Los militares en la 4T
El desfile militar por el 209 aniversario de la Independencia vino a demostrar el pragmatismo político de los mandos militares mexicanos, sin que ello signifique un beneficio de las Fuerzas Armadas como instituciones.
Caído el régimen del PRI en el año 2000, una de las principales expectativas tenía que ver con la respuesta de los militares, toda vez que el régimen priista fue hechura castrense.
La cúpula castrense pronto entendió que con Vicente Fox como presidente podrían mantener el régimen de privilegios que se construyeron cuando ganaron la Revolución Mexicana.
Entendieron que el primer presidente de oposición ni entendía ni pretendía modernizar las relaciones cívico militares, de manera que dejó las cosas como estaban sin que se planteara siquiera el papel de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI bajo un régimen distinto al del partido hegemónico.
En esa lógica participaron en el despliegue que el presidente les ordenó en 2005 cuando la violencia ya se había desbordado en Tamaulipas. Pero no pasó de ser un acto de propaganda armada.
Huérfano de legitimidad, Felipe Calderón se abrazó a los militares y los embarcó en una guerra sin fin a cambio de que la élite militar conservara su carácter de estamento privilegiado, sin ningún control verdadero. Sus excesos en esa guerra estaban a salvo.
Lo que no pudo darles fue el marco legal para legitimar su participación en esa guerra que en ese sexenio se caracterizó por la repetida violación de los derechos humanos, tanto por parte del Ejército como de la Marina.
No obstante, le dieron gusto al presidente y por primera vez en décadas, permitieron la participación de fuerzas civiles en el desfile castrense. Fue así que en la parada militar se integraron elementos de la Policía Federal, que estaba al mando del protegido presidencial del momento, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Desgastados los militares por el excesivo carácter beligerante de su antecesor, el presidente Enrique Peña dejó de hablar de guerra, pero mantuvo el estado de cosas. Y aunque disminuyeron los operativos castrenses, se empeñó en darles la protección legal para justificar sus acciones de más de una década.
Aunque lo logró al final de su periodo, la Suprema Corte la desechó de plano por ser violatoria de la Constitución Política.
En ese sexenio, los miliares también se adaptaron a “la visión” presidencial del momento y en los desfiles del Día de la Independencia participó la Policía Federal con su División de Gendarmería, el remedo en que acabó la ambición presidencial de crear una Gendarmería Nacional porque fue boicoteada por los altos mandos de la Sedena y la Marina de entonces luego de que fracasaran en su intento de controlar el pretendido cuerpo armado.
Con el triunfo de López Obrador cobró sentido que la Corte desechara la Ley de Seguridad Interior porque el entonces presidente electo prometía revisar la participación de los militares en tareas de seguridad.
Un año después, lo que tenemos es todo lo contrario: una mayor presencia de los militares en la vida pública del país, más allá incluso de sus labores de seguridad y defensa.
El desfile militar de 2019 fue una ostentación de ello: controlan la Guardia Nacional -después de haber engullido a la Policía Federal-, controlan las pipas de distribución de combustible, estarán a cargo de la construcción del aeropuerto de López Obrador de Santa Lucía y todo lo demás que el presidente les pida.
A cambio, nada de controles democráticos; que ni el Congreso ni nadie los llame a la transparencia ni a la rendición de cuentas, ni a revisar su doctrina ni su organización. Mucho menos a responder por las violaciones a los derechos humanos o los actos de corrupción y abusos.
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