Lo que el viejo régimen y su comparsa no le perdonan al GIEI
Es muy probable que los autores de la llamada “verdad histórica” con la que la que la Procuraduría General de la República (PGR) pretendió dar carpetazo a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa se hubieran salido con la suya de no ser por la intervención de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso.
Fue precisamente el GIEI el que exhibió, con evidencias, testimonios y peritajes, el cúmulo de irregularidades de la investigación que desarrolló la PGR de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón.
Los expertos del GIEI, que fueron convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), descubrieron que hubo líneas de investigación que los funcionarios de Enrique Peña Nieto se negaron a seguir, como la del “quinto autobús” que transportaba heroína con destino a Chicago, y la identidad del “señor de Huitzuco” mencionado por testigos de los hechos.
También demostraron, con un peritaje de José Torero, uno de los especialistas en incendios más reconocidos en el mundo, que era científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en el basurero de Cocula en las condiciones que narraron –luego se supo que bajo tortura— varios testigos a la PGR.
El peritaje de Torero fue avalado por científicos mexicanos.
En su segundo informe, presentado en abril de 2016, el GIEI reveló que el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, encabezó el 28 de octubre de 2014 una “visita pericial” al Río San Juan, aledaño al basurero de Cocula, que no fue registrada en el expediente del caso.
Curiosamente, al día siguiente de esa “visita”, a la que fue llevado Agustín García Reyes, el “Chereje”, uno de los presuntos implicados en el ataque a los normalistas, apareció en ese tramo del río San Juan una bolsa con los restos de quien sería identificado en la Universidad de Innsbruck como Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos.
En ese mismo informe, el GIEI denunció torturas a 17 de los detenidos, lo que dejó en claro que la investigación de la PGR estaba plagada no sólo de omisiones y obstrucciones, sino de ilegalidades y hasta delitos de lesa humanidad, como la tortura.
El GIEI demostró, con evidencias, que la “verdad histórica” es una versión judicialmente insostenible.
Y esto es algo que no perdonan los funcionarios del gobierno anterior ni la comparsa que se prestó para dar credibilidad a la verdad histórica y para participar en una campaña de desprestigio contra el GIEI, en especial contra las dos mujeres que lo integraban: las exfiscales Ángela María Buitrago, de Colombia, y Claudia Paz, de Guatemala.
Ambas abogadas fueron víctimas de una feroz campaña en la que abundaron las calumnias y las falsedades.
Buitrago, quien coadyuva en la nueva investigación del caso Ayotzinapa que desarrolla la Fiscalía General de la República (FGR), está convencida de que los autores de la “verdad histórica” deben ser investigados.
Desde Murillo Karam hasta Zerón y los diferentes titulares y agentes ministeriales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que llevaron las indagaciones del caso Ayotzinapa el sexenio anterior.
Y dijo que no tiene “ninguna duda” de que la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula “no pasó lo que dice la ‘verdad histórica’ que pasó y que, en cambio, hay evidencias que apuntan a que varios de los normalistas fueron llevados hacia Huitzuco y Mezcala.
“No hay un solo elemento que me permita concluir que en Cocula fueron quemados los estudiantes”, aseguró la exfiscal.
Hoy que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la voluntad política de esclarecer el caso Ayotzinapa y de retomar las recomendaciones del GIEI algunos defensores de la “verdad histórica” acuden de nuevo a la narrativa de las tergiversaciones y omisiones que usaron durante el sexenio de Peña Nieto
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