La Corte y la ministra Rioboó
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) parece sumada a la llamada Cuarta Transformación. El presidente de la República ha logrado desplazar a los jueces federales de carrera, a los que tanto ha criticado durante años, y ahora el reto es que el máximo tribunal no regrese a la cercanía con el Ejecutivo.
La designación de Yasmín Esquivel Mossa como ministra, a pesar de haber incurrido en un probado conflicto de interés como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se suma a otros dos movimientos del presidente Andrés Manuel López Obrador para incidir en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
El primero fue la designación como ministro de Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien arribó al tribunal constitucional del país desde la academia después de una carrera por los tribunales de la Ciudad de México. Incluso, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital en los primeros años del gobierno local de López Obrador.
Pero llegó con una primera encomienda: apoyar al ministro Arturo Zaldívar para quedarse con la presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El competidor era el ministro Alberto Pérez Dayán, quien mantiene en suspenso la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ante los alegatos de vicios constitucionales cometidos por el Congreso. Se trata de la justificación legal de uno de los objetivos de López Obrador: que nadie gane más de los 108 mil pesos que se fijo a sí mismo.
En sus casi tres meses como representante del PJF, el ministro Zaldívar ha estado muy lejos de la imagen que durante diez años construyó como promotor de la autonomía e independencia de los jueces, además de defensor de los derechos humanos ante los actos de poder, en casos como la Guardería ABC y el de Florence Cassez.
Su primer acto de Estado como ministro presidente fue el 5 de febrero, en el 102 aniversario de la Constitución. Su discurso estuvo a años luz de lo que ha defendido en el pleno de la Corte y en la Primera Sala, que también llegó a presidir. Alineó su discurso al del Ejecutivo. Como lo mandan los tiempos políticos, le pidió a los jueces aplicar un “nuevo paradigma”: el del “constitucionalismo social”.
Antes, tuvo un acto que no fue público, pero que demostró su interés por no incomodar al presidente: la destitución de Janine Otárola como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), después de que ésta avalara el triunfo del PAN en las elecciones de Puebla, en beneficio de Martha Ericka Alonso, muerta diez días después en un accidente aéreo.
Como el que calla otorga, el ministro Zaldívar aceptó que López Obrador dijera claramente que la Presidencia de la República había intervenido para cambiar un proyecto de resolución y evitar de esa manera la devolución de 35 mil millones de pesos a exaccionistas del Grupo Modelo. López Obrador no perdió la oportunidad para irse contra los jueces federales.
Aquel silencio se rompió por el escándalo que provocó la magistrada de Jalisco Claudia Mavel Curiel López al pasar a sus homólogos el mensaje del presidente de la Corte de no criticar a López Obrador, so pena de ser sometidos a procedimientos administrativos.
La llegada de Esquivel Mossa, esposa del contratista de López Obrador, José María Riobóo, suma al ambiente de sospecha de una peligrosa cercanía con el Palacio Nacional.
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