Ley Bonilla, prueba para la Corte de Zaldívar ante la 4T
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su presidente, Arturo Zaldívar, tendrán antes de que acabe el año su verdadera prueba ante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y la división de Poderes.
La decisión del Congreso de Baja California de ampliar de dos a cinco años el periodo de del gobernador electo Jaime Bonilla, del oficialista Morena, será la piedra de toque para saber de que está hecho el grupo que actualmente controla a la Suprema Corte, con Zaldívar a la cabeza.
Llamó la atención que el ministro presidente eludiera el tema el 1 de agosto, cuando inauguró el segundo periodo judicial y dio a conocer la agenda del máximo tribunal para lo que queda del 2019.
Zaldívar evitó el tema a pesar de que, durante el periodo de receso, los dos ministros designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Yasmín Esquivel y Juan Luis González, desecharon dos controversias constitucionales interpuestas por los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali contra la llamada Ley Bonilla aprobada por los congresistas bajacalifornianos.
El argumento fue que el acto legislativo aún no estaba concluido, pues la ley no ha sido sancionada por el ejecutivo. El gobernador saliente, el panista Francisco Vega, anunció que publicará la ley “bajo protesta” sólo para allanar la procedencia de las controversias y acciones constitucionales en contra de la ampliación del mandato del morenista.
Aunque se esperan impugnaciones de otras legislaciones de interés para Morena como la llamada Ley Garrote, aprobada en Tabasco, por donde pasará el Tren Maya y se construirá la refinería Dos Bocas, la de Baja California pondrá a prueba el equilibrio de poderes en México bajo la llamada 4T.
La controversia no solo tiene que ver con la transgresión a la soberanía de los ciudadanos que votaron a un gobernador para dos años, sino con el freno que el Poder Judicial de la Federación, desde el máximo tribunal, puede poner a actos contrarios a la Constitución por parte del partido oficial y que implican directamente al ejercicio del poder por parte del Ejecutivo, en este caso estatal.
En 2017, la SCJN estableció un precedente que puede ser utilizado por quienes en el máximo tribunal le quieran dar la razón al partido en el poder.
En junio de ese año, avaló la ampliación del mandato a cuatro de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ese beneficio había sido aprobado en octubre de 2016 por una mayoría en el Senado del PRI y el PAN, y en diciembre siguiente por la Cámara de Diputados.
Los legisladores de Morena y del PRD perdieron entonces la votación, pero el caso llegó a la Corte por acciones de inconstitucionalidad promovidas por esos partidos. Ahí, por apenas un voto, el máximo tribunal le dio validez constitucional al aumento del periodo de los magistrados.
Entre quienes votaron en contra estuvo el ahora presidente de la Corte. El argumento de quienes pretendieron la anulación fue que el Congreso estaba violando la independencia del Poder Judicial.
Si Zaldívar mantiene su criterio, podría votar en congruencia ante una situación similar que ahora beneficia a Morena. Por ser colegiadas, las votaciones no dependen solo del presidente de la Corte, pero en este caso el ministro presidente dejará en claro, ante la opinión pública, su posición ante la 4T.
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