Nueva reforma
Mucha de la discusión sobre la reforma educativa constitucional que debe ser votada hoy en el Senado, si la CNTE lo permite, ha sido ideológica. Poco se conoce el detalle. El tema de las evaluaciones es, sin duda, el más importante. La reforma cancela las “evaluaciones punitivas y obligatorias” y elimina “cualquier liga” entre la evaluación y la permanencia en el empleo. Pero hay otros elementos que deben conocerse.
La nueva reforma subraya la protección de los derechos laborales de los maestros y les aplica el apartado B del artículo 123 de la Constitución. Esto significa que los ascensos se darán por “derecho de escalafón” y que los maestros solo podrán ser “suspendidos o cesados por causa justificada”. La calidad o falta de calidad de los maestros no podrá llevar ni a despidos ni a ascensos. Veremos una inevitable burocratización del servicio magisterial.
Se elimina el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual será reemplazado por un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que no tendrá autonomía, pero sí un “consejo técnico” integrado por maestros y especialistas. Se cancela también el actual Servicio Profesional Docente. La promoción de los maestros estará asociada con sus conocimientos, aptitudes y experiencia y no con exámenes estandarizados; pero no se señala cómo se medirán estos elementos.
La educación superior pasará a ser obligatoria. No lo es en ningún país del mundo. Ni siquiera las naciones más ricas alcanzan coberturas de 100 por ciento en la universidad. No parece la mejor decisión para una sociedad que necesita una población con habilidades diversas para construir una mayor prosperidad. Viola, además, el principio liberal que permite al individuo escoger su educación o su profesión. No todos quieren o pueden ser licenciados o ingenieros.
Los especialistas señalan que es mucho más importante fortalecer la educación preescolar que desperdiciar recursos en una instrucción superior que, en caso de volverse universal, generaría un creciente ejército de desempleados y subempleados con título. La reforma propone también alcanzar una “tasa cero de rechazo” en las instituciones de educación superior. Es lógico si la universidad va a ser obligatoria, pero el resultado inevitable será reducir la calidad.
Otro aspecto debatible de la nueva reforma es que busca crear una educación distinta para las diferentes regiones del país. El texto señala que la instrucción debe ser “pertinente”, lo cual es inobjetable, pero añade que debe tener contenidos y políticas definidos por regiones. Esto abre las puertas a una educación de menor calidad para los estudiantes de las regiones más atrasadas. La medida, lejos de ser progresista, condenaría a los niños de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero a una instrucción inferior. El resultado sería profundizar las ya enormes desigualdades del país.
Como ocurrió con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, muchas de las reglas prácticas de la contrarreforma se definirán en las leyes secundarias. Por lo pronto, sin embargo, tendremos disposiciones constitucionales que eliminan la posibilidad de usar evaluaciones para filtrar a los maestros de mejor calidad, que vuelven obligatoria la educación superior y que burocratizan la carrera magisterial. Me parece un retroceso y no un paso hacia adelante.
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