EDITORIAL

¿De qué lado está el Poder Judicial?

Sin duda, en esta administración, se ha presentado un cambio en el poder Legislativo y en el Ejecutivo. No puede decirse lo mismo del Poder Judicial.

El amparo del sector empresarial, porque así debe describirse al amparo de CONCAMIN, contra la publicación del nuevo etiquetado, busca la suspensión de la publicación de las respuestas a los más de 5 mil comentarios que se presentaron en la consulta pública. La publicación de las respuestas a los comentarios es condición para publicar, en un periodo máximo de 15 días hábiles, la modificación a la norma 051 que contiene el nuevo etiquetado.

¿Por qué busca la industria suspender esta publicación? Sin duda, porque se expondría públicamente la evidencia científica que da sustento al nuevo etiquetado.

Por todos los medios, la industria buscará que ni estas respuestas, ni las actas de las sesiones del grupo de trabajo, firmadas por representantes de las empresas, en las que se da constancia  que se llegó a consensos en 175 numerales de 176, entre todos los sectores, sean hechas públicas.

El sector empresarial de las bebidas y alimentos ultraprocesados nunca enfrentó un proceso de normalización tan transparente y democrático. Acostumbrado a haber impuesto en 2014 un etiquetado a su gusto, sabiendo que no era entendible por la población; teniendo a su servicio, durante la administración de Peña Nieto, a la Secretaria de Salud, a Cofepris, a la Secretaria de Educación y, por supuesto, a la Secretaria de Economía, las grandes corporaciones desconocían ya lo que era un proceso democrático de normalización.

El proceso quedó registrado en actas firmadas por todos los sectores. Se avanzó en varios acuerdos, se formaron subgrupos para avanzar en temas de discusión que se presentaban al conjunto del grupo de trabajo. En varias ocasiones, los acuerdos fueron aplaudidos por todos los sectores.

Ante la referencia que se realizó en el pleno del grupo de trabajo a declaraciones de los líderes de las cámaras empresariales en el sentido que no eran escuchados durante estos trabajos, varios representantes de éstas cámaras empresariales tomaron la voz y reconocieron que no era así y que les había dado la participación requerida.

Es fundamental que la lista de asistencia a las sesiones del grupo de trabajo y las actas firmadas se hagan públicas. De existir grabaciones de estas sesiones, que al parecer si las hay, deben hacerse públicas.

Como puede verse, ante el amparo de CONCAMIN, qué busca la suspensión definitiva de la publicación del nuevo etiquetado, el Poder Judicial ha tenido todas las posibilidades de revisar los documentos que confirman que el procedimiento que se siguió para establecer el nuevo etiquetados fue totalmente transparente y democrático.

En la nueva norma de etiquetado han coincidido los organismos de Naciones Unidas, las principales instituciones académicas del país (UNAM, IPN, UAM), los institutos de salud, las entidades gubernamentales (SS, COFEPRIS, SE, PROFECO) y las redes de organizaciones civiles trabajando en salud (Alianza por la salud Alimentaria, Contrapeso). De hecho, los representantes de la industria llegaron a acuerdos con todos estos sectores. Quienes no llegaron a acuerdo fueron los líderes de las cámaras empresariales.

Las decisiones que no se tomaron en el pasado y las que no se tomen hoy, significarán más enfermedad y muerte, en un país que desde hace 4 años declaró emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes, en el que cada hora mueren alrededor de 22 personas por el deterioro de nuestra alimentación.

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