Sin electricidad
El gobierno de López Obrador, a través de una de sus peculiares consultas, respaldó la termoeléctrica de Huexca, Morelos, aun cuando no hay todavía fecha de operación. Esta termoeléctrica es importante porque el resto de la inversión en energía está detenida. La razón es que no hay certeza jurídica.
El presidente anunció el 9 de diciembre de 2018 que iba a lanzar un “rescate” del sector energético. Su plan, sin embargo, es reducir la producción en las nuevas plantas privadas, “ya que la producción con gas fue un negocio bien maquinado”. El objetivo es “ir hacia la autosuficiencia”, o sea, priorizar la producción de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, aunque sean viejas, ineficientes y contaminantes.
La apertura del mercado de electricidad en México fue bastante limitada. “La CFE -me explica un ejecutivo de la industria– mantuvo varios monopolios, entre ellos el de la transmisión y la energía doméstica así como el de las empresas pequeñas y medianas. Solo se abrió la electricidad al sector privado en grandes consumidores.” El monopolio es tan grande que los recursos que tiene la CFE no le alcanzan para cubrirlo. Los productores independientes de energía (PIE) solo pueden vender electricidad a los grandes consumidores, como mineras y siderúrgicas, o a la propia CFE, que obtiene así una mayor capacidad sin tener que hacer las inversiones que le restarían capital o incrementarían su ya elevado endeudamiento.
Las inversiones privadas han sumado unos 25 mil millones de dólares en los últimos años y han ayudado a mantener la generación que ha permitido el crecimiento del país. Han hecho posible también sustituir muchas de las plantas viejas, particularmente las de carbón o combustóleo. México cuenta ya, gracias a la inversión privada, con una amplia red de termoeléctricas de gas de ciclo combinado más limpias y eficientes.
En electricidad, sin embargo, las inversiones deben planearse con años de anticipación. Si bien las inversiones privadas permitieron crear un suficiente margen de reserva operativo, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) prevé una escasez de electricidad entre 2021 y 2022. Parece mucho, pero las plantas para cubrir la nueva demanda deben construirse ya.
La inversión privada se ha paralizado “porque no hay certeza jurídica ni de rumbo”. Los inversionistas privados no pueden someterse a un sistema en el que, una vez que realizan una inversión que cumple con la ley, quedan sometidos a consultas populares.
Una planta generadora de ciclo combinado puede costar entre 500 y 600 millones de dólares; las turbinas, que son la parte más cara, cuestan alrededor de 300 millones de dólares y deben ordenarse con años de antelación. Si no hay certeza de que las instalaciones contarán con gas o recibirán permiso de operar, nadie invertirá en ellas.
México necesita 7 mil millones de dólares anuales en nueva inversión simplemente para cubrir la demanda esperada. La CFE podría tratar de realizarla, pero esto representaría mayor deuda o un subsidio gubernamental que obligaría a mayores recortes en el gasto público.
Lo lógico es que la CFE invierta en mejorar su infraestructura en los campos en que sigue teniendo monopolio. Las inversiones privadas también se necesitan, pero no se harán mientras persista la actual incertidumbre jurídica. Si el capital no se invierte en México pronto, se irá a otros países. Y cuando se agote el margen de reserva, ya no habrá forma de generar suficiente electricidad para surtir la demanda.
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