lo considera una pérdida de tiempo y 16.5 por ciento dice no tener confianza en las autoridades.
Todo lo anterior implica, además, que tanto las autoridades de procuración como de impartición de justicia realicen sus labores con perspectiva de género; es decir, que valoren los impactos diferenciados que tienen las normas en hombres y en mujeres, debido a los roles de género socialmente impuestos, que identifiquen las relaciones asimétricas de poder y que velen porque no se perpetúe la desigualdad.
Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres debe ser prioritario no solo porque es una obligación del Estado, sino porque es una forma de combatir la impunidad y la corrupción. Cuando no se persiguen, enjuician y sancionan los delitos, se reducen los incentivos para no cometerlos.
Este año, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se centra en los sistemas de protección social, acceso a servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Que sea esta una oportunidad para refrendar y profundizar los compromisos en materia de los servicios de acceso a la justicia, para establecer una paz duradera y construir una sociedad más próspera.
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