La austeridad, un ataque frontal a los derechos de las mujeres
Austeridad. De izquierda a derecha, los gobiernos no se sacan esa palabra de la boca. En Argentina, el gobierno lanzó el año pasado un conjunto de recortes presupuestarios, reviviendo recuerdos dolorosos de la crisis económica de 2001-2002, que sumió a millones de personas en la pobreza y causó una grave crisis política. Y es también en nombre de la austeridad y la lucha contra la corrupción que el recién elegido presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió reducir los gastos de su gobierno, con el objetivo de lograr un superávit primario (es decir, antes del pago de intereses) del 1 por ciento del PIB.
La exigencia de recortes presupuestarios, que en la práctica tienen un impacto directo en los servicios públicos, no sólo favorece el populismo y las tensiones sociales, sino que es también un ataque frontal contra los derechos de las mujeres. Y es así porque ellas dependen más de los servicios sociales públicos que alivian la carga del trabajo no remunerado que recae de forma desproporcionada sobre sus hombros. Limpiar, cocinar y cuidar de los miembros dependientes de la familia -niños, ancianos y personas con discapacidad- siguen siendo “asuntos de mujeres”.
El acceso de las mujeres a la protección social, los servicios públicos de calidad y las infraestructuras es ahora una prioridad de la comunidad internacional. De hecho, es el tema principal de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas 2019, que se celebrará en Nueva York del 11 al 22 de marzo. No se trata de una reunión burocrática más: sus conclusiones definirán las políticas de igualdad de género que los países pretenden aplicar en los próximos años.
Es urgente reformar el sistema tributario internacional global para poner fin a todos los mecanismos de evasión fiscal. Cuando las empresas no pagan los impuestos que les corresponden, hay menos dinero para invertir en servicios públicos, infraestructuras sostenibles y protección social, que son los principales impulsores de la igualdad de género. Sólo los ingresos fiscales anuales que pierden los países en desarrollo debido a las prácticas comerciales fraudulentas de las multinacionales se estiman entre 98 mil y 106 mil millones de dólares, casi 20 mil millones de dólares más que el gasto necesario para lograr la cobertura universal de agua y saneamiento.
En estos tiempos difíciles, en los que muchos líderes políticos sin escrúpulos utilizan la xenofobia, pedimos a los representantes que asuman compromisos con políticas dirigidas a todas las mujeres, incluidas las migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Es especialmente preocupante que algunos países europeos estén intentando limitar el acceso de los inmigrantes a las prestaciones sociales.
Sin políticas voluntarias como éstas, la mayoría de los países no podrán cumplir con su renovado compromiso sobre igualdad de género de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las mujeres seguirán teniendo dificultades para permanecer en el mercado laboral y asegurar sus derechos de protección social a través del empleo. Tampoco encontrarán tiempo para el descanso, el ocio o la participación política. Los servicios públicos de calidad, universales y basados en los derechos son una cuestión feminista.
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