Reforma en materia de residuos
Las modificaciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) están entrando en su etapa de discusión más álgida.
Se trata de un tema que genera mucho interés en diversos sectores de la sociedad y, por ende, muchas posturas alrededor del tema, ya que la problemática de los plásticos de un sólo uso llegó para quedarse en la opinión pública y es el objeto de debate de estas modificaciones a la ley.
Por un lado están los que les conviene la generación de residuos, quienes se benefician de que cada vez se produzca más y más residuos, de los que luego los ciudadanos deben hacerse cargo y que los municipios deben de gestionar. Ellos, con la promesa del reciclaje eterno, son quienes están bien con las cosas como están y solo reparan en que se necesita más educación de la población porque nosotros somos los culpables, no los materiales con los que trabajan.
Con su campaña dejan muy claro que “no es el plástico, eres tú”, que ellos son las víctimas de esta historia.
Sin embargo a este sector les preocupan las prohibiciones que han surgido en los diferentes estados, les preocupa porque no pueden uniformar su producción y para ello presionan con su arma más fuerte: la amenaza de pérdida de empleos y de frenos a la economía que tanto se teme en estos días. Su interés: el bien propio y de sus inversiones.
Por otro lado tenemos las demandas de la sociedad civil, esa que se ve afectada por la contaminación de plásticos en sus playas, en los peces que consume, que respira y come plástico sin que la autoridad pueda darle certezas sobre si esto es dañino o no para su salud. Aquella sociedad organizada que pide prohibiciones para lo que puede ser sustituido por materiales que alarguen su vida, evitando los desechables de cualquier material porque entiende que el cambio no es de material sino un cambio profundo en el modelo de producción y consumo. Su interés: el bien común y el cuidado del medio ambiente.
Muy probablemente en esta dicotomía arbitraria se entendería que a quienes deben atender nuestros legisladores es a las demandas de la sociedad civil. Pero se entiende que en un parlamento, que representa todos los sectores, ambas partes deben ser escuchadas. Sin embargo, como fruto del ejercicio de parlamento abierto realizado por el Senado entre febrero y mayo de este año, solo había una iniciativa presentada a modo de “conclusión”, una que reunía todas, absolutamente todas, las demandas de la industria y que fue presentada por el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) hace un par de semanas.
Contrario a lo que se plantea en este texto, la iniciativa de la ciudadanía civil organizada no había tenido cabida en una propuesta legislativa.
About Author
